Mucho se está hablando de cómo las comunidades autónomas deben apretarse el cinturón para reducir sus agujeros fiscales y colaborar en el cumplimiento de objetivo de déficit de España. Pero los ayuntamientos también tendrán que cuadrar sus cuentas. Para lograrlo, preparan fuertes subidas de impuesto y ajustes de empleo.
Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reconocen, según informa hoy Cinco Días, que los ayuntamientos tratan de hacer uso de uno de los mecanismos que les queda para elevar los ingresos dentro del margen que les permite la ley, es decir, rediseñar las tasas de algunos servicios como el uso de instalaciones deportivas, la recogida de basuras, el uso de la vía pública, el consumo de agua, etc.
La ley establece que las tasas deben reflejar el coste real del servicio que se presta, algo que no ocurría hasta este momento. Según señala el citado diario económico, durante los años del boom inmobiliario, los ayuntamientos han cobrado muy por debajo de su precio real algunos de esos servicios como el abastecimiento y saneamiento del agua o la recogida de basuras o el uso de las instalaciones municipales. Ese desfase era compensado por lo recaudado con los impuestos provenientes de la construcción.
El ayuntamiento de Madrid fue uno de los primeros ayuntamientos que utilizó esta estrategia cuando en 2010 restableció la tasa de basuras. Pero ya han seguido su camino otros como el de Soria, que ha reconocido que revisará al alza todas las tasas municipales y que se crearán otras dos nuevas. O el de Palma de Mallorca, que igualmente creará un impuesto específico para bancos y grandes superficies.
Recorte de empleo
Pero las recetas para cuadrar las cuentas no terminarán aquí. Las subidas de impuestos estarán acompañadas en muchos casos por la reducción de los costes de personal, que según Cinco Días, en algunos casos supone hasta el 50% de los gastos.
Uno de los mejores ejemplos de esta medida es el del Barcelona, cuyo ayuntamiento está negociando un nuevo convenio colectivo, en el que los 1.500 contratados laborales e interinos no tienen asegurado su futuro. UGT de Andalucía calcula que en los próximo meses podrían ser despedidos hasta 25.000 trabajadores.
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