La Seguridad Social acumula un desfase de 2.500 millones en los últimos doce meses naturales, según expertos consultados por elEconomista, algo que anticipa un cierre de ejercicio en rojo, que junto con los eventuales desvíos que puedan sobrevenir en las cuentas de las comunidades autónomas, complicará el cumplimiento de la meta de déficit marcada por Bruselas a España, del 5,3% del PIB para fin de año.
Este panorama supone la puntilla para la siguiente ronda de ajustes del Gobierno, esas medidas "duras y difíciles" que anunció el presidente, Mariano Rajoy, cercado también por las condicionalidades más o menos explícitas que supone el rescate a la banca española liberado por el Eurogrupo en forma de línea de crédito. Con este horizonte y los amenazantes números rojos, los argumentos para el nuevo macroajuste están servidos.
Las cuentas de la Seguridad Social llevan saldo positivo hasta mayo, cifrado en 7.906,97 millones de euros, motivado por las transferencias inyectadas por el Estado, que tratan de aplacar un desvío prematuro, habida cuenta de que el Sistema cerró en rojo a diciembre de 2011.
Pese a lucir en positivo en el quinto mes del año, lo cierto es que, echando la vista doce meses atrás, y aislando del cálculo los adelantos del Estado, la Seguridad Social registra un déficit de 2.500 millones de euros. Algo que hace pensar en un agujero que podría rondar los 6.000 millones a cierre de este año, complicando la reconducción de las cuentas públicas a cierre de ejercicio.
De hecho, expertos consultados por elEconomista calculan que el desvío de la Seguridad Social este año oscilará entre el 0,6 y el 1% del PIB.
Caída de las cotizaciones
Los ingresos no ayudan a aplacar la situación, al contrario. Se encuentran en un momento de especial debilidad, afirman los expertos, que presagian -más bien dan por seguras- tensiones de liquidez hasta final de año, algo coherente con el esfuerzo del Estado en haber adelantado transferencias al Sistema para contener los números rojos en el primer tramo del año.
De hecho, del total de ingresos no financieros a mayo, que cayeron un 1,48% en términos homogéneos, el 83% correspondió a las cotizaciones, cuya recaudación sumó 42.952,43 millones de euros, lo que implica una reducción de 1,91 puntos respecto al año anterior. Este descenso está conformado por una caída del 2,48% en la cotización de ocupados, mientras que la cotización de desempleados registró una subida del 3,24%.
En conjunto, el saldo positivo de 7.906,97 millones que arrojaron las cuentas del Sistema en mayo se corresponde con una diferencia entre derechos reconocidos por operaciones no financieras de 51.930,97 millones de euros (+1,95%), y unas obligaciones reconocidas de 44.024 millones de euros, que crecen un 3,3% en relación al mismo periodo de 2011.
Con la caída de los ingresos en términos homogéneos, el resultado prespuestario se situaría en 6.160,36 millones de euros a mayo de 2012, cifra un 25,97% inferior a la registrada en 2011. Todo ello, teniendo en cuenta que los gastos pendientes de imputación presupuestaria a cierre de mayo suponen unos 1.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Factor de sostenibilidad
Los expertos advierten que hay medidas que la euroestructura solicita a España que pueden ayudar a enjugar y paliar el avance de estos números rojos. No sólo la aceleración del retraso de la edad de jubilación, sino también el adelanto de la introducción del factor de sostenibilidad, de modo que un mecanismo corrector permita ajustar la nómina de las pensiones a la coyuntura, ante el deterioro de ésta. De este modo se sientan las condiciones para una revisión automática de las pensiones antes de lo previsto, con criterios de proporcionalidad.
Esta recomendación de la Comisión Europea no ha sido de las más mediáticas, pero su virtualidad no es menor. "Para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Gobierno debe garantizar suficientes superávits primarios a medio plazo, acelerar el incremento gradual previsto en la edad de jubilación y llevar a cabo una actualización anticipada del factor de sostenibilidad previsto en el sistema de pensiones reformado" para ajustarlo a los cambios en la esperanza de vida, solicita Bruselas.
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