El Viejo Continente sigue sin dar con la tecla que termine de calmar el apetito de los especuladores, conocedores de que la supervivencia del euro sigue pendiente de los infinitos trámites burocráticos que se esconden bajo la legislación comunitaria.
Y, mientras, los líderes europeos no encuentran otra salida que cocinar una respuesta nacional contundente para después confrontarla en esas cumbres bilaterales donde de facto el euro se juega el futuro. Hoy, en concreto, la canciller alemana Angela Merkel se reúne con todo su equipo y particularmente con el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. Y lo hace con el objetivo de concretar la postura de Berlín ante la espiral de negociaciones que se avecinan bajo el propósito de garantizar la pervivencia de la divisa única.
Porque las recetas dirigidas a preservar la zona euro no se cuentan con los dedos de una mano y cada capital europea defiende la suya propia. En palabras de Daniel Gross, uno de los padres putativos del euro, la solución pasaría por convertir el fondo de rescate temporal en un banco con acceso ilimitado al Banco Central Europeo (BCE). Según explica Gross, los 17 necesitan urgentemente una inyección masiva de liquidez y el propio mecanismo de asistencia financiera, con sus características actuales, constituye una parte decisiva del problema. ¿El motivo? En opinión del economista, el mercado sabe que no se dispone de los recursos necesarios para socorrer a países de la talla de España o Italia. Y el mismo debate sobre la necesidad de elevar la capacidad crediticia real del instrumento alimenta las dudas sobre los países que lo sustentan: ¿por qué hace falta engordar la cuantía del fondo si los socios del euro no corren ningún peligro?
Liquidez ilimitada
Por este motivo, Gross aboga por transformar el mecanismo de asistencia financiera en un banco y permitirle acceso ilimitado a la refinanciación que provee el BCE, la única capaz de proporcionar la liquidez necesaria de forma rápida y en cantidad suficiente. Tal y como explica el economista, esa vía seguiría dejando en manos de los ministros de Finanzas la gestión de la crisis y, al mismo tiempo, posibilitaría a los gobiernos contar con el respaldo imprescindible para atajar la incertidumbre cuando escasea la confianza del mercado.
No sólo eso, sino que acabaría de raíz con los interminables debates alrededor de la capacidad crediticia real del mecanismo y los recelos expresados por buena parte del Viejo Continente a engordar la cuantía. En consecuencia, terminaría de plano con las dudas sobre la pervivencia de la divisa común. Algo que, en palabras de Gross, compensaría de largo el deterioro del balance de la entidad emisora, que sin duda se vería abocada a engordar la partida de su activo destinada a comprar bonos y cédulas hipotecarias de dudosa calidad.
El refuerzo de las facultades que atesora el instrumento de rescate acometido por los líderes de la zona euro, que se hizo en su última cita extraordinaria, no consigue suavizar el apetito de los especuladores. A pesar de que, en virtud del acuerdo, el instrumento contará con la opción de comprar deuda en el mercado secundario, conceder créditos preventivos a los países al borde del precipicio y financiar la recapitalización del sector financiero mediante préstamos a los Gobiernos. Los inversores, no obstante, descuentan que Francia, Alemania y Holanda se convertirán en los únicos socios que podrán soportar la calificación triple A del fondo. Aunque, sin duda, el pacto del 21 de julio no zanja las dudas de los especuladores a causa de los interminables trámites burocráticos que lleva aparejados para poner en marcha el contenido del acuerdo.
Mientras el fondo, con sus nuevas atribuciones, no entre en vigor -lo que se espera para finales de septiembre-, el banco emisor tiene que continuar haciéndose con bonos de los socios al borde del abismo en el mercado secundario. Una circunstancia que atenta en mayor medida contra su autonomía y ortodoxia que el rol propuesto por el economista y padre putativo de la moneda única Daniel Gross.
¿Por qué hay que hacer algo?
El montante original del mecanismo de asistencia financiera ascendía a 440.000 millones de euros. De ellos, sin embargo, se tienen que descontar los 17.700 y los 26.000 ya desembolsados en las intervenciones de Irlanda y Portugal, respectivamente. Tras la resta nos quedan en torno a 396.000 millones, a los que asimismo debemos volver a sustraer el monto restante de ambas operaciones. En el caso de Dublín quedarían sólo por pagar alrededor de 24.000 millones, dado que Reino Unido, Suecia, Dinamarca y la propia Irlanda contribuyeron al rescate. Mientras que para completar la intervención sobre Lisboa faltarían todavía 26.000.
El siguiente tramo del rescate luso llegará a suelo portugués en septiembre, después de que los expertos de la Comisión, el FMI y el BCE autorizasen el desembolso hace aproximadamente una semana. Por lo tanto, computadas las ayudas del extigre celta y Portugal, además de los recientes 73.000 destinados al segundo paquete de asistencia a Atenas -el FMI sumará el tercio restante hasta los 109.000 al igual que en todas las operaciones de auxilio-, el fondo contaría con unos 275.000 millones.
Pero además, en caso de que finalmente -según se acordó en esa última reunión extraordinaria que mantuvieron los jefes de Gobierno de la UE a mitades de julio- el mecanismo sustituya al sistema de préstamos bilaterales ad hoc del primer rescate de Grecia, se deberían deducir de nuevo otros 35.000 millones. Lo que se traduce en un montante disponible de en torno a 240.000 millones, manifiestamente insuficiente para cruzar la línea de rescatar a socios como España e Italia.
