El Gobierno se ha juramentado para cumplir, cueste lo que cueste, con el objetivo de déficit del 5,3% del PIB que le ha marcado para este año la Comisión Europea, aunque para ello se vea obligado a aplicar un recorte sin precedentes en los gastos de la Administración. Rajoy necesita toda la suerte del mundo, según el WSJ.
El primer paso ya está dado con los Presupuestos Generales del Estado de 2012 presentados el pasado viernes, que hoy comienzan su andadura en el Congreso y que incluyen un ajuste de 27.300 millones de euros. Y ahora le toca el turno a las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales están obligados a meter la tijera por un importe inicial superior a los 15.000 millones de euros, aunque esta cantidad será mayor, con toda seguridad, pues no incluye la previsible caída de ingresos provocada por la recesión y las menores transferencias del Ejecutivo central.
Sea cual sea la suma final, será demasiado dinero como para que la prueba se supere con simples recortes coyunturales. Así que el Gobierno ya ha empezado a dar los pasos necesarios para que las autonomías "toquen" -y de forma considerable- sus dos grandes partidas de gasto: sanidad y educación. Dos capítulos que, en conjunto, superan cada año de largo los 100.000 millones de euros, constituyendo más del 75% del gasto total de las regiones españolas.
Los catálogos
La intención del Gobierno es consensuar con las comunidades, a través de los respectivos Ministerios, sendos "catálogos" con los servicios mínimos sanitarios y educativos que deben prestar todas las regiones, de manera que queden cubiertas -"de una forma amplia", según señalaron a elEconomista fuentes cercanas al Ejecutivo- las necesidades básicas de los ciudadanos en estas dos facetas.
Y en el resto de las prestaciones, las comunidades deberán meter las tijera al máximo, buscando financiación extra para los servicios que se decida mantener. En el caso sanitario, las comunidades contarán con la posibilidad de aplicar algún tipo de copago si así lo consideran oportuno, tal y como ya ha hecho Cataluña.
Las comunidades dedicaron el año pasado 57.409,5 millones de euros a financiar su sistema sanitario. Con la excepción de Cataluña, ninguna autonomía se ha metido todavía a fondo para reducir este gasto; todas se han limitado a esperar que el Gobierno haga el trabajo sucio reduciendo el capítulo farmacéutico.
Gastos esenciales
Los gobiernos autonómicos cuentan ahora con algunas ayudas estatales, como el recién aprobado Plan de Pago a Proveedores, con el fin de saldar una deuda crónica con los proveedores sanitarios que superó los 15.000 millones de euros en 2011 y que está estrangulando la actividad de laboratorios, empresas de tecnología sanitaria, clínicas concertadas o farmacias.
Pero eso no será suficiente, así que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha, junto con los representantes autonómicos, siete grupos de trabajo para decidir qué medidas se introducirán para asegurar la viabilidad financiera del sistema. Dos de estos grupos están centrados en la futura cartera básica de servicios para toda España.
El objetivo del Ministerio es financiar sólo las prestaciones, medicamentos, productos y tecnologías que resulten eficaces según criterios científicos y de eficiencia que establecerá la red de agencias de evaluación. En el caso de los medicamentos, podrían desfinanciarse los mucolíticos, laxantes, lagrimales, entre otros grupos.
Prestaciones útiles
Como aseguró la ministra Ana Mato, "no se trata de sacar nada de la financiación pública", sino de establecer qué prestaciones o productos "tienen ahora mismo utilidad o no". Una vez establecida esta cartera común, serán las autonomías las que decidan si siguen financiando o no los tratamientos que queden fuera del nuevo catálogo de servicios a cargo de sus propios recursos. El Gobierno quiere sentar así las bases de un gran acuerdo con las comunidades autónomas antes del verano, para llevarlo al Parlamento como Anteproyecto de Ley.
Además de recortar gasto, las comunidades tendrán que buscar nuevas fuentes de ingresos. Once regiones -todas salvo Canarias, Baleares, Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra- ya aplican el céntimo sanitario que grava los combustibles para financiar la sanidad, mientras que Galicia o Baleares han fijado tasas por la renovación de las tarjetas sanitarias, lo que bien puede convertirse en una nueva fuente de ingresos, ya que el último Consejo Interterritorial acordó un nuevo formato de tarjeta sanitaria común.
El gasto público en salud de España (7% del PIB) se sitúa en la media de gasto de los países de la OCDE. La caída de ingresos autonómicos ha convertido casi en misión imposible financiar unas prestaciones sanitarias que absorben entre el 30 y el 35% de las cuentas autonómicas. Algunas regiones, como la Comunidad Valenciana, destinan el 40% de su esfuerzo a sufragar la sanidad. Los desvíos presupuestarios siguen siendo la norma.
50.000 millones para educación
Muy similar al de la sanidad es el escenario autonómico en educación. Las comunidades destinan cada año a este capítulo más de 50.000 millones de euros, con un incremento del gasto que en los últimos diez ejercicios ha sido de más del 40%, cuando el número de alumnos sólo se incrementó en ese mismo periodo un 12,5 por ciento.
Unas cifras que se consideran insostenibles, por lo que la intención del Ejecutivo es, siguiendo el modelo de la sanidad, consensuar con las comunidades autónomas una cartera básica educativa, especialmente en lo que se refiere a número de centros de enseñanza. Ello implicará, presumiblemente, la "fusión" de muchos de ellos, para reducir su número, así como una subida considerable de las tasas que se pagan en la educación universitaria.
Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia son las comunidades que más dinero dedican, en términos absolutos, al capítulo educativo. En gasto por alumno, sin embargo, es el País Vasco la que se coloca a la cabeza.
Rajoy: "Presupuestos duros pero imprescindibles"
