
Los sindicatos esperan un "éxito rotundo" de la huelga de funcionarios convocada para mañana para protestar contra la reducción del sueldo de los empleados públicos, una de las medidas incluidas en el plan para reducir el déficit público.
CCOO, UGT y CSI-F no dudan del seguimiento masivo de la huelga, ya que viene "avalada por la gran participación en las manifestaciones y concentraciones contra los recortes salariales celebradas el pasado 20 de mayo".
Desde CCOO apuntan que "están tratando a los empleados públicos como a trabajadores de segunda". Por su parte, UGT considera que la reducción de un 5% de media del sueldo de los funcionarios supone "un cambio en el escenario de relaciones con los sindicatos", pues se "incumple un acuerdo firmado hace muy pocas fechas".
Los sectores que se verán afectados serán la educación, la sanidad, la seguridad (los policías y guardias civiles también están llamados a la protesta) y la justicia, así como otros servicios públicos como correos, agencia tributaria, oficinas de empleo o aduanas. Además, a la jornada de protesta se han sumado también, entre otras, las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales mayoritarias en la Policía Nacional y en la Guardia Civil (SUP, UFP, AUGC y UGC).
Los recortes
En concreto, los funcionarios del grupo E experimentan una reducción en su sueldo del 0,56%; los del grupo C2, del 2,75%; los del grupo C1, del 4,5%; los del grupo A2, del 5,75%, y los del grupo A1 verán mermado su sueldo en un 7%. Además, el Gobierno ha decidido modificar el sueldo base y los trienios de los funcionarios (excepto los del grupo más bajo). Asimismo, se reducirán los complementos específicos y de destino en un 5% (salvo un 1%, en el caso de los funcionarios del grupo más bajo).
Las modificaciones, que se han empezado a aplicar el 1 de junio, no tendrán efecto sobre la paga extraordinaria de junio, aunque sí en la siguiente, el próximo mes de diciembre.
En lo que se refiere al personal laboral, la reducción es del 5%, quedando exentos quienes perciban menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (es decir, 949,5 euros brutos al mes).
En cuanto al ahorro para las arcas del Estado, la decisión de bajar las retribuciones al personal público supondrá 2.300 millones de euros este año y 2.200 en 2011.