Las elecciones autonómicas que se celebran el próximo domingo servirán, entre otras cosas, para reactivar la colocación en bolsa del 49 por ciento del capital del Canal de Isabel II, operación anunciada en el mes de septiembre de 2008 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que sin embargo todavía no ha llegado a concretarse por distintas razones.
Entre ellas, la prolongada inestabilidad de los mercados financieros, que tiran a la baja de su valor, así como la fuerte oposición de los trabajadores de la compañía, del PSOE y del conjunto de asociaciones ciudadanas agrupadas en torno a una plataforma, opuestas a la venta. Tres factores de inestabilidad sindical, política y social que han aconsejado postergar la decisión hasta después de celebrados los comicios autonómicos.
La privatización parcial de la sociedad creada en el año 1851 afecta de lleno a su actual presidente, Ignacio González, por distintas causas. La primera y más importante de todas es que una vez materializada la operación de venta parcial debería optar entre seguir presidiendo la nueva sociedad anónima semipública, o bien centrar su carrera política en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del que actualmente es vicepresidente primero y portavoz.
La elección de esta segunda opción conlleva riesgos si se confirman los rumores que circulan por los cenáculos políticos madrileños, que apuntan a que Esperanza Aguirre no concluirá su tercera legislatura al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid porque su deseo es alcanzar cumbres más altas una vez que Mariano Rajoy gane las próximas elecciones generales y se instale en el Palacio de la Moncloa.
El peor escenario
Y este es el peor escenario al que Ignacio González puede enfrentarse dada la distante relación que mantiene con el presidente gallego del Partido Popular, quien le esquinó con motivo del obligado relevo de Miguel Blesa en la presidencia de Caja Madrid. Es sabido que González era el candidato predilecto de Esperanza Aguirre para ocupar el sillón vacante, pero en una maniobra envolvente Mariano Rajoy decidió situar a un hombre de su plena confianza y reconocida trayectoria profesional: Rodrigo Rato, exministro de Economía y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ignacio González es consciente de la compleja situación a la que debería enfrentarse si Esperanza Aguirre decide ampliar los horizontes de su carrera política, y por esta razón ya ha comenzado a transmitir a sus allegados el deseo de seguir como presidente en la nueva etapa que se avecina en el Canal de Isabel II, según reconocen fuentes conocedoras de la situación.
Trabajo hecho
Y es que el Canal de Isabel II es un pastel muy goloso y apetecible. La compañía que abastece de agua a cerca de 6,5 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid tiene prácticamente todos los deberes hechos para llamar a las puertas de la Comisión Nacional del Mercado deValores (CNMV) y registrar el folleto informativo, paso previo para poder saltar a la arena del capital privado.
Los distintos trabajos encargados a BBVA, Concinsa, Rothschild y Cuatrecasas por un valor global de 1.144.235 euros están concluidos. BBVA ha realizado dos informes: uno sobre el asesoramiento financiero y otro sobre los servicios de consultoría y valoración de acciones. Concinsa ha elaborado un documento relacionado con los bienes patrimoniales; Rothschild sobre el contenido económico, y el famoso despacho Cuatrecasas se encarga del asesoramiento legal.
Los dos bancos contratados para asesorar la operación estiman que el Canal de Isabel II tiene un valor de mercado que oscila entre los 2.800 y los 3.000 millones de euros, cantidad que incluye los cerca de 1.000 millones de euros que acumula la sociedad. Este valor se corresponde con otras compañías que cotizan en bolsa y cuyo ratio es ocho veces el beneficio operativo.
Uno de los mayores atractivos de la sociedad es su patriomio inmobiliario, compuesto por más de 200 viviendas y solares distribuidos por toda la comunidad madrileña. Con una plantilla integrada por 2.500 empleados, la compañía obtuvo una facturación de 740 millones de euros en 2009 y su beneficio de explotación ronda los 350 millones de euros. Cuenta con siete filiales (Hidraúlica Santillana, Hispanagua, Canal de Comunicaciones Unidas, Canal Energía, Canal Extensia, Gss Venture e Hidroser), gestiona catorce embalses y controla 14.136 kilómetros de la red de tuberías por las que discurre una de las aguas más apreciadas de España.
La colocación parcial del Canal forma parte de la discusión previa a las elecciones. El secretario general del PSM y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, no se cansa de repetir que la privatización resulta "inmoral" y "no tiene sentido" porque la empresa es rentable. El político también ha dejado claro que si logra finalmente gobernar la sociedad "seguirá siendo de todos los madrileños".
Parecidos argumentos sostiene Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, para quien la colocación "tiene que ver con el negocio del agua y las aspiraciones de determinados sectores económicos madrileños para convertir en un negocio lo que hoy es patrimonio común de los madrileños".
Tras las bambalinas y esperando el momento adecuado se encuentra Aguas de Barcelona, principal candidato a formar parte de la futura sociedad anónima.
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Arranca la privatización del Canal Isabel II