Empresarios y sindicatos han tenido una semana para estudiar detenidamente, y también criticar, el documento presentado por el Gobierno. Ha llegado el momento de que los agentes sociales pongan encima de la mesa sus alternativas, matices y vetos a la reforma laboral. Y ese momento es esta misma tarde.
El Ejecutivo ha citado hoy a los representantes sindicales y a los empresariales para continuar avanzando en el proyecto de medidas que conformarán el pacto social y para dar forma concreta a las modificaciones. Faltan sólo dos semanas para que se cumpla el plazo establecido por el Gobierno para aprobar la reforma y las posiciones están más dispares que antes.
Aun así, el Gobierno todavía ve el lado positivo. Según la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, los agentes sociales no han rechazado el documento con las propuestas de la reforma, sino que han realizado "alguna apreciación".
Posiciones enfrentadas
No obstante, la posición que mostró la CEOEdespués de estudiar el documento no parecía una simple apreciación, como quería hacer ver la secretaria general de Empleo. Para los empresarios, la reforma incluye ciertas rigideces que, actualmente, no existen en el mercado laboral. Y es que, aunque el Ejecutivo ha incluido algunas modificaciones que abaratan la indemnización por despido, no se ha privado de meter la tijera en algunos instrumentos que flexibilizan el empleo.
Es el caso del contrato de obra y servicio. La propuesta de reforma no sólo limita su uso a un periodo determinado, por ejemplo, doce meses, sino que elimina la causa de fin de contrata para poder despedir de forma procedente, lo que encarece el coste de despido. Según la CEOE, este contrato es esencial para algunos sectores (por ejemplo la construcción) tal y como existe actualmente. Por otra parte, la organización empresarial intentará introducir en la mesa de negociación la reducción del absentismo laboral y su reivindicación histórica, que es el recorte de las cuotas sociales.
Modelo austríaco
A este respecto, uno de los temas principales que se negociarán esta tarde es el modo de financiar el modelo austríaco que el Ejecutivo quiere implantar en España. Este modelo consiste en que la empresa paga al trabajador la parte de indemnización que le corresponde mensualmente y ésta se va ingresando en una cuenta a nombre del empleado, aunque la potestad lamantiene la empresa. Es un sistema público, obligatorio, de capitalización. En el momento en que el trabajador es despedido, la empresa no tiene ningún gasto laboral extra, sino que el empleado liquida la cuenta con su indemnización.
En España ya está claro que no se crearán cuentas individuales, sino que se utilizará al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo dependiente delMinisterio deTrabajo. Por eso, uno de los asuntos claves será estudiar si será necesario incrementar las cuotas sociales para alimentar al Fogasa, que subvencionará el 40% de la cuantía de los despidos procedentes que se realicen en el contrato de fomento a la contratación indefinida.
Los representantes de los trabajadores, los sindicatos UGT y CCOO, aprovecharán la reunión para intentar vetar, al menos, la clarificación de las causas objetivas de despido. De hecho, en repetidas ocasiones durante la pasada semana, cuando se conoció el contenido del documento del Gobierno, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio FernándezToxo, afirmó que la propuesta del Ejecutivo desprendía "un cierto tufillo a abaratamiento del despido", que intentarían combatir en las próximas reuniones.
Un tono algo más conciliador fue el que ha mostrado el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Se ha limitado a destacar todos los avances que supone la reforma y, por tanto, no se sabe cuál será la actitud que asuma esta tarde, si la defensa de los derechos de los trabajadores o el apoyo al Gobierno.
La reforma laboral no cumplirá los plazos
