
En el banquillo por morosos. Así podrían verse más de 6.500 localidades españoles en poco tiempo si no se soluciona uno de los peores problemas que afrontan actualmente: una deuda de 3.425 millones a las constructoras y otras empresas de servicios municipales.
Sacyr Vallehermoso, ACS, FCC o Ferrovial son algunas de los grandes emporios afectados por un histórico nivel de impago al que, según denuncian desde varios ayuntamientos, no se podrá hacer frente si el Estado no asume buena parte de él. Sin embargo, esta es un antigua reclamación a la que ninguno de los consecutivos Gobiernos ha prestado atención - o podido asumir-.
Con una economía fuertemente basada en el negocio inmobiliario, ayuntamientos como el de Granada, Zaragoza, Huelva o Alcalá de Henares han visto como con la crisis subprime sus ingresos mermaban a la misma velocidad a la que aumentaba su deuda para con las contratas de limpieza municipal y otros servicios (prestados por las grandes compañías y constructoras españolas). Según denuncia Aselip, la asociación de empresarios de limpieza pública, al diario El País, esta deuda alcanza ya los casi 3.500 millones de euros y su crecimiento es imparable.La morosidad no afecta ya sólo a las micropymes.
110.000 puestos de trabajo en peligro
Si bien la primera de las consecuencias sería el abandono de prestaciones como la recogida de basuras, las implicaciones alcanzan el ámbito de la economía. Y es que ante el nivel de impago que deben soportar, algunas de estas empresas han amenazado ya con la realización de ERES para poder afrontar los ejercicios económicos.
A pesar de que aseguran que se tratarían de un número de despedidos muy pequeños, lo cierto es que este tipo de contratas dan empleo en España a más de 110.000 personas que ven como su puesto de trabajo peligro.
Los ejecutivos municipales hacen todo lo posible para paliar la situación - como la disminución de cánones o servicios-. Sin embargo la situación es cada vez peor, ya que al impago de servicios deben sumársele unos cada vez mayores intereses derivados de un retraso en el pago de las cuentas que puede oscilar entre los seis meses y más de un año y medio.Unas cifras que sitúan a España como uno de los países europeos con mayor retraso en el saneamiento de las cuentas municipales y como uno de los lugares con mayor tasa de morosidad.