Hermetismo. Es la consigna que ha presidido la recta final de la reforma laboral que hoy lanza el Gobierno. Incluso los directores generales desconocían ayer los extremos finales de la reforma, y por ello fueron convocados a una reunión a última hora de la tarde en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, les trasladó el esquema de medidas consensuado al fin con el titular de Economía y Competitividad.
Precisamente éste, Luis de Guindos, calificaba ayer la batería laboral que hoy aprueba el Consejo de Ministros como "extremadamente agresiva". Fue en Bruselas y su interlocutor era el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn. Acto seguido, el rasgo que más destacó De Guindos fue el abaratamiento del coste del despido.
Si algo estaba claro desde primera hora, con las medidas que se mantenían en la mesa del Ejecutivo, es que, si bien se dirigen a la flexibilización del marco laboral español, ninguna destruye ni combate la perniciosa dualidad de nuestro mercado de trabajo, culpable del brutal aumento del paro hasta el 23% de la población activa y de la disparidad de derechos que separa al colectivo de trabajadores indefinidos en detrimento de los principales expulsados del empleo: los temporales, duramente castigados cuando una crisis azota.
- 33 días por año trabajado:
Salvo sorpresas de última hora asociadas al estricto mutismo con que se ha diseñado la reforma, el Gobierno apuesta por la generalización del contrato de fomento del empleo con 33 días de indemnización para el despido improcedente. Algo que puede arbitrarse hoy en Consejo de Ministros mediante decreto ley y que se mantendría al menos durante la coyuntura de crisis económica; se estima que con una vigencia de dos años.
- Caída de la facturación:
Otro de los frentes encaminados al abaratamiento de la rescisión del contrato laboral y, por tanto, a eliminar lastres a la contratación, es el tasado y clarificación de las justificaciones para el despido objetivo por causas económicas con indemnización de 20 días por año trabajado, de modo que se aplique con mayor agilidad.
En este sentido, se perfila la admisión de la caída de facturación, en vez de las pérdidas. La hipótesis de trabajo ha sido que el volumen de negocio es el factor que verdaderamente determina la producción y las necesidades de plantilla. En el marco del reforzamiento de esta figura, se busca atajar cualquier elemento susceptible de arbitrariedad judicial.
- Tiempo parcial:
La línea maestra de esta reforma es la flexibilidad. Y en tal espíritu se enmarca la potenciación del contrato a tiempo parcial en una figura que brinde máxima discrecionalidad al empresario en materia de horarios, de modo que pueda disponer de la plantilla a tiempo parcial en la forma que mejor permita atender los picos de actividad o de ventas. Siempre sin retroactividad. En este punto, se prevé algún mecanismo de bonificación o similar que aligere cargas de cotización.
- Descuelgue unilateral:
Con el mismo sesgo flexibilizador, se pretende facilitar el descuelgue de los convenios, con una cláusula más sencilla. Y los agentes sociales estarían pensando en tocar el acuerdo que firmaron para promover esta línea de acción.
De hecho, se ha planteado la posibilidad de que en las microempresas -según la definición europea, serían aquellas de menos de 6 trabajadores- baste la decisión unilateral del empresario para no aplicar el convenio que le corresponde, siempre dejando la vía para el recurso judicial. La clave de esta medida sería la agilización y flexibilización máxima de las condiciones para inaplicar, incluso con un rápido sistema arbitral.
- Empleo juvenil:
El desempleo juvenil, en el 49,6%, es otro de los frentes que el Gobierno ataca con esta reforma laboral, tanto desde el punto de vista educativo (con la cuenta formación) como de la mejora en su acceso al empleo. En este sentido, se facilita ahora la capitalización del 100% de la prestación en orden a abrir un negocio.
En este esquema, la reforma impulsa la contratación juvenil con diversas actuaciones. Tras descartarse los llamados minijobs, se apuesta por bonificaciones que sirvan como incentivo a su incorporación a las empresas y por la flexibilización en los contratos de formación y a tiempo parcial para este colectivo.
- Convenio de empresa:
Con el fin de acercar lo más posible las decisiones relativas a la plantilla a la empresa afectada por la coyuntura, se primará el convenio de empresa sobre el convenio sectorial o territorial.
- Adiós a la ultraactividad:
El Ejecutivo pone fin a la ultraactividad de los convenios. Impide así que se renueven tácitamente por el paso del tiempo. Ahora se fijará un plazo, que podría ser anual, tras el cual caducarán automáticamente.
- Otras medidas:
Estas medidas estrella de la reforma van acompañadas de otras que completan el esquema de redefinición de nuestro sistema de relaciones laborales. Entre ellas, la lucha contra el fraude laboral o la posible compatibilización de la jubilación con el trabajo. Eso sí, se ha descartado una aceleración del proceso de demora de la edad de jubilación que está en curso, así como un retraso adicional de la edad de retiro.
También se quedó por el camino la propuesta del contrato único. Y el Gobierno ha descartado que vaya a tocar las prestaciones por desempleo. Ahora bien, no se aprecia un acercamiento de derechos o garantías entre fijos y temporales.
¿Qué es una reforma laboral equilibrada?
