
Los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores parecen la casa de los líos. La información que han enviado en los últimos días Sacyr, Pemex y Crédit Agricole deja la puerta abierta a futuras acciones judiciales para clarificar la operación de desembarco en la petrolera, ya que se ha producido un constante ir y venir de cambios en la documentación, de errores y de bailes de fechas. De hecho, los accionistas minoritarios ya solicitaron en su momento al regulador que abriera una investigación al respecto.
La petrolera mexicana parece que o no tenía muy clara cuál era su participación en Repsol entre los días 29 de agosto al 6 de septiembre o prefería no explicarlo, a tenor del contenido de los comunicados que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En un primer momento informó el 2 de septiembre que Sacyr y Pemex tenían el 24,88% de Repsol el 29 de agosto, fecha en la que anunciaron el acuerdo accionarial. Cuatro días después, ambas empresas amplían la información al regulador y entran en la primera contradicción, ya que Pemex indica que había superado el 5% el día del acuerdo, lo que supone reconocer que la información facilitada en el primer anuncio no se ajustaba a la realidad, ya que en esa fecha se hubiese controlado más del 25% y no ese 24,884%.
Para más escarnio, Pemex indicó a la CNMV el 6 de septiembre vuelven a liar la madeja al anunciar que habían superado el 25% el 2 de septiembre, en lugar del día 29 de agosto como se reconoce en la segunda comunicación.
En dichos documentos también se incluye que Pemex tenía 58,6 millones de acciones, cuando en realidad eran derechos, algo que se conoce por las comunicaciones realizadas fuera del plazo del instrumento financiero utilizado para llevar a cabo la operación.
El 6 de septiembre, Pemex envió otro modelo de formulario para consejeros en el que informa de la compra de acciones realizada el 29 de agosto, lo que dejaría esta comunicación fuera del plazo legal y requeriría además el desglose de las mismas, tal y como exige la normativa de este tipo de modelo de notificación. En dicho documento, se indica en la información adicional que el precio medio de adquisición de acciones es de 19,9698 euros por acción y posteriormente se ven obligados a ampliar la información para explicar que el precio realmente es de 19,9598 euros y que se puede modificar en función del acuerdo alcanzado con Crédit Agricole para realizar dicha compra.
La entidad financiera francesa además se ha encargado de rizar el rizo, ya que informó al regulador de que había rebajado su participación por debajo del 3%, sin que antes hubiese notificado que había superado dicho umbral. Tan solo después de haber notificado que había rebajado esa participación, Crédit Agricole notificó al regulador que anteriormente había pasado esa barrera mediante la utilización de un préstamo de valores, tal y como muestran las fechas de registro de entrada, que también contienen errores en los años y retrasos sobre los plazos exigidos.
La CNMV entra en ese momento en un juego de notificaciones, ya que ha retirado después la notificación en que se explicaba que la superación del 3% se producía como consecuencia de un préstamo de valores y ha publicado en su web una anterior que no contiene esa información, en un galimatías insólito.
Crédit Agricole, en todo caso, no compró el 3,19% en el mercado. Lo que hizo fue tomar los títulos prestados de otros accionistas para vendérselos a Pemex. En la comunicación que ha desaparecido de la web se decía que tomó las acciones prestadas por cuenta propia, pero en ese momento ya estaba en marcha la operación concertada por Sacyr y Pemex. Así, el grueso del aumento de participación de Pemex no se produjo con compras en bolsa ni con compras directas a otros accionistas de la petrolera, sino con la adquisición a un intermediario financiero que las tenía prestadas.
El banco de inversiones Calyon, perteneciente al francés Crédit Agricole, fue acusado en 2008 por la justicia francesa de "falsificación y uso de documento falso" en el marco del caso que enfrentaba el grupo constructor español Sacyr con el francés Eiffage.
Crédit Agricole es además uno de los principales acreedores de la constructora, junto con el Santander, Citibank o Bankia, que tienen que decidir si renuevan el crédito a Sacyr el próximo mes de diciembre o ejecutan el mismo.