Jueces y fiscales de todas las asociaciones profesionales, conservadores y progresistas, están hartos de la situación que ha creado la normativa que regula los desahucios por impago de las hipotecas y han comenzado a denunciar públicamente las malas prácticas que desarrollan las entidades bancarias y que fuerzan sus actuaciones en un auténtico drama en el que se ven obligados a intervenir, según informa la revista jurídica de elEconomista, Iuris & Lex.
Estas manifestaciones llegan cuando los desahucios realizados por los tribunales desde el inicio de la crisis en 2007 ascienden a 400.000 y tras batirse el récord de operaciones de desalojos en el mes de junio, con un total de 18.668, según datos facilitados por la Asociación Hipotecaria Española.
Concentraciones de afectados
La situación ha llevado estos días a que los afectados por el impago de las hipotecas se concentren ante las entidades financieras, solicitando soluciones excepcionales ante la difícil situación generada por la crisis económica.
Otros lo hacen solicitando firmas para presentar iniciativas populares, como la Plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, que registraba el pasado miércoles en la oficina del censo electoral de San Sebastián las 20.427 firmas reunidas para paralizar los desahucios y lograr la aceptación por las entidades financieras de las operaciones de dación en pago y el alquiler social.
La gravedad de la situación ha llevado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reconocer en el Congreso, ante las preguntas de los grupos de la oposición, que está dispuesto a adoptar más medidas para ofrecer una solución alternativa a los desahucios por impago de los créditos hipotecarios.
En su réplica lamentó los "hechos verdaderamente dramáticos que han ocurrido en las últimas semanas", en especial el suicidio del comerciante granadino agobiado por no poder afrontar los pagos y evitar la expulsión de su vivienda.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, al responder preguntas de los periodistas sobre la dación en pago, afirmó que "en los desahucios se debe cumplir la ley aunque suponga un drama para los afectados y si no nos gusta, modificarla".
También, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, afirmaba en rueda de prensa esta pasada semana, que las previsiones del PSOE, indican que al drama que viven las 400.000 familias desahuciadas, podrían añadirse en los próximos meses otras 250.000, al tiempo que reconocía que cometieron un error al no aprovechar el Gobierno de Zapatero para modificar la legislación, "lo que habría podido evitar el drama a muchas personas que se quedan sin casa. Nos equivocamos"
El PSOE presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con ideas para evitar el sobreendeudamiento de las familias y las ejecuciones hipotecarias.
Oficinas recaudatorias
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria del colectivo, ha denunciado públicamente que los bancos y las aseguradoras están realizando movimientos especulativos con las hipotecas, ya que paralizan en ocasiones las ejecuciones hipotecarias a la espera de conseguir un mejor precio para los inmuebles que existen ahora en una bolsa de embargo y ejecuciones.
Esta semana, la portavoz de la asociación conservadora de jueces, María Teresa Sáez, ha explicado que la legislación actual convierte a los juzgados en "oficinas recaudatorias de una entidad bancaria", al empujar a los magistrados a perseguir al ciudadano insolvente hasta que abone "definitivamente" la deuda pendiente con el banco.
Los afiliados a Jueces para la Democracia han revelado que el problema que plantean muchas de las ejecuciones hipotecarias es que muchos de los contratos son muy discutibles e incluyen cláusulas abusivas, que son nulas.
Su portavoz, Joaquim Boch, ha señalado que magistrados y fiscales entienden que los asuntos que presentan los bancos en los juzgados -no sólo las ejecuciones hipotecarias- son especialmente complejos, por este tipo de irregularidades y "en un contexto de grave sobrecarga en los tribunales, eso significa que los asuntos de los ciudadanos particulares quedan en un segundo plano, por lo que es conveniente establecer un orden de prioridades".
De esta forma, proponen la creación de un turno especial para estos asuntos, pero avisan de que hasta que eso no sea posible, los relegarán si no se les facilitan recursos para hacerles frente.
Más lejos han ido los magistrados que presentaron esta pasada semana al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe en el que proponían una reforma radical del sistema de desahucios y que las ayudas que reciben las entidades financieras se extiendan a los ciudadanos. Este organismo ha declinado estudiarlo.
Los magistrados, coordinados por el vocal del CGPJ Manuel Almenar, son Ángel Galgo Peco, Enrique García García y Pablo Quecedo Aracil (AP de Madrid), Pilar López Asensio (JPI 6 de Madrid), María del Mar Hernández Rodríguez (JPI 1 de Santander) y Pedro Luis Viguer Soler (juez-decano de Valencia).
