Las dudas sobre la reducción del déficit se trasladan tras el 22-M a las autonomías
"No sabéis cómo fue la noche del 12 de mayo y la noche de la votación. Llegar al último día de la legislatura será nuestro logro y el fracaso del PP". La confesión la realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 2 de abril, jornada en la que anunció su renuncia a presentarse a un tercer mandato y en la que defendió, por primera vez tras meses de incertidumbre, que el peligro de una posible intervención internacional de España quedaba atrás.
Un año después de aquel fatídico 12 de mayo de 2010 en el que Zapatero renunció a su política económica y a parte de su programa ideológico acometiendo el mayor recorte social de la democracia, el balance arroja luces y sombras teñidas siempre de unas dudas que han cedido la batuta de mando a los mercados internacionales y a las agencias de calificación de riesgo.
El Gobierno ha cumplido con las cifras. Ha recortado el gasto y ha subido los impuestos tras fijar como prioridad máxima de su política económica cumplir con el mandato de rebajar el déficit público. "Cueste lo que me cueste", defendió Zapatero el 14 de julio en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Sin embargo, son muchas las voces que apuntan a un fracaso en la puesta en marcha de unas reformas, también exigidas por los organismos internacionales, que están sobre el papel -o ultiman sus flecos finales, como es el caso de la reforma de la negociación colectiva que negocian sindicatos y patronal-, pero que no han tenido los resultado esperados en la práctica.
Salen las cuentas
El primer gran plan de ajuste que Bruselas impuso el 9 de mayo a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, llegó en una interminable reunión del Ecofin motivada por el rescate de Grecia confirmado días antes. Caía la primera ficha de un dominó periférico y, tres días después, Zapatero se vio obligado a subirse a la tribuna del Congreso para anunciar la congelación de las pensiones en 2011, un recorte del sueldo de los funcionarios de un 5 por ciento de media, para aplicar una severa tijera en la inversión pública y suprimir el cheque-bebé, otrora ejemplo de su política social.
Los recortes convencieron fuera. Pero dentro pusieron al Ejecutivo socialista contra las cuerdas. La votación que tuvo lugar el 20 de mayo es la más tensa de las que se recuerdan, tal y como después ha reconocido el Gobierno. Sólo hubo un voto de diferencia. El PP, el PNV y los grupos de izquierda se opusieron al plan de ajuste y la abstención de CiU, CC y UPN permitió al PSOE aprobar el recorte y no verse abocado a un adelanto electoral y a un posible rescate, como también los socialistas han admitido tras comprobar la sucesión de acontecimientos acaecidos en abril en Portugal, tercer país en caer.
Entre medias, España volvió a verse cuestionada tras la intervención de Irlanda a finales de noviembre. Acción, reacción. Zapatero volvió al Hemiciclo el 1 de diciembre a anunciar su plan B: un plan protagonizado por privatizaciones, rebajas fiscales y el final de los 426 euros de ayuda a los parados sin subsidio. Los impuestos del tabaco acababan de subirse. Si sacamos la calculadora, según confirman desde Economía, las cuentas salen y eso se tradujo en que España cerrara 2010 con un déficit del 9,2 por ciento.
No hay resultados
Otra cosa son las reformas estructurales. El nuevo modelo de mercado laboral, que provocó la primera huelga general al Ejecutivo Zapatero, está lejos de dar resultados en un escenario en el que la tasa de paro ha marcado en el 21,29 por ciento y la contratación indefinida no llega pese a la generalización del contrato de 33 días. En el horno está el nuevo marco de convenios.
La reforma financiera se tradujo, primero, en una Ley de Cajas para captar capital privado que no dio resultados y obligó, en febrero, a incrementar los niveles de solvencia de las cajas para obligarlas a captar capital privado. Hoy, los procesos de fusión siguen en marcha.
Mientras, la reforma de pensiones -que retrasará progresivamente la edad de jubilación de los 65 a los 67 años a partir de 2013- logró que el Gobierno recuperara la foto del diálogo social con patronal y sindicatos en febrero. En septiembre, se había asegurado la estabilidad parlamentaria que le permitirá agotar la legislatura con el PNV y CC.
¿Y ahora qué?
Un año después, el foco de la incertidumbre se ha desplazado del Estado a las autonomías, que fueron las malas alumnas en 2010 y no cumplieron con la consolidación fiscal. En el horizonte, el 22-M alerta de que los posibles cambios en los gobiernos regionales puedan hacer aflorar un déficit autonómico oculto (como ocurrió con Cataluña) que obligue al Ejecutivo a tomar las riendas y acometer un nuevo ajuste "cueste lo que cueste".
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Zapatero asegura que no habrá nuevos ajustes
