Los poseedores de una hipoteca no podrán saldar su deuda con la entrega de la vivienda. No obstante, pese a que este punto defendido por CiU en el Congreso de los Diputados no ha prosperado, el PSOE y el grupo catalán alcanzaron ayer un acuerdo para aprobar una moción que insta al Gobierno a acometer las "modificaciones normativas necesarias" para "perfeccionar" la regulación hipotecaria que "limite" los "efectos sociales" derivados de los embargos de vivienda por el impago del préstamo.
Este texto suaviza los términos de las propuestas originales presentadas por el portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macias, en su interpelación que dirigió hace dos semanas al ministro de Fomento, José Blanco, en la que solicitaba que se modifique la legislación hipotecaria y procesal a este fin. No obstante, el Gobierno y el Grupo Socialista dejaron claro desde un principio que, "bajo ningún concepto", estaba dispuesto a evaluar "ni mucho menos aplicar" esta idea.
Entre las medidas de CiU respaldadas ayer por la Cámara destacan el compromiso de estudiar medidas para fomentar el pacto en las escrituras de constitución de hipotecas de manera que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados, no alcanzando a los demás bienes del patrimonio del deudor.
De esta manera, "se salvaguardian los sueldos y pensiones a quienes se embarga su residencia incrementado las cuantías fijadas actualmente como inembargables". Además, contemplará posibles modificaciones legislativas para permitir la paralización de la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual cuando el deudor se encuentre incurso en procedimiento concursal, en los mismos términos que la legislación aplica en el supuesto de empresario concursado.
Pese a que el resto de los grupos parlamentarios mostraron también su preocupación por este problema de exclusión social, la federación nacionalista sólo contó con el apoyo de los socialistas, que presentaron una enmienda de sustitución, y del Grupo Mixto.