Una reforma radical
Tras hacer suyos los argumentos de las sentencias favorables a la dación en pago, proponen un profundo cambio de las principales normativas procedimentales civiles y penales, así como del Código Penal. Piden así mismo, que se determine el concepto de deudor hipotecario de buena fe, como sujeto de aplicación de medidas excepcionales en la materia, beneficiando con ellas a las ejecuciones hipotecarias en vivienda habitual o locales.
Consideran precisa la modificación de la ejecución hipotecaria para que "deje de ser un privilegio procesal de los bancos, reconduciéndolo a las normas generales de la ejecución ordinaria, aumentando así los motivos de oposición a la ejecución (pago, nulidad o prescripción), explica Iuris & Lex.
Solicitan el establecimiento de un régimen especial en el caso de ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales o locales de negocio, en el sentido postulado por la Oficina del Defensor del Pueblo, en apoyo de aplicar la dación en pago. Además, se muestran partidarios de elevar el umbral de exclusión para flexibilizar los requisitos estrictos que establece el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno, así como regular de forma obligada en determinadas circunstancias de la dación en pago.
Sobre los intereses moratorios, piden que se prohiba que superen 2,5 veces al interés legal del dinero en caso de descubierto. Apuestan por la mediación judicial y proponen limitaciones a la justicia gratuita y a la actuación del procurador en vistas y juicios o la supresión de la intervención preceptiva de abogado y procurador en los juicios de desahucios para agilizarlos y abaratar costes.
¿Dación en pago?
Las sentencias favorables a la dación en pago, minoritarias hasta ahora en la jurisprudencia española, basan sus argumentos en que no hay actuación abusiva en la subasta judicial, regulada por el artículo 671.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero si se tiene en cuenta el contexto de crisis económica excepcional que rodea estos casos, la postura del ejecutante se convierte en abusiva y puede dar lugar a un enriquecimiento injusto de aquél.
Tras repasar las numerosas normas que los Gobiernos han ido introduciendo sucesivamente en el sistema para ayudar a los mercados y superar la crisis económica, llegan estos magistrados y jueces a la conclusión de que la aplicación automática de la regulación de la ejecución hipotecaria, desconociendo la situación actual de crisis económica excepcional conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como es la entidad financiera, en la causación de dicha situación.
Basan esta acusación en que han valorado el bien objeto de garantía de manera irreal, y le permitiría a la entidad adquirir el citado bien por un precio irrisorio y continuar adelante con la ejecución contra los bienes personales del deudor exigiendo una cantidad dineraria que rozaría incluso el importe del préstamo concedido.
De permitir esto -consideran estos jueces- se estaría amparando una operación, si bien más sofisticada y perjudicial para el sistema económico global como se ha demostrado, que no difiere mucho de la usura, proscrita por la Ley Azcárate de 23 de julio de 1908.
Otras medidas del Gobierno
Mientras tanto, el Gobierno mantiene en vigor el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que para las entidades es voluntario y para los usuarios muy selectivo, por el bajo nivel de ingresos familiares en que se ha situado el umbral de exclusión que permite acogerse a sus beneficios.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que en los próximos días facilitará los datos logrados a través de este mecanismo, que permite la reducción de las cantidades adeudadas en un 25 por ciento y en los casos más extremos, la dación en pago.
Por otra parte, el Ejecutivo prepara un nuevo sistema de subasta de inmuebles extrajudicial, puesto que el actual permite que las entidades bancarias puedan quedarse con las segundas viviendas, locales de negocio y terrenos por una cantidad irrisoria, ya que en los casos en que no haya postores, la tercera subasta se hace sin marcar un porcentaje mínimo sobre el valor de tasación del inmueble, lo que en teoría podría llevar a adquisiciones por un sólo euro, destaca la revista jurídica Iuris & Lex.
El problema para la banca es que en muchas ocasiones la adquisición de viviendas en las subastas judiciales conlleva gastos, que disminuyen los beneficios bancarios.
Cuando en un contrato de préstamo hipotecario se incluya la subasta notarial, el titular de la hipoteca y la entidad financiera deberán pactar y hacer constar el porcentaje mínimo sobre el valor que se admitirá la tercera subasta por falta de compradores. Si el tipo de la subasta no estuviese contractualmente establecido, será fijado por perito oficial.
Siete jueces contra los desahucios
