La ofensiva desencadenada por sectores republicanos y nacionalistas contra la Monarquía preocupa al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al considerar que la Corona, desde el inicio de la Transición, es un pilar esencial para la estabilidad democrática.
Medios cercanos al servicio de inteligencia se muestran cautos a la hora de precisar si se han enviado informes a La Moncloa valorando el alud de iniciativas políticas y actividades de fuerte impacto mediático que se suceden en los últimos meses y tienen como diana a la institución monárquica.
La "marea republicana" es tema de conversación entre directivos del Centro, no porque sus miembros muestren una u otra preferencia política, sino porque desde un sentido estrictamente profesional saben que una imagen de inestabilidad institucional repercute en los intereses exteriores de España, tanto diplomáticos y económicos, como de defensa y seguridad. Y más, si se abre paso entre los Gobiernos vecinos la idea de que España puede estar en los prolegómenos de un nuevo modelo de Estado.
Es significativo que un porcentaje creciente de los 3.000 funcionarios del CNI sean civiles que han ingresado en el servicio secreto en los últimos seis años, por lo que ya no se puede hablar de que militares conservadores contaminen o mediaticen el pensamiento de La Casa, como llaman familiarmente al servicio. "Por primera vez en 32 años desde que don Juan Carlos asumiera la Jefatura del Estado se ha roto el pacto de las fuerzas políticas de mantener a la Corona al margen de las luchas partidistas", apuntan los citados medios.
En el último año, el nacionalismo republicano -liderado por ERC- ha lanzado una batería de iniciativas parlamentarias y preguntas al Gobierno con el fin de replantear el papel de la Monarquía en la España del siglo XXI; cuestiones que tienen por finalidad "abrir el camino hacia un Estado confederal". Esta estrategia política ha tenido continuidad en la calle y su lógico reflejo mediático en una sociedad donde el derecho a la información y la libertad de expresión son logros democráticos irreversibles.
Sin embargo, tanto en los servicios de inteligencia como en medios parlamentarios se responsabiliza en buena parte tanto al PSOE como al Partido Popular de las dificultades por la que atraviesa la Monarquía. Por ejemplo, se llama la atención del hecho de que, desde la aprobación de la Constitución en 1978, ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias mostrase interés en proponer al Parlamento la Ley de la Corona que debía regular aspectos esenciales de la institución, entre ellos, el papel del Rey como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas (función para muchos anacrónica y que fue una mera transposición del máximo poder militar que tuvo Francisco Franco hasta su muerte). "Manda sobre los Ejércitos lo que en un sistema democrático debería recaer en el presidente del Gobierno", afirman fuentes parlamentarias.
Menos competencias
De ahí que el Gobierno de Rodríguez Zapatero haya ido recortando "por la puerta de servicio y de tapadillo" las competencias militares de don Juan Carlos. Pero se da la circunstancia de que este recorte constituye un paso previo imprescindible a la hora de emprender un cambio de modelo territorial.
Así, a partir de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de 2005, el Rey dejó de presidir el Consejo de Defensa Nacional, convertido en "el órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo del presidente del Gobierno" en la dirección de los conflictos armados y situaciones de crisis. El Consejo sólo informará al Rey a propuesta del presidente del Gobierno.
Una anécdota ilustra el fortalecimiento de los poderes del presidente del Gobierno: un populista ministro de Defensa se dirigió a Zapatero, que presenciaba unos ejercicios navales a bordo del portaaeronaves Príncipe de Asturias, como Comandante en Jefe, término que no existe en la nomenclatura militar española.
La Ley de la Corona debía también haber regulado la carrera militar del Heredero. La Ley de 1999 de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas urgía a ello, pero el PP tampoco abordó el tema en sus dos legislaturas. El Príncipe de Asturias asciende de empleo militar al mismo tiempo que sus compañeros de promoción, pero permanece abierto a la improvisación que, en el momento en que sea coronado Rey , asuma también el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.
Esta iniciativa legislativa de desarrollo constitucional está incomprensiblemente pendiente como recordó con gran sensatez y oportunidad el profesor Julián Marías en la conferencia magistral que pronunció en el Congreso de los Diputados al celebrarse el vigésimo aniversario de la Constitución y que, de forma sospechosa, la Secretaría General del Congreso de los Diputados nunca llegó a editar.
Dejaciones que han dejado hueco, a juicio de diputados con varias legislaturas a sus espaldas, para que los senadores de ERC, encuadrados en la Entesa Catalana de Progrés (grupo parlamentario que comparten con el PSC e IU-ICV), presentasen la semana pasada una enmienda al proyecto de Ley de la Carrera Militar por la que el Rey deje de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
ERC propone que sea el jefe del Ejecutivo el que ostente el máximo empleo militar porque "no se puede admitir en democracia que el máximo rango militar se otorgue en función de nacimiento y no de capacidad", a pesar de que el artículo 62 de la Constitución asigna al Rey esta competencia.
"La poda metódica de las funciones militares del Rey heredadas del franquismo concuerda con la filosofía que impregna el Estatut catalán o el anuncio del lehendakari Ibarretxe de convocar un referéndum sobre el futuro del País Vasco el 25 de octubre de 2008, dentro de los previsibles planes de Zapatero de ir hacia un nuevo modelo de Estado", subrayan dos senadores de partidos regionalistas. Además, enfatizan la importancia que para los planes de los partidos republicanos reviste que don Juan Carlos deje de ser el Mando Supremo de los Ejércitos.
El artículo 8 de la Constitución determina que las Fuerzas Armadas, y sólo ellas, "tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".
Reforma constitucional
"Para reformar la Carta Magna y que el Ejército deje de ser garante de la integridad territorial, el Rey debe perder antes su función de Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, aunque sea pasando por encima del artículo 62 de la Constitución, herencia de Franco", explican los senadores.
Causaba estupor entre los nacionalistas moderados que el PP hubiera dejado solo, o al menos ésa era la apreciación pública, al Rey . Ante el calado de lo que está en juego, el presidente popular, Mariano Rajoy, ha salido en defensa de su papel en las últimas horas criticando al jefe del Ejecutivo al afirmar que éste es "incapaz de hacer pedagogía y recordar que la institución monárquica tiene tradición y ha sido un factor de unión en España durante los últimos años".
Si el recorte de las funciones militares del Monarca llevado a cabo por el Gobierno es una de las "llaves maestras" para alumbrar un modelo diferente de Estado en el caso de una nueva victoria electoral de Zapatero, la ofensiva de los nacionalistas republicanos contra la Corona persigue -a juicio de medios cercanos al servicio de inteligencia- una finalidad complementaria: "Ganar espacios en la sociedad española a base de deteriorar a la institución monárquica". De no obtener la mayoría absoluta en marzo, Zapatero volvería a contar con los controvertidos nacionalistas, sus aliados naturales.