Economía

El Ecofin buscará cerrar hoy el Tratado sobre la disciplina fiscal

  • París y Berlín intentan que se relajen los requisitos de capital para la banca

 Los ministros de Economía de la Unión Europea tratarán de finalizar hoy el nuevo Tratado para reforzar la disciplina fiscal, en el que no participa Reino Unido. El principal objetivo es restaurar la confianza en la eurozona y dejar margen de maniobra al Banco Central Europeo (BCE) para que intensifique su intervención contra la crisis de deuda. Los líderes europeos se han comprometido a llegar a un acuerdo en la cumbre del 30 de enero. 

Una reunión en la que Francia y Alemania intentarán conseguir un pacto para relajar los requisitos de capital a las entidades financieras, con objeto de evitar que la financiación a la economía real se asfixie en los países de la Unión. Una postura que les puede enfrentar con la posición del Reino Unido, más estricta con las entidades financieras.

También, el ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, se estrenará en la UE presentando la candidatura de Antonio Sáiz de Vicuña, director de los servicios jurídicos del BCE, para sustituir a José Manuel González Páramo en el comité ejecutivo de la entidad cuando termine su mandato en mayo. De Guindos podría explicar también a sus colegas las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno y sus planes sobre la reforma laboral y del sistema financiero, prioritarias para Bruselas.

Sanciones más duras

Respecto a la disciplina fiscal, el último borrador del Tratado que discutirán los ministros de Economía endurece las versiones anteriores, ya que prevé que el Tribunal de Justicia pueda imponer multas de hasta el 0,1% del PIB a los países que no incorporen correctamente a su legislación nacional la regla de oro de equilibrio presupuestario. Pero todavía quedan varios escollos.

En particular, todavía no hay acuerdo sobre a qué nivel hay que incluir esa regla de oro, que limitará el déficit a un máximo del 0,5% del PIB, en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Alemania defiende que sea en la Constitución, como ha hecho España, pero otros países como Irlanda o Dinamarca piden más flexibilidad para evitar tener que celebrar referendos. También está pendiente fijar cuántas ratificaciones son necesarias para que el Tratado entre en vigor.

El borrador habla de 12 países de la eurozona, pero algunos Gobiernos temen que así no se refuerce la disciplina fiscal, porque algunos Estados podrían decidir quedarse fuera o unirse más tarde. Otro punto abierto es a quién se invitará a las futuras cumbres de la eurozona, que el Tratado institucionaliza por primera vez. Polonia quiere poder asistir siempre, mientras que el último borrador sugiere que a los países que no han adoptado el euro se les convocará al menos una vez al año y se les mantendrá informados de las decisiones.

La última versión del Tratado establece que sólo los países que lo han ratificado y que han incorporado a su legislación nacional la regla de oro de equilibrio presupuestario podrán acceder a las ayudas del fondo de rescate permanente. Sobre esta disposición todavía no hay acuerdo completo, como tampoco lo hay sobre las competencias exactas del Tribunal de Justicia. Y también falta decidir si las sanciones automáticas se aplicarán sólo a los países que superen el umbral del 3% de déficit o también a los que no cumplan los límites de deuda.

Finalmente, los Veintisiete discutirán cómo acelerar la capitalización y la puesta en marcha del fondo de rescate permanente de 500.000 millones de euros, que entrará en vigor el 1 de julio. La activación del fondo permanente se ha hecho más necesaria tras la decisión de la agencia de rating Standard & Poor's de rebajar la nota del fondo temporal.

Los responsables europeos aseguran que esta rebaja no pone en riesgo la ayuda ya comprometida para Irlanda, Portugal y Grecia, pero admiten que no habría más recursos en caso de que Italia o España requirieran asistencia económica. En este punto, el primer ministro italiano, Mario Monti, ha abogado por duplicar la capacidad del fondo de rescate permanente hasta el billón de euros, al igual que han hecho otros líderes. Monti argumenta que esta medida generaría la confianza necesaria en la unión monetaria.

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