Al final Esperanza Aguirre se ha salido con la suya. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado reducir el número de los liberados que existen en la Administración regional con el apoyo de los representantes de los trabajadores.
El consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, firmó ayer con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF un acuerdo que reduce las horas sindicales en un 60 por ciento, lo que recortará el número de liberados de los 3.400 que existen en la actualidad a sólo 1.400.
Al mismo tiempo, el descenso de liberados acarreará la supresión de varios de sus órganos de representación, pasando de 131 a 58, de los cuales entre 36 y 40 serán comités de empresa. Todas estas medidas supondrán un ahorro económico de unos 73 millones de euros de forma anual.
Para el responsable autonómico, éste es un "acuerdo histórico", que va en la línea de racionalizar la representación sindical". Una opinión, que no ha sido compartida por los sindicatos, cuyos representantes regionales se han visto "forzados" a aceptar "un recorte sin precedentes de los derechos sindicales en la Comunidad de Madrid", afirmó el coordinador del Área Pública de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez.
La batalla viene de lejos
Y es que la lucha emprendida por la Comunidad de Madrid contra los liberados data de septiembre de 2010, cuando la presidenta anunció esta medida en la presentación de los Presupuestos regionales. Entonces, Aguirre anunció el recorte de las horas sindicales como una pieza más de su política de austeridad.
Aguirre denunció que era "la madre del cordero" que "3.000 señores pagados por el contribuyente no fueran a trabajar". Unas declaraciones que levantaron la polémica y provocaron que incluso el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, le refutara a Esperanza Aguirre que "los liberados son los que deben estar".
Así las cosas, el Gobierno regional incluyó en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos un programa de medidas urgentes de índole fiscal, administrativa y de racionalización del sector público, en el que se establecía reducir las horas sindicales al mínimo legal: 40 horas mensuales por representante, tal y como marca el Estatuto de los Trabajadores.
Actualmente, las horas sindicales alcanzan las 75 horas por representante en Madrid, un aumento que se debe casi en su totalidad a los acuerdos firmados, la mayoría de ellos de forma sectorial, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en 2003.
Los representantes pueden ceder sus horas a un solo delegado para que libere todo su tiempo. En total, hay 340.000 representantes.
De este total, 2.400 son liberados en el sector privado, donde las horas se suelen adaptar al mínimo. No obstante, en el ámbito público, este número se dispara. El único dato que se conoce es el que ofreció el Gobierno en 2010, cuando afirmó que los liberados suponían el 0,14 por ciento de los funcionarios.
Subvenciones a CCOO y UGT
Por otra parte, el BOE publicó ayer la concesión de Trabajo de una subvención a los sindicatos de CCOO y UGT. El subsidio es de 15 millones de euros (7,4 millones a CCOO y 7,3 millones a UGT) por la participación en órganos consultivos.
Los sindicatos contra el plan financiero
