¡Que las supriman! Como si fuera la Reina de Corazones del inmortal cuento de Alicia, Felipe González lanzaba así su peculiar ¡que les corten la cabeza!, en referencia a las diputaciones provinciales.
Un clamor que no es nuevo, porque hace ahora un año, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, apuntaba ya esta reforma de nuestro sistema territorial acompañada, además, de una supresión de ayuntamientos pequeños que no tienen capacidad para invertir ni para autofinanciarse.
Y es que, según los cálculos que manejan responsables de la secretaría de Política Municipal del PSOE, mantener la estructura provincial en España tiene un coste anual próximo a 22.000 millones de euros.
Un mare mágnum de administraciones que nos lleva a la incongruencia de tener nada menos que 17 administraciones autonómicas con 17 parlamentos, 41 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 7 cabildos insulares, 4 consejos insulares y 8.114 municipios -frente a los 5.000 de Alemania o los 98 de Dinamarca-, de los que más de la mitad, 4.862, tienen menos de mil habitantes.
Unas cifras que convierten a España en uno de los países con menor número de habitantes por municipio de la UE y que, en contra de lo que pregona la teoría de la proximidad, la realidad demuestra que tamaña proliferación genera ineficiencias por el exceso de gasto para mantener unas burocracias que no se traducen en una mejora del servicio y la calidad de vida de los ciudadanos. Sobre todo, porque la mayoría no tiene escala para prestar servicios de agua, culturales, deportivos o de recogida de basura.
Un oscuro objeto de deseo
Pero volvamos a las diputaciones, esas administraciones intermedias entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma, que el profesor José Ignacio Rufino ha calificado como "una caridad de la nomenclatura", y que gestionan este año 5.936 millones, incluyendo a los cabildos insulares. Una cantidad equivalente a la que ha tenido que recortar Irlanda para acogerse al rescate comunitario, y que las convierte en oscuro objeto de deseo de los partidos políticos, no sólo por el volumen de recursos, sino por el escaso poder fiscalizador que se ejerce sobre ellas.
Unos entes locales que acumulan también una deuda de 6.358 millones, que este año han recibido otros 4.293 millones de los Presupuestos por su participación en los ingresos del Estado, y cuya función ha quedado, además, relegada ante la voracidad competencial de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos de las capitales de provincia, generando duplicidad de actividades, complejidad burocrática y un incremento de gasto incompatibles con la austeridad y la modernidad.
Y esta idea de la supresión no está sólo en el terreno del PSOE. También las organizaciones empresariales se han apuntado ahora a la idea del adelgazamiento de nuestra estructura territorial.
Concretamente, la patronal CEOE ha planteado un paquete de medidas urgentes que tienen como primer eje de actuación simplificar las Administraciones y reducir su número, rebajando también el número de empleados públicos en las actividades menos necesarias o dupli- cadas por otras Administraciones. Todo ello para evitar que el gasto de personal del Estado siga creciendo, a pesar de la reducción de los salarios, o que los gastos de las comunidades autónomas suban el 5%, mientras los ingresos disminuyen un 2%.
Propone también CEOE recortar las subvenciones a las empresas con pérdidas de un sector público empresarial, "que ha crecido intensamente en los últimos años" y cuyos elevados déficit aconsejarían en muchos casos su privatización.
En esta línea, el Círculo de Empresarios pide directamente la supresión de las diputaciones, unas entidades que califica de "superfluas" y que, asegura, tienen "escaso respaldo social", pues se perciben como alejadas de la realidad y las necesidades de los ciudadanos.
Para los responsables de esta entidad empresarial , este nivel intermedio entre las comunidades autónomas y los municipios "simple- mente añade una complejidad innecesaria, que sólo alimenta el gasto, la confusión competencial y la ineficiencia".
El modelo europeo
Y, en el caso de los municipios, el Círculo de Empresarios considera a Dinamarca como "una buena referencia" para una cualquier reforma en la que se incluya la reducción de ayuntamientos.
La estructura municipal danesa experimentó un profundo cambio cuando los 271 municipios del país se recortaron a la tercera parte. Una reestructuración que respondía "a las crecientes dificultades que las municipalidades en- contraban para hacer frente a las muchas competencias asumidas".
El documento del Círculo explica que la reforma "fue también un reconocimiento explícito de la mala coordinación entre los niveles municipal y provincial de la administración, cuyas competencias no estaban claramente delimitadas en algunos ámbitos". Por eso la solución fue traspasar una parte sustancial de las competencia al nivel municipal, cambio que para generar ganancias de eficiencia requería de municipios de más tamaño.
Suecia y Grecia también modelos
Antes de la reforma danesa, otros países abordaron una transformación similar. El Círculo de Empresarios recuerda cómo Suecia llevó a cabo una drástica reducción del número de municipios, que pasó de 2.281 a sólo 278, por iniciativa del gobierno central.
Y en Grecia, bajo la presión de una situación fiscal "inviable", el Parlamento de Atenas aprobó, en 2010, una ley por la que reducía los 1.035 municipios del país a sólo 355, otorgando a los ayuntamientos con un mínimo de 10.000 habitantes mas poder para que pudieran ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, reduciendo el gasto total.
Respecto a las comunidades autónomas, sólo decir que al finalizar el año 2010 han alcanzado un récord histórico de endeudamiento, equivalente al 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Incluso, en algunas de estas comunidades, como Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, la deuda ha llegado a superar el 15% de su PIB regional. Y la cifra es sólo parcial, porque no incluye la deuda a corto ni la correspondiente a las empresas públicas.
Endesa da 15 días a los municipios para ponerse al día