Economía

La propuesta de España para la unión fiscal: euroletras en una primera fase

  • El Gobierno garantiza que cumplirá el déficit y que lo exigirá a las CCAA
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

España ha propuesto que los países de la UE puedan emitir deuda común a corto plazo, en concreto euroletras a dos años, desde la primera fase de la futura Unión Fiscal, aunque después se ampliará a deuda a medio y largo plazo.

El Gobierno español ha hecho publica hoy su propuesta para implementar una Unión Bancaria en el seno de la UE, y también para poner en marcha de manera progresiva una Unión Fiscal, proyectos en los que está trabajando tanto el Consejo Europeo como la Comisión Europea. Consulte aquí el documento Las reformas del Gobierno de España (.pdf).

De hecho, fue en la cumbre del pasado 29 de junio cuando los líderes de los países del euro acordaron profundizar en su integración económica con una unión bancaria y fiscal, para lograr que el euro sea un proyecto irreversible.

España ha dado a conocer hoy una versión simplificada de su propuesta, con la que pretende que se superen los "fallos" que existen "en la arquitectura institucional de la Zona Euro, avanzando en la construcción de una auténtica Unión Económica y Monetaria".

Para ello, el Ejecutivo español cree que se debe elaborar una hoja de ruta pormenorizada y acotada en el tiempo para lograr una Unión Bancaria "a corto plazo", y una Unión Fiscal, en el medio plazo.

Los tres pilares de la Unión Bancaria

La unión bancaria descansaría en tres pilares, con la creación de una autoridad de supervisión común, con la creación de un fondo de garantía de depósitos de dimensión europea, y con el establecimiento de una autoridad con capacidad para reestructurar y liquidar los bancos con problemas.

En opinión de España, la autoridad de supervisión estaría formada por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales nacionales.

Por su parte, para la consecución de la Unión Fiscal propone tres etapas progresivas, a la que se irán sumando los países en función de sus logros, en un proceso similar al que comenzó con el tratado de Maastricht en 1992.

En la primera etapa, los países deberían tomar medidas en materia fiscal y económica, así como adoptar reformas estructurales. En esta primera fase se podrían emitir euroletras a dos años, con la garantía limitada a un porcentaje, según propone España.

En la segunda fase se establecería una autoridad presupuestaria europea con capacidad para supervisar la ejecución de los presupuestos nacionales, y para recomendar objetivos, orientar la política fiscal y coordinar la emisión de deuda.

En esta etapa se podría emitir deuda europea a más medio y largo plazo para "cubrir parcialmente" las necesidades de financiación de los países miembros de manera "mancomunada", aunque seria emitida por los Tesoros nacionales.

A la tercera etapa accederían sólo los países que hubieran cumplido con sus obligaciones en materia fiscal y económica, y que hubieran logrado una convergencia en sus diferenciales de deuda soberana.

Esta fase implicaría el tramo final de la unión, de manera que los objetivos de política fiscal se decidirían de forma conjunta en la zona euro, y la ejecución del presupuesto y las emisiones de deuda se encomendarían a la "Autoridad Presupuestaria Europea".

En este sentido, "la deuda emitida por la Autoridad Presupuestaria Europea estaría garantizada de forma solidaria, y los Estados Miembros agruparían recursos para garantizar el pago.

Según la propuesta española, sería al finalizar esta tercera fase cuando se lograría la Unión Fiscal "plena".

España propone que se establezca lo antes posible un "calendario ambicioso" para iniciar estos proyectos, de manera que la Unión Bancaria quede aprobada antes de final de año. La unión fiscal, dado que sería un proceso más largo, "debería ser iniciado lo antes posible", afirma el texto.

Garantiza que cumplirá el déficit

En el documento titulado Las reformas del Gobierno de España. Determinación frente a la crisis el Ejecutivo español se muestra convencido de que con su política de austeridad, la subida impositiva y las reformas se cumplirá este año el objetivo de déficit comprometido con Bruselas (6,3% del PIB) y garantiza que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan también sus planes para rebajarlo.

En el informe, el Gobierno subraya que el saneamiento de las cuentas públicas se ha convertido en un objetivo prioritario de su política económica e insiste en que su estabilidad parlamentaria supone una "garantía adicional" para adoptar las medidas necesarias frente a la crisis.

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky