El discípulo supera al maestro. El primer ministro tecnócrata italiano Mario Monti, que durante la última cumbre italo-española se había declarado "impresionado muy positivamente" por la reforma laboral de Mariano Rajoy, acaba de presentar su paquete de medidas para cambiar el mercado de trabajo.
En la noche de martes, tras una larga jornada de reuniones con los sindicatos y empresarios, Monti dio por terminadas las negociaciones en materia laboral.
El Ejecutivo no ha conseguido alcanzar un acuerdo con los sindicatos, pero intentará de igual manera presentar al Parlamento una propuesta cuyo punto más importante es la agilización de los despidos. La vía italiana al despido exprés, que ya no está en vigor en España, pasa por la reforma del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores que hasta ahora había regulado las normas sobre la salida del puesto de trabajo.
Umbral del despido
Esta ley de 1970 preveía que, en las empresas con más de 15 trabajadores, la decisión sobre cada despido tendría que ser aprobada por un juez. El Gobierno de Monti da un giro a la norma y sólo podrá recurrirse a un tribunal ahora en caso de discriminación o de problemas disciplinarios: en las demás ocasiones las empresas tendrán una gran libertad de despedir a sus trabajadores.
De hecho, bajo el umbral del despido por causas económicas, según la reforma italiana, no se encuentran sólo las crisis empresariales sino también motivos genéricos, como la supresión del puesto de trabajo por razones de organización empresarial. Una interpretación muy amplia que permitirá a los empresarios transalpinos tener más flexibilidad, aunque las indemnizaciones serán más caras que en España: si la reforma de Madrid prevé un máximo de 24 mensualidades en el país transalpino la indemnización será entre 15 y 27 mensualidades, dependiendo de la antigüedad laboral.
Estos despidos rápidos, que según Monti buscan "facilitar las inversiones internacionales", han tocado la fibra sensible del principal sindicato transalpino, Cgil. Esta organización laboral, que ya en 2002 se había opuesto a la modificación del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores (llamando a una enorme manifestación en Roma con casi tres millones de personas) ha vuelto a convocar una huelga general para las próximas semanas. Una oposición que podría condicionar también el apoyo a la reforma del progresista Partido Democrático, una de las tres fuerzas políticas que sostienen al Gobierno tecnócrata.
Sin embargo, el primer ministro italiano sigue dando muestras de confianza sobre el éxito de la reforma. Apoyado por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, (que goza de amplio apoyo popular por haber gestionado la sucesión de Berlusconi), Monti intenta ganarse la confianza de la izquierda con las medidas que buscan reducir el recurso al trabajo temporal y dar el subsidio de desempleo a un numero más amplio de trabajadores.
La ministra Fornero ha explicado su intención de introducir (aunque de forma progresiva y a partir de 2017) un sistema de seguro para el empleo que sustituirá al abanico de subsidios ahora en vigencia. Según Fornero, el nuevo sistema "cubrirá a 12 millones de trabajadores frente a los 4 millones tutelados por el modelo actual" aunque reducirá el periodo de erogación del subsidio de tres años (el máximo actualmente previsto en caso de ERE) a 12 meses.
Al mismo tiempo y en el camino marcado por la reforma laboral española, el Gobierno italiano introducirá nuevas medias de lucha en contra de la precariedad y del paro juvenil. Recurrir al trabajo temporal será más caro para las empresas (de un 1,4 por ciento en las contribuciones a la seguridad social) y la reforma estrechará el cerco sobre la encadenación de contratos temporales: éstos no podrán superar los 36 meses, 12 más que en España, donde el límite es de 24 meses.
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