El ejercicio 2012 volverá de nuevo a ser un año horribilis para las finanzas de la Generalitat. Pese a los reiterados intentos del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de recortar el gasto durante 2011 todavía no ha logrado estabilizar su tesorería. Cataluña obtendrá entre 400 y 500 millones por la concesión de Tabasa y Cadí.
Y en el año recién inaugurado, las arcas catalanas van a mantener una situación de debilidad por las facturas pendientes del pasado ejercicio. En los últimos meses, el Gobierno catalán ha ido capeando el temporal apoyándose en distintas vías para obtener capital y hacer frente a los compromisos más urgentes. Entre otras, destaca la emisión de 3.300 millones en bonos patrióticos en marzo y otros 4.000 millones en noviembre, o varios préstamos a principios de 2011 con CatalunyaCaixa (por 500 millones) o Banco Santander (400 millones).
Ahora, el consejero catalán, Andreu Mas Colell, ha vuelto a pedir financiación a los bancos, después de que el Banco Central Europeo inyectara medio billón de euros al sector. Sin embargo, la captación de capital no está siendo fácil y algunas entidades que han participado anteriormente en la financiación de créditos al Gobierno de Artur Mas no están respondiendo ahora a la llamada.
Oxígeno del Sabadell
En los últimos días, el Ejecutivo catalán ha podido respirar más tranquilo con un crédito puente del Banco Sabadell de 150 millones, que llegó el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Gran parte de este préstamo ha ido destinada a pagar la extra de Navidad de los 230.000 empleados públicos. La Generalitat sólo tenía capacidad para abonar el 80 por ciento de esta retribución extraordinaria y el abono del 20 por ciento restante se había aplazado sin ninguna fecha concreta, aunque se estimaba que fuese a mediados de enero.
El auxilio del Sabadell no sólo le ha permitido darle una alegría a los trabajadores públicos, sino también ha servido para aligerar al pago a proveedores de la Generalitat. De estos 150 millones de euros, son 70 millones los que se han destinado a pagar ese 20 por ciento de la extra que la Generalitat no podía hacerse cargo. El coste que han tenido que pagar son unos intereses del 6 por ciento, que para el consejero de Economía Andreu Mas Colell se trata de "condiciones muy satisfactorias".
La Generalitat ha impuesto una ley del silencio ante la evolución de las negociaciones con la banca. De hecho, ni el propio consejero Mas Colell ha querido comentar ni qué entidad era la que había prestado el dinero para hacer frente a la extra navideña.
La Generalitat tiene 600 millones de euros de margen para endeudarse a cuenta de 2011. En los presupuestos del año pasado se había pactado la posibilidad de financiación y refinanciación por valor de 10.100 millones de euros, de los que se han utilizado 9.500 millones. Esta sería la cifra que estaría intentando arrancar la Generalitat a la banca. "En ningún caso se trata de cifras en torno a los 1.000 millones de euros", comentan desde la Generalitat.
Aunque son las pequeñas y medianas empresas anónimas que proveen de servicios a la Generalitat la que más están viéndose afectadas por la falta de liquidez, los retrasos en los pagos se ven reflejado en todos los ámbitos, incluso en sus compromisos con el Estado.
Las estrecheces han obligado al Gobierno de Artur Mas a aplazar los pagos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de los funcionarios correspondiente a noviembre hasta el 20 de enero, y está intentando también aplazar las cotizaciones sociales de sus empleados. "Estamos retrasando el pago de todos los impuestos todo lo que podemos", ha reconocido Mas Colell.
Para la Generalitat, la búsqueda de capital es una cuestión primordial ya que no han ingresado del Estado los 759 millones de euros que marca la disposición adicional tercera del Estatut. La Generalitat incluso había barajado la posibilidad de que el Estado le conceda un crédito extraordinario para hacer frente a las graves tensiones de tesorería derivados de este impago.
Un sector vulnerable a los retrasos en los pagos de la administración de Artur Mas, que ya los experimentaron tras el verano, son las residencias de ancianos y centros de dependencia. En un primer momento, se intentó aplazar las subvenciones durante los meses de septiembre y octubre. Finalmente, sólo se dejó de pagar la mitad del copago durante el mes de septiembre. Ese 50 por ciento que no se abonó entonces se trasladó a diciembre, en el que ha quedado de manifiesto la difícil situación financiera de la Generalitat.
Las farmacias también son otro sector con riesgo a quedar más desatendido. La Generalitat anunció en septiembre que pagaría a 80 días de promedio, lo que las está llevando a una situación insostenible. Un reciente estudio del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña indica que 988 oficinas de farmacia no han podido hacer frente a pagos a sus distribuidores y proveedores de 41,7 millones. Cada mes de retraso por parte de la Administración genera una deuda de 140 millones de euros.
Pero la Generalitat también debe a los sindicatos. Comisiones Obreras anunció la semana pasada a sus 300 trabajadores en Cataluña que cobrarían la nómina de diciembre en enero, porque no han recibido las subvenciones que cada verano ingresa la Generalitat.
Tasa turística y pago por receta
