El Ministerio de Industria va perfilando la reforma energética, que previsiblemente saldrá a la luz a mediados del próximo mes, y una de las cuestiones que está encima de la mesa es avanzar en la liberalización del mercado eléctrico y, para ello, estudia obligar a 5 millones de clientes eléctricos a salir de la Tarifa regulada de Último Recurso (TUR).
Fuentes del sector explicaron a elEconomista que el equipo del ministro de José Manuel Soria estudia bajar la potencia con la que los consumidores tienen derecho a acogerse a la tarifa protegida por el Gobierno y que actualmente se sitúa en los 10 kilovatios.
En concreto, el Ministerio plantea que sólo sean los contratos de hasta 5 kilovatios los que puedan tener derecho a la tarifa protegida, que el Gobierno ha vigilado tradicionalmente para que no subiera en exceso por su fuerte impacto en el IPC y porque se trata de un coste con un gran componente social y de competitividad.
Guiño a las eléctricas
Si finalmente el Gobierno adopta esta medida, significará un vuelco en el sistema eléctrico actual, ya que supondría la liberalización de un 25,2% del mercado actual.
Se trata también de un guiño a las eléctricas, que durante años han pedido que se avance en la liberalización de las tarifas con el objetivo de reducir la dependencia política la fijación de los precios. Precisamente, este control político del sector eléctrico ha provocado tarifas irreales que no recogen los costes reales de la generación. En consecuencia se ha provocado un déficit en el sector que ya asciende a 30.000 millones y que el Gobierno trabaja ahora en corregir.
El anterior Ejecutivo avanzó en la liberalización del mercado con el fin de las tarifas para contratos de más de 10 kilovatios, con lo que la mediana empresa y gran industria han tenido que acudir al mercado libre en busca de ofertas por parte de las comercializadoras.
Al bajar la potencia protegida a los 5 kilovatios, serán ahora sobre todo micro empresas y algunos consumidores domésticos quienes queden al amparo de las eléctrica y de sus tarifas actuales. Si finalmente se produce este cambio, sólo el 43% del mercado estará regulado frente al 68,24% actual.
Las eléctricas hacen ofertas competitivas para captar nuevos clientes, aunque la propia Comisión Nacional de la Energía ha lamentado que las ofertas de luz en el mercado libre apenas ahorran 15 euros al año con respecto a la Tarifa de Último Recurso.
No obstante, hay que tener en cuenta que el Gobierno se ha propuesto que en 2013 no exista déficit de tarifa para lo que tiene que afrontar un incremento de los ingresos (a través de subidas del recibo), así como una reducción de los costes (a través de los recortes a las eléctricas).
De hecho, la tarifa subió un 7% el pasado mes de abril y se prevén más incrementos a lo largo del año. Así, una de las claves de la reforma será la próxima revisión de la luz que se decidirá a finales de junio, aunque el Ministerio de Industria prevé que la estabilización de los precios de la energía dirima cualquier eventual incremento.
En este sentido, la organización de consumidores Facua asegura que con el último incremento de la luz, el usuario medio paga 30,58 euros mensuales más que en el 2007, lo que supone un aumento del 60% del recibo en los últimos cinco años. De ahí que la brecha sea cada vez menor entre la tarifa protegida y el mercado libre.
Las compañías aplauden el avance hacia un mercado con menos usuarios en tarifa, en línea con la directiva europea de liberalización de los mercados energéticos. Pero por contra, también son conscientes de la inminente reforma con nuevos recortes que les pueden volver a golpear, al igual que ya ocurrió con el hachazo a la retribución de la distribución por 688 millones de euros aprobado el pasado mes de marzo.
El sector reclama que las medidas que están por llegar no sean discriminatorias. En esta dirección trabaja el Ministerio, que ya ha lanzado mensajes sobre una posible fiscalidad a la generación eléctrica, que en tal caso será homogénea y para todas las tecnologías.
Soria también ha dejado clara su postura sobre activos que ya están amortizados y dentro de este segmento ha incluído a la energía nuclear, por lo que no se descarta una reforma del mercado mayorista eléctrico (pool) donde se pudiera excluir a esta tecnología e incluso a la hidráulica.
Los pagos por capacidad
Uno de los rumores que circulan en el sector y también uno de los grandes temores de las eléctricas se centra en que se eliminen los pagos por capacidad que reciben, principalmente, los ciclos combinados por estar disponibles en momentos donde las renovables no responden. El aumento de las tecnologías verdes han desplazado del mercado a los ciclos, que están funcionando la mitad de horas. Por ello, las eléctricas piden una compensación si el operador del sistema les obliga a permanecer en actividad.
Portugal se ha decantado por eliminar esta compensación durante un año en el marco de medidas de ajuste solicitadas por la Comisión Europea tras el rescate del país. De ahí que en el sector se especule con que también se pueda adoptar esta medida en el mercado español.
Otra de las grandes incógnitas es si el Gobierno se va a atrever a tocar las renovables que se encuentran en el preregistro y que por tanto tienen derecho a prima. Soria sorprendió recientemente al afirmar que si se pusieran en marcha todas las tecnologías incluidas en este mecanismo el país tendría que soportar 70.000 millones en primas, dejando así la puerta abierta a una posible moratoria de algunas tecnologías como la termosolar.
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