Primero fue la Comunidad Valenciana. Luego vino Andalucía y después Madrid. Ahora le toca el turno a Murcia. La Unión Europea (UE) ha abierto una investigación por el urbanismo incontrolado en la costa murciana. La Comisión Europea estudia la posibilidad de imponer una moratoria urbanística en la región y podría abrir expediente de infracción a España por atentar contra directivas de Medio Ambiente
La investigación se inicia a mediados de septiembre por la información que un particular, Diego de Ramón, abogado de la región murciana, envía al Parlamento Europeo.
El pasado 6 de agosto la Comisión de Peticiones decidió admitir a trámite la denuncia por los indicios que apuntaban hacia un overbooking urbanístico en Murcia. Una vez admitida a trámite, el Parlamento pasó el dossier a la Comisión Europea (CE), que ha decidido abrir una investigación, ante la gravedad de los hechos denunciados.
En estos momentos, la CE ultima sus conclusiones. Una vez finalizada la investigación, Bruselas puede abrir un expediente por infracción de dos directivas europeas sobre Medio Ambiente. Esto, en la práctica, supondría que Bruselas denunciará a España por los excesos cometidos en materia urbanística en las zonas investigadas.
Posible modificación
Según ha confirmado a elEconomista un portavoz oficial de la Comisión Europea, "en este caso empezaría otro procedimiento que podría acabar en una petición vinculante a España para que modifique su legislación y sea acorde a la europea. Pero eso es un proceso muy largo y, en cualquier caso, poco probable", explica.
No es la primera vez que la UE pone su lupa en el urbanismo salvaje español. El Parlamento Europeo, a través de una Resolución del pasado 21 de junio, ya sacó los colores a las regiones de Valencia, Andalucía y Madrid por el urbanismo incontrolado. En aquel caso, denunció formalmente la normativa urbanística española, y en particular, la valenciana: "El Parlamento expresa su más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de constructoras y promotoras inmobiliarias que no responden a las necesidades de las ciudades", que "son insostenibles en el plano medioambiental", alertó.
Posible nuevo "tirón de orejas"
No obstante, se quedó en una simple condena, ya que las conclusiones del Parlamento no son vinculantes. Ahora, con Murcia, el Parlamento puede volver a abroncar a España.
De entrada, y al margen de lo que dictamine la Comisión Europea, el Parlamento, a través de la Comisión de Peticiones, agrupará todas las reclamaciones que ya obran en su poder sobre especulación urbanística. Asimismo, ofrecerá a la opinión pública española un informe con las recomendaciones para evitar otro boom informativo, como el que sacudió la Costa Valenciana este verano.
La investigación abierta por Bruselas analizará si realmente existe un overbooking urbanístico en la región murciana. La comunidad autónoma con una población que apenas supera el millón de habitantes (1.200.000) tiene proyectadas más de 300.000 viviendas.
Alteración del equilibrio natural
Este aumento podría derivar en una concentración de población en un territorio que apenas ocupa una decena de kilómetros de la costa mediterránea, lo que alteraría el equilibrio natural.
Como es lógico, estudia cómo afectaría este desarrollo a la contaminación del Mar Mediterráneo, verdadera prioridad en la sede comunitaria.
Moratoria urbanística urgente
Por ello, la denuncia de Diego de Ramón exige una moratoria urbanística que permitirá a los dirigentes de la zona estudiar lo proyectado y lo ya ejecutado y luego decidir la mejor solución para el desarrollo sostenible de la región.
En concreto, el denunciante pide "la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico del Levante murciano y Costa del Mediterráneo".
También exige la tutela del Tribunal de Cuentas Europeo para "fiscalizar las ayudas europeas que no sirvan para fomentar la construcción sin control y rompedora del equilibrio europeo y medioambiental por las rápidas especulaciones, cometiendo corrupciones impropias de la Unión Europea".
Asimismo considera necesaria la intervención del Banco de España, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones "para que no fomenten las infraestructuras de comunicación, autovías, autopistas, aeropuertos y puertos a través de ayudas europeas". Asimismo, considera necesarias auditorías.
