
"Voy a pasar a buscarte y sólo vas a poder comer papilla"; "eres un insensato por seguir publicando esta basura", o "estás loco, tú verás lo que haces, estás muerto". Son algunas de las amenazas que, presuntamente, durante meses la familia Ruiz -Mateos estuvo dirigiendo el año pasado a un periodista de elEconomista a través de mensajes al teléfono móvil y llamadas, incluso a altas hora de la madrugada.
Todo comenzó después de que este diario empezara a desvelar el desvío de dinero hacia paraísos fiscales, a través de Holanda, y la acumulación de patrimonio en Suiza, tal y como después comprobó y dictó en un auto, ordenando el embargo de bienes, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
La denuncia interpuesta por el periodista se dirige, fundamentalmente, contra José María Ruiz -Mateos Rivero, hijo del empresario jerezano y antiguo consejero delegado de Nueva Rumasa, que fue llamado a declarar en 2011 tras la apertura de diligencias.
Ahora, en un auto dictado el pasado 22 de febrero por el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, el juez ha citado a juicio a Ruiz -Mateos. Deberá comparecer el próximo 18 de mayo para dar explicaciones.
Práctica habitual
Las amenazas y extorsiones han sido en los últimos meses una práctica habitual de los Ruiz -Mateos, según han denunciado antiguos directivos y empleados, que recibieron mensajes similares en sus móviles. De hecho, su abogado durante los últimos 30 años, Joaquín Yvancos, que está colaborando con la justicia como testigo protegido y defendiendo además los intereses de los inversores, también denunció prácticas similares.
Pero por si fuera poco, en el último auto de la Audiencia Nacional, el juez Ruz señala incluso que el presunto testaferro de Ruiz Mateos, Ángel de Cabo, propietario de una sociedad que se dedica a la liquidación de empresas, utilizaba también "prácticas de extorsión, coacción y amenazas a los administradores, jueces de lo mercantil o cualquier otra persona que pudiera hacer peligrar sus planes".
José María Ruiz -Mateos, su mujer, siete de sus hijos -incluido el propio José María- y dos de sus sobrinos están imputados en la causa principal por la presunta comisión de delitos de estafa agravada y apropiación indebida en el marco de las supuestas irregularidades en la captación de inversiones de Nueva Rumasa.
Desvío de dinero
El juez Ruz, que ha levantado parcialmente el secreto de sumario, acusa al clan de haber desviado 673 millones de euros para mantener una vida de lujo.
El dinero, procedente en gran parte de los inversionistas que adquirieron los pagarés, se ingresó en las cuentas de la sociedad Bardajera, que actuaba como gestora de la caja única del grupo. Y sirvió "para pagar las hipotecas de las viviendas de los hijos varones, aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia, para mantener su alto nivel de vida y para sacar en efectivo 78 millones de euros".
Con todo su patrimonio embargado en España, el juez busca ahora el dinero en Suiza.