El presidente extremeño abre el debate sobre la devolución de la competencia para frenar impagos. La deuda sanitaria autonómica podría alcanzar los 15.000 millones de euros.
La Sanidad se ha convertido en un quebradero de cabeza para las comunidades autónomas, justo cuando este lunes se cumplen 25 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad que descentralizó el modelo. A falta de cifras oficiales, la deuda sanitaria autonómica podría alcanzar los 15.000 millones de euros, casi tres veces más que los 5.574 millones detectados en gasto no reflejado en los Presupuestos por la Intervención General del Estado en 2006.
Expertos de PwC confirman que la deuda global ha llegado a 15.000 millones de euros y alertan del impacto del déficit sanitario en el crédito español. "El hecho de que haya un déficit reconocido junto con otro déficit oculto, en forma de facturas no pagadas, puede poner en cuestión la credibilidad de las cuentas públicas", sostienen en el informe de la consultora moderado por los exministros Jordi Sevilla, Ana Pastor y Julián García Vargas y en el que también participan los consejeros de Salud de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.
Presupuestos irreales
Y lo peor es que nadie va a poner freno al gasto o reconocer la creciente deuda hasta después de las elecciones del 22 de mayo y siempre que se produzca un vuelco electoral, como ha sucedido en Cataluña con los recortes anunciados por valor de 1.000 millones de euros, el 10 por ciento de su presupuesto en salud, y que han levantado en armas a los profesionales sanitarios.
Lo que resulta evidente es que, tras casi una década de crecimientos presupuestarios superiores al 8 por ciento anual de media que han permitido a España igualar su inversión en sanidad con la media de la OCDE en 2008 (9 por ciento del PIB), las desviaciones en las cuentas siguen siendo la regla y ya rondan el 10-15 por ciento del gasto autonómico (59.738,1 millones sobre los Presupuestos en 2010).
Si continúa este ritmo, el gasto sanitario podría duplicarse en diez años, hasta los 135.000 millones de euros, advierte Fedea. Comunidades autónomas como Valencia dedican ya el 40 por ciento de su presupuesto a financiar la sanidad.
Los proveedores son quienes sostienen por ahora el sistema. Las regiones ya adeudan a laboratorios y empresas de tecnología más de 7.300 millones, con demoras en los pagos superiores a los 600 días en Cantabria (666 días) o Baleares (645), mientras que la actividad concertada en centros privados sufre recortes y retrasos y las farmacias ven con preocupación cómo el presupuesto para medicamentos se volverá a agotar en septiembre. Las boticas valencianas incluso han tenido ya problemas para cobrar febrero. De poco han servido además los ajustes periódicos del precio de los fármacos porque España es, junto con Francia, el país que más medicinas gasta. El 87 por ciento de las visitas de los pacientes a la consulta médica acaban en una prescripción en España, según un reciente informe del Parlamento Europeo.
Pero no es la única brecha abierta. Las desigualdades en la asistencia sanitaria fruto de la gestión autonómica y la falta de coordinación del sistema son una realidad y así las han denunciado el Consejo Económico y Social (CES) y el Defensor del Pueblo. Tiempos de espera que en Galicia o Cantabria triplican los de Aragón o Castilla-La Mancha, calendarios de vacunación distintos, financiación a la carta de medicamentos en Andalucía, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Aragón o de tratamientos para dejar de fumar y atención bucodental son la norma.
Son síntomas de las diferencias en el gasto sanitario per capita entre comunidades derivadas de la desigual capacidad fiscal para financiar las prestaciones. Es el caso de Baleares, con un presupuesto de 1.033,36 euros por habitante en 2011, y el País Vasco, con 1.563,68 euros, más de un 40 por ciento de diferencia. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la devolución de competencias en distintas parcelas de la sanidad, porque "no puede haber de todo en todas partes". Incluso el consejero de Salud del País Vasco, Rafael Bengoa, admitió recientemente, medio en broma medio en serio, que de ser los primeros en recibir las transferencias "podrían ser también los primeros de devolverlas".
Con menos cortapisas, la Academia Europea de Ciencias aboga por "recentralizar" el Sistema Nacional de Salud (SNS), como ocurre en el resto de Europa. "El modelo actual conduce a capacidades de financiación diversas y, por tanto, a niveles de atención sanitaria también diferentes", sostienen en el Libro Blanco que reclama "una política común para las grandes infraestructuras y centros de referencia, abordando el desarrollo de servicios horizontales para todas las comunidades". El economista Juan Velarde va más lejos al asegurar que "las autonomías no tienen ningún papel en el mundo sanitario".
Sí hay coincidencia entre los expertos y los políticos a la hora de revisar el sistema de financiación autonómica para que el presupuesto sea finalista. El secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, reclama este cambio para que las rebajas de los salarios o del precio de los medicamentos se queden en sanidad y superar así la "insuficiencia financiera crónica" del sistema.
Más discrepancias existen en las fórmulas para reducir el gasto o incrementar los ingresos vía impuestos o uso de copagos, como propuso y rectificó por las críticas recibidas el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Un toro que, de momento, nadie quiere torear pero que, según los expertos, es inevitable. Incluso entre estos los hay que piden extender el copago a todas las prestaciones que no sean estrictamente sanitarias.
"Cataluña no permitirá una sanidad con elevado déficit