Ni brotes ni verdes, al menos para el crédito a las empresas y familias, que seguirá anclado en una sequía prolongada, hasta el punto de que podría cerrar el año en curso con una caída histórica del 10%.
Esa es la dramática previsión que la Comisión de Economía de la CEOE avanzó a la cúpula de la patronal española durante la última reunión de la Junta Directiva, en la que su presidente, José Luis Feito, alertó también de que la crisis "se está cerrando en falso".
Especialmente grave es, en este contexto, la carestía del crédito a la que las entidades financieras españolas están sometiendo a las empresas, especialmente a los autónomos y pymes, y a los hogares, y que para el sector empresarial es el problema más grave, junto a la morosidad, que tiene la economía española por sus efectos negativos sobre el consumo y la inversión y, en consecuencia, sobre la creación de puestos de trabajo.
Esta caída del 10 por ciento en el crédito al sector privado que sería, de confirmarse, "la mayor de las conocidas en España", ha causado una honda preocupación en el empresariado nacional y se justifica por los resultados de los famosos test de estrés a los que se han sometido los bancos europeos.
Unos resultados que, en opinión de los técnicos de CEOE, van a obligar a las entidades financieras españolas, fundamentalmente a las cajas de ahorros, a endurecer las condiciones de financiación.
Ahorro y deuda
"La mayor parte de los préstamos que tienen las cajas son hipotecarios, a largo plazo, con alta morosidad y, además, con una valoración desproporcionada de los activos inmobiliarios", aseguran miembros de la Junta Directiva de la patronal para explicar las razones de tan alarmantes previsiones.
Para los responsables de Economía de la organización que preside Gerardo Díaz Ferrán, "la situación a la que se enfrenta la economía española hoy es que los ahorradores exteriores no quieren seguir financiándonos tanto como antes y lo hacen muy selectivamente y a tipos de interés que conllevan una prima de riesto extraordinariamente elevada".
A este respecto, el informe empresarial sobre Políticas para Recuperar la Confianza en la Economía Española apunta que España "tiene una deuda exterior neta que supone alrededor del 93,6 por ciento del PIB, la mayor de todos los países industrializados".
Una deuda que es resultado de la sucesiva acumulación de cuantiosos déficits de la balanza de pagos por cuenta corriente, o lo que es lo mismo, de la continua importación de ahorro exterior para financiar el gasto público y privado no cubierto por el ahorro interno a lo largo de los últimos años.
Mientras, la última encuesta del Consejo Superior de Cámaras sobre el acceso al crédito de las pymes muestra que las empresas españolas lo siguen teniendo difícil para conseguir dinero. De las 1,2 millones de pymes que intentaron acceder a financiación ajena en el segundo trimestre de ese año, más del 85 por ciento tuvo problemas para conseguirla. Y, de ellas, el 12 por ciento no pudo acceder a los préstamos que demandaban.
El recurso del ICO
Frente a la cicatería credicitia de la banca privada, lo que si parece que empezó a mejorar hace meses es el recurso de acudir al Instituto de Crédito Oficial (ICO), que durante el primer semestre de este año ha concedido financiación por un importe de 12.400 millones de euros a más de 184.000 empresas, mayoritariamente pymes, y ciudadanos.
De este total de préstamos dispuestos, 10.587 millones de euros se han distribuido a través de las Líneas de Mediación que el ICO tramita en colaboración con bancos y cajas de ahorro, un 28 por ciento más que entre enero y junio del año pasado.
Volumen de préstamos que se completa con las formalizaciones de créditos directos que alcanzan un importe de 1.847 millones de euros. Estos préstamos están dirigidos a financiar proyectos de inversión estratégicos para la economía nacional.
No obstante, también con el instituto público hay problemas. Hace unos días, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, denunció que la Línea ICO Directo, facilitada el pasado junio y surgida a raíz de las negociaciones de Zurbano, está resultando ser un "fracaso" y lamentó que las garantías que exige son "muy duras".
El número de denegaciones ha llegado a superar el 70 por ciento de las peticiones, según ATA, que critica que se pidan unos requisitos, como la contabilidad, declaración de bienes personales o incluso garantías personales, que superan los exigidos por los bancos y cajas.
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