El tercer Consejo de Ministros de la era Rajoy pondrá hoy sobre la mesa un informe elaborado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con el objetivo claro de redimensionar -según definen en Moncloa- el sector público fundacional y empresarial. Además, Rajoy aprobará una Ley para controlar los presupuestos de las CCAA.
En la práctica esto se traduce en una reducción del número de fundaciones, empresas públicas, institutos y demás organismos de carácter público, bien sean estatales, autonómicos o locales.
Las mismas fuentes gubernamentales trabajan, en este sentido, con un informe de la Intervención General del Estado que cifraba en el entorno de 4.000 las entidades públicas que existían en España, la mayoría de titularidad autonómica, recuerdan.
El titular de Hacienda será hoy quien avance esa reducción, cómo afecta a las diferentes administraciones y a sus trabajadores, en lo que definen desde el Gobierno como un paso más en el compromiso del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con "la simplificación y racionalización de la Administración". A este respecto, destacan que dos decisiones adoptadas hasta el momento ya han ido en esa línea, primero, con la reducción del número de ministerios y, el viernes pasado, con la supresión de 30 direcciones generales.
Montoro adelantó además que hoy se tomarán nuevas medidas complementarias a las aprobadas el pasado viernes dentro de un segundo plan antidéficit. Sin embargo, matizó -como también lo hizo el ministro de Economía, Luis de Guindos- que las medidas no supondrán nuevos ajustes, lo que descarta en un primer momento subidas en los impuestos especiales.
Fuentes gubernamentales seguían apuntando ayer que esa era la intención del Gobierno, que las iniciativas lleguen hoy por el lado de los gastos, no de los ingresos. Intensificar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida es otro de los temas en cartera.
Santamaría en la coordinación
La reducción de las entidades públicas fue uno de los temas que centró ayer la primera reunión de secretarios y subsecretarios de Estado -preparatoria del Consejo de Ministros- que presidió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Su finalidad: marcar la hoja de ruta y la coordinación de las nuevas medidas adoptadas en cada uno de los ministerios.
Uno de los asuntos que salió de esta primera reunión de trabajo pasa por unificar tanto la puesta en marcha de las decisiones como la comunicación de las mismas. Todo ello después de que en un mismo día hasta tres ministros -Montoro, De Guindos y el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz- ofrecieran versiones diferentes sobre el comportamiento final del déficit público a final de 2011, cifra clave, ya que marcará el ajuste del Gobierno para alcanzar la ansiada consolidación fiscal comprometida con la UE.
Guiño a Bruselas
Precisamente, el ministro de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, llevará hoy a la reunión que se adelanta al jueves por el festivo de Reyes la necesidad de que España agilice la transposición de las directivas comunitarias, en lo que se interpreta como un primer guiño del exeuroparlamentario a Bruselas.
El pasado viernes, Sáenz de Santamaría compareció tras el Consejo de Ministros acompañada por tres ministros económicos y anunció un plan de consolidación fiscal que prevé un recorte del gasto de 8.900 millones a partir de un acuerdo de no disponibilidad, así como un aumento de ingresos de 6.200 millones que, principalmente, contempla el alza del IRPF. Además, el Gobierno anunció que se mantiene la congelación del sueldo de los funcionarios, la no reposición de personal en la Administración y la subida de las pensiones en un %.
En el tintero quedan muchas decisiones importantes, como qué hacer con la privatización de Aena y Loterías que el Gobierno Zapatero dejó en el aire. Además, es clave que Moncloa cierre cuanto antes dos fechas que a corto plazo serán decisivas: el día que irá a Consejo de Ministros la reforma laboral -con o sin acuerdo- y la próxima convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para poner deberes a las autonomías.
Recorte de fundaciones y empresas públicas