El PSOE ha conseguido allanar el camino para sacar adelante la reforma de la negociación colectiva. Tanto PNV, que había anunciado que votaría en contra de la convalidación, como CiU, que estaba reconsiderando su postura, han decidido finalmente abstenerse para dar vía libre al texto en el Congreso.
De esta forma, el PSOE ha logrado, en solitario y con apuros de última hora, la aprobación del decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de junio, y que será tramitado como proyecto de ley para poder introducir enmiendas.
En total, han sido 169 votos a favor, todos ellos de los socialistas, frente a 159 en contra y 20 abstenciones. En contra de la reforma de los convenios se han pronunciado el PP (151 votos), ERC (3 votos), IU-ICV (2 votos), BNG (2 votos) y UpyD (1 voto). En cuanto a las abstenciones, 10 corresponden a CiU, otras 6 a PNV, 2 a Coalición Canaria y 2 a UPN.
Negociaciones intensas
A lo largo de la mañana, las negociaciones entre miembros del Gobierno y los representantes de las dos formaciones nacionalistas han sido muy intensas. Todo apuntaba a que el Congreso lograría daría el visto bueno al real decreto, pero el cambio de postura de PP, CiU y PNV dejó la votación en el aire.
Pero, poco antes de que se produjese la votación, la formación vasca informaba de que había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo para que se mantuviese la "prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales".
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, fue el encargado de defender la reforma en el Congreso. El socialista destacó que los "cuatro rasgos fundamentales" que configuran el carácter de esta propuesta son la "profundidad, eficacia, equilibrio y respeto". Además, se mostró confiado en que su aplicación refuerce "la confianza externa en nuestra economía".
Sin embargo, los distintos grupos parlamentarios coincidieron en que era necesaria una reforma de la negociación colectiva, pero no la que presentaba el Gobierno. También lamentaron que no haya habido acuerdo entre los agentes sociales y que no servirá para crear empleo.
Claves y puntos polémicos
La reforma elaborada por el Ejecutivo trata de buscar un punto de equilibrio entre las posturas que mantuvieron las organizaciones sindicales y empresariales antes de la ruptura de la negociación.
Por un lado, el Gobierno mantiene la ultraactividad de los convenios, es decir, la continuidad de las principios que regula el convenio más allá de su vigencia. Por el otro lado, amplía la flexibilidad interna de las empresas, fijando un porcentaje mínimo del 5% de la jornada laboral que se puede distribuir de forma irregular, y anteponiendo los convenios de empresa a los provinciales.
No obstante, uno de los puntos que en el futuro podría crear más polémica es la deriva obligatoria de los conflictos que surjan en la renovación de los convenios a un arbitraje vinculante. En este caso, los agentes sociales defienden que es inconstitucional obligar al arbitraje para resolver los conflictos, aunque el Ejecutivo defiende que no es así ya que es una medida transitoria hasta que sindicatos y empresarios firmen el próximo acuerdo interconfederal.
Asimismo, la reforma fija un plazo máximo para la renegociación de los convenios, que será de ocho meses en el caso de los acuerdos con una duración inferior a los dos años, y de hasta 14 meses para los que superen ese tiempo. Sin embargo, la reforma ha suscitado las críticas tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales.
Negociación colectiva: los puntos claves
