El anuncio del Gobierno de que, ante la crisis de deuda soberana, va a enjugar déficit con un aumento de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades ha caído como una bomba.
La idea generalizada es que se trata de una solución puramente coyuntural que, en el fondo, lleva una carga política intencionada: endosar al próximo Gobierno un enorme problema de liquidez, al hacerle responsable en 2012 de las devoluciones a las empresas de lo que este año van a anticipar a Hacienda.
Las reacciones contrarias al enunciado de la propuesta no se han hecho esperar. "Es sorprendente el anuncio y mala la medida en sí", ha declarado a elEconomista el presidente del Colegio de Economistas, Valentí Pich. "Drenar la liquidez de las empresas es lo último que se tiene que hacer y más en estos momentos", opina el portavoz de la Organización Profesional de los Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre. "Es una reforma tímida y coyuntural", porque sólo persigue disminuir las necesidades de financiación exterior, ha manifestado Jose María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha).
Aumentar el ingreso que las grandes, y posiblemente también medianas, empresas deben hacer en sus pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades supone que estos contribuyentes deben adelantar unas cantidades al Estado sin contraprestaciones de ningún tipo. Las empresas realizan unos pagos adelantados en un ejercicio a cuenta de los beneficios declarados en el siguiente. El sistema es similar al de las retenciones del IRPF. Hacienda recoge un dinero a cuenta de unos ingresos que se van a declarar en el ejercicio siguiente. Al declarar, se hacen cuentas con Hacienda y ésta tiene que devolver o cobrar.
Pagos del 21 por ciento
Los pagos a cuenta de Sociedades se hacen en los meses de abril, octubre y diciembre y en cada ocasión, la empresa declara un 21 por ciento del total de lo que se supone que debe abonar por su beneficio anual. Este porcentaje es el que ahora quiere subir el Gobierno, aunque todavía se desconoce en qué medida. El alza tendrá lugar en los pagos de octubre y diciembre. En 2012, cuando las empresas realicen su declaración de Sociedades, Hacienda hará cuentas con ellas.
Entonces habrá que devolver "un dinero que las empresas van a anticipar al Estado a un tipo cero", lamenta Francisco de la Torre. El portavoz de los inspectores de Hacienda declara que, con esta decisión, se van a retirar 2.500 millones de euros "de inversión productiva y mantenimiento de puestos de trabajo para financiar al Estado". Lo peor, a su juicio, es que se consigue dinero para enjugar el déficit de 2011 "y para el de 2012, ¿qué se hace? Lo que habría que hacer es una política de consolidación fiscal permanente".
En la misma línea, se expresa Pich, para quien, además, realizar cambios fiscales en agosto representa para las empresas "un lío". "Es una improvisación y un cambio de ritmo que atenta contra la necesaria planificación empresarial", añade.
En Gestha creen que lo que se debe hacer es plantear una reforma legislativa del Impuesto sobre Sociedades con el fin de reducir los beneficios fiscales que, en la actualidad, rebajan en varios puntos el tipo real del 30 por ciento.
A quién afecta
Otro asunto espinoso del anuncio que hizo el domingo la vicepresidenta económica del Gobierno es a quién afecta. A efectos de este tributo, se considera una gran empresa la que tiene 10 millones de euros de facturación anual. Elena Salgado descartó aumentar los anticipos a cuenta a las pequeñas empresas porque éstas "tendrían problemas de liquidez". ¿Y las medianas?, se preguntan los expertos fiscales.
En la actualidad, aproximadamente 20 grandes empresas pagan el 70 por ciento del total de lo que se recauda por Sociedades.
La CEOE hizo público ayer un comunicado en el que, además de lamentar que el Gobierno no haya consultado con la organización empresarial esta medida, augura una disminución de la capacidad financiera de las empresas, "lo que dificultará aún más los esfuerzos de éstas por superar los efectos de la crisis económica". La patronal recuerda que España es la única gran economía de la Unión Europea en la que los préstamos a las empresas siguen contrayéndose.
Reacciones políticas
En el ámbito político, la subida del importe de los pagos a cuenta también ha sido criticada. El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, dijo de esta medida que "es lo fácil: gobernar y que paguen los que vengan después. Si trasladamos un impuesto de 2012 es evidente que el Gobierno está diciendo que ya vendrá otro que lo arreglará". Montoro aconsejó tomar medidas de otro cariz antes del Consejo de Ministros extraordinario del 19 de agosto para calmar a los mercados financieros. Porque, recalcó, la subida no servirá para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit de este año, pues se hace a costa de los ingresos de 2012.
El presidente de CiU, Josep Antoni Duran y Lleida, manifestó que "las empresas no están para adelantar el pago de impuestos, más bien todo lo contrario". El anuncio sirvió al candidato nacionalista para reclamar de nuevo la implantación de la cuenta tributaria, para que el contribuyente sepa qué debe a Hacienda y qué le debe ésta.
El PNV tiene otra actitud. Para su portavoz económico, Pedro Azpiazu, las medidas van "en la buena dirección" para bajar el déficit. "No es fácil acometer reformas de fondo ni recortes del gasto", dijo.
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