Máxime teniendo en cuenta que una presunta operación sobre nuestro país alcanzaría los 600.000 millones. Y menos aún bastaría si se quisiera ejecutar el rescate de Italia, cuando los expertos cifran la intervención en 900.000 millones de euros e incluso en un billón de euros. Ni siquiera agregando las ayudas del FMI y los millones con cargo al presupuesto comunitario se podría acometer alguna de las dos operaciones. Dado que en total, con los fondos del FMI y la UE, el mecanismo sólo se acercaría a los 500.000 millones de euros.
Prestamista de última instancia
Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR), va incluso más allá. Y pide que se dote al BCE de la capacidad para actuar como cualquier entidad, lo que implicaría conferirle por mandato constitucional la autonomía de adquirir títulos en el mercado secundario -no en calidad de operación extraordinaria como hace ahora- e inyectar liquidez temporalmente cuando lo considere oportuno. Dicho de otro modo: conferir al BCE el título de prestamista de última instancia para la zona euro. De la Dehesa reconoce, eso sí, que la restructuración de la entidad emisora conllevaría una modificación del Tratado de Lisboa, aunque, en su opinión, esa reforma compensaría al traer definitivamente la calma a los mercados.
Tal y como argumenta además De la Dehesa, la evidencia histórica arroja que este tipo de iniciativas basadas en las inyecciones de liquidez sin restricciones no precisa de numerosas operaciones, dado que acaban por desalentar a los especuladores. Con una suele bastar. Porque, en palabras, de la Dehesa, los inversores se atenazan ante la certeza de que el potencial de compra resulta ilimitado. El economista asegura que "las intervenciones de los bancos centrales no tienen por qué crear inflación", ya que, durante las crisis bancarias, el sector financiero no convierte la liquidez generada -el alza de la base monetaria- en crédito canalizado a familias o empresas.
Unión Monetaria de élite
Otra de las soluciones al punto muerto en que actualmente se encuentra atrapada la zona euro reside en restringir precisamente los lindes de la moneda única a sólo los socios más solventes. Así lo explicó en este diario el director ejecutivo y codirector de inversiones de PIMCO, Mohamed A. El-Erian. Según El-Erian, se trataría de "crear una zona euro más pequeña y económicamente coherente, compuesta por los miembros centrales". A saber: Alemania, Francia, Holanda, Austria? Algo que desembocaría en una sólida unión fiscal y en argumentos verdaderamente creíbles contra el contagio. Pero, eso sí, conduciría a dos o tres economías periféricas a un "año sabático" respecto al euro. Quedaría por clarificar si España formaría o no parte de este furgón de cola castigado durante aproximadamente 365 días.
En esta línea apuntan las propuestas de la canciller germana, Angela Merkel, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que la semana pasada esbozaron las líneas maestras de un Viejo Continente ansioso de armonizar la recaudación tributaria. Empezaron por un impuesto de sociedades común a las dos grandes potencias que debería servir de ejemplo al resto de socios. O dicho de otro modo, marcaron el camino a seguir hacia la armonización fiscal de Europa, que reduzca las discrepancias entre los estados miembros y fundamentalmente evite las fugas de capitales o los agravios comparativos. Y no sólo eso, sino que también apostaron por crear un gravamen sobre las transacciones financieras e introducir la constitucionalización del equilibrio presupuestario.
Todo bajo el propósito de articular un verdadero Gobierno comunitario para la divisa común que impida los agujeros en las cuentas públicas. Esos que tanto recelo despiertan en la locomotora alemana por su efecto inflacionista. En opinión del director ejecutivo y codirector de inversiones de PIMCO, sin embargo, bajo este propósito de Berlín subyace verdaderamente el ansia de emular el proceso de des-integración de la Alemania democrática. Algo que, extrapolado a nuestro tiempo, implicaría: "entregar grandes sumas de dinero durante años y, como contrapartida, insistir en las reformas económicas que obligarían a algunos miembros del euro a renunciar a buena parte de sus prerrogativas fiscales".
Eurobonos
Sólo de esta forma, Merkel y Sarkozy tragarían con los eurobonos. Porque, pese a que la postura oficial de ambos mandatarios, se resume en el rechazo de plano, Berlín y París no acaban de descartar del todo la creación de títulos con marchamo comunitario. Sugieren, de hecho, que su emisión dependería del refuerzo económico de la gobernanza europea. Aunque, conforme recuerda De la Dehesa, el Viejo Continente ya cuenta con una suerte de eurobonos. Se trata básicamente de los préstamos que el fondo de rescate temporal concede a los países al borde del abismo. Según de la Dehesa, sólo queda reforzar los criterios de solidaridad.
Con semejante objetivo, se tendría que articular "una agencia europea que los emita y los intercambie por la deuda de los Estados miembros no rescatados hasta al menos un 60 por ciento de su PIB". El coste para socios como Alemania y Francia no se podría comparar -por reducido- con el que sufrirían si el mecanismo de asistencia financiera debe continuar rescatando nuevas economías.
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