Esta semana se acaba el plazo que el nuevo Gobierno concedió a los agentes sociales para que alcanzasen un acuerdo con el que poner en marcha cuanto antes la reforma laboral. El tiempo apremia pero los discursos de ambas partes apenas varían y el acercamiento parece de todo menos posible. Así las cosas, el final más probable para esta historia es, de nuevo, que el Ejecutivo se vea obligado a aprobar sus medidas por decreto.
Mariano Rajoy pidió a los agentes sociales que actuasen con urgencia para llegar a un acuerdo en materia laboral. En un inicio, el presidente popular fijó como fecha límite el 6 de enero, aunque después amplió el tiempo hasta la primera quincena del mes. Con la prórroga, advirtió de que si no había consenso las reformas serían abordadas por el Gobierno.
A pocos días de que venza el plazo, no se aprecian muchos cambios en las negociaciones y todo indica que finalmente el Ejecutivo tendrá que tomar las riendas e imponer sus medidas. El presidente de la patronal, Joan Rosell, se mostraba la pasada semana conciliador y dispuesto a trabajar por un acuerdo, pero lo pero lo cierto es que los días pasan y el acercamiento se ve lejano. Sigue habiendo puntos sobre los que ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer, como el de los salarios o el despido, y tanto unos como otros hablan de "diferencias importantes".
Muchas diferencias
La patronal está pidiendo "congelación salarial pura y dura", un "abaratamiento general del despido" y la descausalización del mismo, explicaba secretario general de UGT, Cándido Méndez, esta mañana, lo que en opinión de los sindicatos provocará más paro y agravará la crisis económica por la que atraviesa el país.
Por su parte, desde la CEOE insisten en que lo que necesita España es una reforma laboral profunda que permita a los empresarios "descolgarse de los convenios, decidir congelar salarios cuando la empresa esté en la ruina o de indexar los salarios a la productividad y no al IPC", de acuerdo con el vicepresidente de la patronal, Arturo Fernández.
Los sindicatos han sido tajantes al afirmar que no están dispuestos a aceptar las exigencias de la patronal. A su vez, los empresarios también han dejado claro que no aceptarán las propuestas de CCOO y UGT, ya que limitarían el alcance de las reformas necesarias para reactivar el empleo.
Este discurso no es nuevo. El tira y afloja entre sindicatos y patronal se alarga desde hace meses y, atendiendo a los antecedentes, todo apunta a que finalmente será el Gobierno el que tenga que imponer su propia reforma. El pasado mes de junio, Jose Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a tomar el testigo y aprobar la reforma laboral una vez que los agentes sociales dieron por rotas las negociaciones.
Sin compromiso
Por su parte, el PP ha afirmado que "tendrá en cuenta los acuerdos que puedan alcanzar" los agentes sociales, pero no se ha comprometido a hacer la reforma según las conclusiones de sindicatos y patronal.
En su agenda figuran la reforma de la negociación colectiva, la simplificación del sistema contractual, el absentismo, las Mutuas, las ETT, la formación continua de los trabajadores y la solución extrajudicial de conflictos entre empresarios y trabajadores, pero no el contrato único y el abaratamiento del despido, dos de las reclamaciones de la patronal.
Tampoco tiene intención el nuevo gobierno de alargar la reforma laboral, necesaria y exigida desde Europa, de alargar el calendario indefinidamente, mientras que los sindicatos le piden que no sea "taxativo" en los plazos.
Así las cosas, todo parece indicar que finalmente los populares tendrán que recurrir a legislar y sacar adelante la reforma laboral a través de un decreto, al igual que sus antecesores en el Ejecutivo.
Rajoy prometió una reforma laboral profunda
