El Pleno del Congreso debatirá hoy una moción para fijar por ley la obligatoriedad del reconocimiento de la deuda por parte de las Administraciones Públicas con los proveedores "en el mismo momento de autorizarse la operación", de forma que no puedan retrasar la emisión de la factura para retrasar el pago.
Esta petición del Partido Popular se hace eco de la denuncia de varios empresarios desde la entrada en vigor hace un año de la nueva Ley de Morosidad, que obliga a las Administraciones a reducir los plazos para pagar a 30 días en 2013, con escalas intermedia de 50 para el presente año y de 45 para el próximo, si bien la cuenta empieza desde la emisión de la factura.
Por ello, según los proveedores, ayuntamientos, comunidades autónomas y también la Administración Central retrasan la entrega de este movimiento con el objetivo de retrasar el abono de la deuda sin infringir la norma, que el PP exige al Gobierno "cumplir y hacer cumplir".
La iniciativa recupera otras propuestas que el PP lleva defendiendo desde el inicio de la crisis, como que sólo se tribute por el IVA de las facturas verdaderamente cobradas, así como establecer un sistema de compensación similar a la cuenta tributaria "para cualquier tipo de deuda reconocida por las Administraciones Públicas".
Asimismo, también se votará el techo de gasto con el que se elaborarán los presupuestos del próximo año y para cuya aprobación el Gobierno confía en conseguir los apoyos suficientes, que aún está negociando
Sueldo privado y pensiones vitalicias
El PSOE y el PP han unido sus voces para impedir que el Congreso tramite una proposición de ley de Esquerra Republicana que pretendía impedir que los expresidentes del Gobierno, el Congreso y el Senado puedan cobrar pensiones vitalicias percibiendo a la vez otra retribución pública o un sueldo proveniente del sector privado.
El pasado mes de enero, tras los fichajes de los expresidentes del Ejecutivo, Felipe González y José María Aznar, por sendas empresas del sector energético español, PSOE y PP ya unieron sus votos para rechazar dos proposiciones no de ley de UPyD y de IU-ICV de contenido muy similar a la que se sometió a votación este martes.
Respecto a la pensión vitalicia que podrían cobrar una vez que alcancen la edad de jubilación, ERC planteaba que fuera del 60% del sueldo previsto para el cargo ejercido por el beneficiario y que ni la pensión ni la indemnización pudieran compatibilizarse con otro sueldo público o con ingresos provenientes del sector privado
En su intervención, Ridao coincidió con la diputada de UPyD, Rosa Díez, en recordar que las leyes en las que se basa el Estatuto de los Expresidentes son preconstitucionales y defendió su iniciativa como una propuesta "higiénica y ejemplarizante" en unos momentos en los que se, muchas veces "injustamente", se acusa a los políticos de padecer el "síndrome de la clase preferente" y de disfrutar de determinados privilegios.
"En este contexto de descrédito hace falta más política y también buenos políticos sin patente de corso. Lo están pidiendo los acampados y una mayoría silenciosa también", apuntó Ridao.
"Vivir con dignidad"
Todos los grupos han defendido que los exp residentes sigan percibiendo unas cantidades que les permitan "vivir con dignidad" y unas disfrutando de unas "prerrogativas acordes con el cargo que ostentaron", pero sólo los minoritarios se han mostrado a favor de que esas retribuciones sean incompatibles con otros ingresos provenientes del sector privado.
Durante el debate fueron constantes las menciones a los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar, -que es consejero de News Corporation, el grupo de comunicación de Rupert Mudorch y asesor externo de Endesa- y a Felipe González, que a principios de año fue fichado por Gas Natural-Fenosa.
Ambos reciben, según han recalcado distintos portavoces, entre 100.000 y 200.000 euros al año por esos puestos, cantidades que suman a sus pensiones vitalicias, lo que para el representante del BNG, Francisco Jorquera, no es "tolerable ni presentable".
Autónomos denuncian la deuda de 1.600 millones