La CE actuará contra la morosidad de todas las administraciones en España

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Como si fuera un supercobrador del frac, la Comisión Europea está decidida a acabar con el flagrante incumplimiento de los plazos legales de pago a los proveedores, que se ha convertido en práctica habitual en las Administraciones Públicas de los Estados miembros. Una vulneración de ley que afecta sobre todo a Italia, España y Grecia y que en el caso español adquiere especial relevancia en los ayuntamientos.

Así lo ha anunciado el comisario europeo de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, en una respuesta parlamentaria, ante la Cámara Europea de Estrasburgo, en la que afirma que la nueva Directiva de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales "se publicará en el Diario Oficial durante la primavera de 2011 y deberá ser transpuesta por los Estados miembros en el plazo de dos años", es decir con fecha tope de 2013.

Una vez que las disposiciones de la nueva Directiva se hayan transpuesto en todos los Estados miembros "las situaciones como las que ocurren en España se considerarán contrarias al Derecho de la UE".

El anuncio del comisario y vicepresidente de la CE se produce tras las denuncias de eurodiputados españoles alertando que la mayoría de las administraciones autonómicas y locales están incumpliendo sistemáticamente los plazos de pago que marca la reforma de la Ley de Morosidad, aprobada en julio del año pasado y que establece la obligación para las Administraciones de pagar en 30 días, con algunas excepciones sectoriales, como en la Sanidad, en que el plazo se amplía hasta un máximo de 60 días.

Cierres y pérdida de empleo

En la actualidad, el plazo medio de pago de las Administraciones Públicas a contratistas y proveedores es de 154 días -el segundo más alto de la UE- frente a una media europea de 62 días. Y esto es sólo la media, porque los datos que maneja la Plataforma Multisectorial Antimorosidad muestran cómo algunas comunidades autónomas están pagando con más de un año de retraso y muchos ayuntamientos a más de 600 días.

A este respecto, Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma y secretario general de Pimec (la confederación de pequeñas y medianas empresas de Cataluña) recuerda que "desde el 7 de julio pasado, el que paga por encima de 85 días lo hace ilegalmente", y apunta que mientras el sector privado "está corrigiendo sus períodos de pago, que han bajado de 101 días a 94,4, en las Administraciones ocurre todo lo contrario". En concreto, durante el último año se han ampliado desde una media de 157 días hasta 161.

Este es un "problema primordial para el 98 por ciento de las empresas de este país", añade Cañete, quien asegura que "la morosidad, sobre todo de los ayuntamientos, se ha convertido en la primera causa de pérdida de puestos de trabajo y de cierres en las pymes".

Denuncia también que tras la decisión del Gobierno de suprimir la anunciada Línea del ICO para los ayuntamientos y "como estos ahora no se pueden endeudar, lo están haciendo a través de los proveedores", por lo que "si esta situación no se corrige van a seguir cerrando empresas y mandando más trabajadores al paro".

Denuncias anónimas

Desde el inicio de la crisis, en 2008, Pimec tiene registrados más de 400.000 cierres empresariales en España, mientras que los ayuntamientos han elevado su deuda reconocida a 3.000 millones de euros.

Y mientras llegan las actuaciones de Bruselas, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha puesto en marcha una estrategia de "denuncias anónimas". Se trata de que desde la plataforma o algunas de las asociaciones empresariales integradas se formulen denuncias, por vía judicial, contra las empresas o administraciones que incumplen su plazos de pago.

Estas denuncias se hacen siempre a iniciativa de una empresa o autónomo, al que se guarda el anonimato para evitar que los denunciados u otras grandes empresas y administraciones tomen represalias económicas contra el denunciante. La primera denuncia se ha iniciado ya, contra Ferrovial.

La nueva directiva comunitaria, que obliga a pagar las facturas en un plazo máximo de 30 días naturales, será de aplicación obligatoria para todos los pagos por operaciones entre empresas, o entre empresas y autoridades públicas, cuyo fin sea la entrega de mercancías o la prestación de servicios.

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