El Gobierno aprueba medidas liberalizadoras y prepara 20 leyes reformistas hasta final de año.
La subida del IVA -esa a la que parte del Gobierno negaba su virtualidad recaudatoria y que anunció el presidente el miércoles en el Congreso- se concreta en un alza de nada menos que 13 puntos en muchos productos, desde el 8 hasta el 21 por ciento. El fuerte aumento tributario de esta figura entrará en vigor el 1 de septiembre. Así pues, será antes de 2013, como adelantó elEconomista, tras emplazarlo al año que viene el ministro de Economía.
A partir de una subida anunciada de tres puntos en el tipo general -del 18 al 21 por ciento- y de dos en el tipo reducido -del 8 al 18 por ciento-, el Ejecutivo ha imprimido realmente un alza de trece puntos a muchos productos y servicios -del 8 al 21 por ciento- al redefinir los que tributan al general y al reducido. Con todo, sólo se quedan en la banda baja el transporte, la hostelería y la cesta de la compra. Y el superreducido de vivienda tocará a su fin el 31 de diciembre de este año y pasará del 4 al 10 por ciento.
Mientras, ciertos productos sanitarios y de óptica, la construcción de vivienda, los servicios de limpieza, los de peluquería o estética, las entradas de cine, teatro, conciertos, exposiciones, circo o discotecas... en resumen, el ocio, la estética y la cultura sufren una fuerte alza al pasar al tipo general del 21 por ciento de golpe.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, justificó la fecha de entrada en vigor del 1 de septiembre -en el sentido de por qué no antes, no el de por qué más tarde- apelando a la necesidad de adaptación a la operatividad técnica que requiere implantar el alza. "No podemos esperar más", dijo Montoro.
Pero el del IVA no fue el único cambio aprobado ayer por el Gobierno. Respecto de la paga de Navidad que se suprime a los funcionarios, se explicitó que se les devolverá en 2015, aportando a sus planes de pensiones. Además se sentaron las bases para la aproximación del régimen laboral del sector público al del sector privado.
En el impuesto de sociedades se eleva el pago fraccionado para grandes empresas y se amplía la limitación de deducción por gastos financieros. Y Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2013. Se actualiza el impuesto sobre las labores del tabaco y se incide sobre la imposición medioambiental.
'Moscosos' 3- 'Canosos' 0
En concreto se reducen a sólo tres los días de libre disposición al año de la plantilla pública. Los seis moscosos se quedan en la mitad, y además desaparecen los canosos, que son los días de libre disposición adicionales que los funcionarios adquirían por antigüedad.
Además, el Gobierno prosigue con su reforma de las Administraciones Locales, de forma que acometan las competencias que puedan pagar bajo el lema una Administración, una competencia. Además, las diputaciones se convertirán en una suerte de gestora que asumirá las funciones de los municipios menores de 20.000 habitantes que no vayan cumpliendo. Al someterse a un plan de ajuste, la Diputación Provincial pasará a desarrollar sus funciones.
El ajuste que anunció el presidente del Gobierno el pasado miércoles, de 65.000 millones de euros en dos años y medio, y que el Consejo de Ministros comenzó a concretar ayer, revertirá en beneficios para la economía española, pese al efecto contractivo inmediato, según el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
El nuevo fondo de ayuda a las comunidades autónomas en aprietos contará con una dotación máxima de 18.000 millones de euros. De Guindos indicó que la gestión de los préstamos corresponderá a su departamento y al Instituto de Crédito Oficial. La vigencia de este línea estará disponible mientras persistan las dificultades. Lo financiará el Tesoro -sin alterar su calendario de emisiones, puntualizó De Guindos-, si bien 6.000 millones serán aportados por Loterías y Apuestas del Estado.
El ministro incidió en que esta cifra de 18.000 millones es un tope, porque dependerá de qué comunidades accedan finalmente a este fondo, adhesión que será voluntaria y que conllevará condicionalidades presupuestarias, fiscales y financieras. De Guindos dejó claro que la decisión no es sólo una cuestión de coste para las comunidades autónomas, sino de dificultad para financiarse en los mercados.
El ministro advirtió de que las comunidades tendrán que cumplir con sus respectivos planes de ajuste; de lo contrario podría producirse incluso la intervención.
Tensión en los mercados
Sobre las tensiones en los mercados, que afectan de lleno a la prima de riesgo española, De Guindos no prevé que se suavicen en tanto Europa no avance en la unión bancaria, fiscal y política. Trató de este modo de transmitir que los ojos del mercado no sólo miran a los ajustes de España. Al respecto de la intervención de Rajoy el miércoles en el Congreso, donde anunció esta última vuelta de tuerca de medidas, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, salió al paso defendiendo que son medidas que ha debido tomar pese a ser dolorosas. A su juicio, Rajoy hizo lo que debe hacer un presidente del Gobierno. Sin disfrazar ni disimular la crudeza de las decisiones y la coyuntura en la que se han producido.
Además, el Gabinete liberó un acuerdo de no disponibilidad de créditos de los Ministerios de 600 millones para este año, lo que conllevará un recorte de gasto de 156,88 millones en Fomento y de 94,54 en la cartera de Economía y Competitividad, citados por ser los dos Departamentos más afectados aunque no los únicos.
También ha reducido el Gobierno la ayuda al alquiler, denominada Renta Básica de Emancipación, hasta 147 euros al mes.
Plan de reformas semestral
El Consejo de Ministros aprobó también un plan de reformas que incluye 20 nuevas leyes que se pondrán en marcha en el segundo semestre. El objetivo de estas reformas, algunas de las cuales se aprobarán este mismo mes, es mejorar la Administración, ganar competitividad y mejorar la situación de la economía española para poder crecer en el futuro, alegó el Gobierno.
Las medidas incluyen una veintena de leyes en los ámbitos de las Administraciones Públicas, en materia tributaria, de empleo y Seguridad Social, de liberalización de la economía, de la unidad de mercado, energético, de competitividad y de educación.
En concreto, Sáenz de Santamaría detalló que, en cuanto a las administraciones, se aprobará una ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y una ley de transparencia. Y en septiembre se promoverá una ley de acción exterior para potenciar España en otros países.
En materia tributaria, el Gobierno prevé sacar adelante una Ley de Mutuas y, en el marco del Pacto de Toledo, una ley para garantizar el factor de sostenibilidad de las pensiones, como avanzó el miércoles Rajoy en el Congreso, recogiendo una vez más las recomendaciones de Bruselas.
Por lo que respecta la unidad de mercado, se contempla una ley para septiembre, y una norma para unificar los organismos supervisores en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la Ley de Costas (aprobada como anteproyecto) y una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además, para impulsar la competitividad, se impulsará una reforma energética con el fin de atajar el problema del déficit tarifario, y en el próximo período de sesiones llegarán al Parlamento una reforma de la educación y de la Formación Profesional.
El Gobierno prosigue también en el refuerzo del control antifraude, con el ámbito laboral más presente, y prepara un Código Penal en materia económica.
El IVA subirá el próximo 1 de septiembre
