La primera piedra con la que se ha topado la nueva medida de ahorro energético del Gobierno han sido las autonomías, especialmente Madrid y Barcelona, que se han declarado en rebeldía ante la decisión de rebajar el 5% del precio de los billetes de tren de cercanías y media distancia.
La rebaja en los cercanías afectará sólo al 4% de los viajes que se realicen en la Comunidad de Madrid, pues el resto utiliza metro o autobús, o si viaja en cercanías lo hace con billetes del Consorcio Regional, precio que no fija el ministerio, señaló ayer el consejero madrileño de Transportes, José Ignacio Echeverría.
Echeverría tilda la medida de "electoralista" y le gustaría saber "quién va a poner ese dinero, al proponer una bajada del 5% y no negociar con ninguna comunidad".
Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, se unió a las quejas, asegurando que la reducción de la velocidad afectará a las comunidades autónomas porque tienen transferidas el gravamen del carburante. Unas palabras que fueron respondidas por el ministro de Fomento, José Blanco, expresando que "sería bueno rebajar el precio del Metro de la misma forma que se ha bajado el de los trenes de cercanías".
Una decisión, la de extender la rebaja al metro y el autobús, que desde la Comunidad no ven clara, pues según sus cálculos el coste sería de unos 45 millones anuales, algo inasumible para las arcas públicas.
Arma de doble filo en Cataluña
Por su parte Cataluña, que recibió las competencias de cercanía el pasado año, y por lo tanto le tocará afrontar ese gasto. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, mostró su "perplejidad y desconcierto" por no haber sido consultados antes de tomar tal disposición.
Desde la comunidad catalana advierten que no tomarán ninguna medida hasta que no se les detalle quién y cómo van a asumir los gastos de la medida y han encargado un estudio para ver hasta qué grado es asumible la rebaja, y "cómo se va a compensar", cuestionó Homs.
Sin embargo, Mas podría negarse a rebajar el precio del billete gracias a la descentralización, sin embargo, le tocaría defender ante los catalanes el por qué son ellos los que tienen que pagar más que el resto de los españoles, por el mismo servicio.
Hacienda perdería 620 millones anuales
