Ni revalorizaciones parciales o por tramos, ni aplicación de un IPC camuflado y sin contar el impacto del IVA. El Gobierno está decidido a cumplir estrictamente la ley en materia de revalorización de las pensiones para el año 2012, que se actualizarán conforme a la tasa real de inflación de noviembre, mes que se toma como referencia para la revisión de estas prestaciones.
Ésta es, a día de hoy, la intención del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy y así lo han confirmado a elEconomista en medios gubernamentales, que insisten en que "se va a cumplir la Ley y no hay ninguna duda a este respecto". Aunque no será hasta que se conozca el IPC definitivo de este mes, como es pertinente, cuando se sepa el importe de la revalorización.
Destacan las citada fuentes que la ley que regula la actualización de las pensiones "sigue vigente, no se ha modificado y está para cumplirla", al tiempo que recuerdan la complejidad de modificar la normativa, motivo por el cual el anterior Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero optó por congelar las pensiones en 2011 antes que tocar el sistema de actualización.
El cumplimiento de la ley supondrá un coste adicional de más de 5.000 millones de euros a las arcas del Estado. De esta cantidad, unos 2.500 millones se derivan de aplicar los algo más de 100 millones de euros que cuesta al Estado compensar cada décima de desviación del IPC previsto a los 2,5 puntos que, los analistas y algunos departamentos del Gobierno, manejan ya de aumento sobre el objetivo oficial de 1 por ciento de inflación en 2012.
Este importe se pagaría mediante una paga extra antes de finalizar el año y a él habría que añadir otros 2.500 millones más a pagar durante 2013 por la consolidación en nómina de la subida.
Mantener el consumo
La tasa de inflación alcanzó en septiembre una tasa del 3,4 por ciento interanual, la más elevada desde mayo de 2011, como consecuencia del impacto de la subida del IVA. Y, suponiendo que los precios de los carburantes se mantuvieran estables, los cálculos que manejan la patronal CEOE y algunos servicios de estudios como Funcas elevan la inflación de noviembre al 3,5 por ciento, con una desviación de 2,5 puntos con respecto al 1 por ciento que establecían los Presupuestos del Estado para el año en curso.
Junto al cumplimiento de la legalidad, las fuentes gubernamentales comentan que el propio Mariano Rajoy está firmemente decidido a cumplir sus compromisos con los pensionistas, consciente de que las altas tasas de desempleo hace que hoy sean muchos los hogares españoles cuya única fuente de ingresos es la paga de los pensionistas. Además, recuerdan, que son precisamente los pensionistas quienes están impidiendo un mayor desplome del consumo.
Desde el Ejecutivo se considera "interesado e improcedente" el debate que desde los grupos de oposición y las centrales sindicales se ha suscitado con respecto a las pensiones y remiten al compromiso asumido por Rajoy el pasado miércoles en el Congreso, durante la sesión de control, cuando a preguntas de un diputado de Izquierda Plural aseguró que "cumplirá la Ley en materia de pensiones".
Apuntan, además, que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmaba el martes en Valladolid que cuando se conozca el dato de IPC de noviembre se adoptarán "las medidas legales y presupuestarias adecuadas de acuerdo a la legislación vigente".
También la patronal CEOE ha terciado en el debate y, en palabras de su secretario general, José María Lacasa, considera que cumplir la ley de revalorización de las pensiones está por encima del cumplimiento de otros compromisos, como la reducción del déficit.
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