Entre desencuentros, retrasos, enredos y suspense. Con ese guión llega mañana a la Comisión de Industria del Congreso la reforma de la Ley de Morosidad. Una proposición de ley impulsada por CiU a la que el Gobierno quiere incorporar sus "puntos de vista creativos", en palabras del portavoz socialista Félix Larrosa, para intentar eliminar la cláusula del acuerdo que permite ampliar los plazos de pago legalmente establecidos sin vulnerar el derecho mercantil y la normativa de la UE.
La supresión de este llamado "acuerdo entre las partes" es el principal escollo que impide el acuerdo entre el PSOE y el resto de los grupos parlamentarios del Congreso, que, unánimemente, se han pronunciado en contra del mantenimiento de esta cláusula ya que, en la práctica, se ha convertido en un instrumento de abuso de las grandes empresas sobre las pequeñas.
Así, y aunque el Grupo Socialista ha incumplido el compromiso de presentar el paquete de cinco enmiendas transaccionales, asumido por el propio Larrosa para propiciar el acuerdo político sobre la reforma, fuentes del PSOE han informado a elEconomista que la propuesta que baraja la mayoría parlamentaria pasa por eliminar la posibilidad del "acuerdo entre las partes" en aquellas operaciones comerciales en las que intervengan pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos.
Pymes europeas
De esta forma, se fijaría un plazo máximo e improrrogable de 60 días para que las empresas liquiden a sus proveedores, sin posibilidad legal de ampliación de dicho plazo.
El acuerdo entre las partes para ampliar los plazos de pago se mantendría, sin embargo, para las operaciones comerciales entre grandes empresas, a las que se podría recortar el periodo de pago a sólo 30 días, tal y como se pretende para las Administraciones Públicas.
Sin embargo, y como las fuentes socialistas confirman, a efectos de los plazos se utilizaría como concepto de pyme el que rige en la UE, es decir, empresas de hasta 250 trabajadores (en España son 50), al final "serían sólo unas 2.000 empresas en España las que tendrían la posibilidad de ampliar plazos de pago y únicamente para operaciones entre ellas".
CiU no está conforme
La fórmula no convence al grupo proponente, Convergencia i Unió, que defiende una supresión del "acuerdo entre las partes" con carácter general. Algo que desde el PSOE se estima contrario a la normativa comunitaria que, sin embargo, sí permite excepciones a la norma y que, en este caso, serían los autónomos y pymes.
Tampoco gusta la propuesta a algunas de las asociaciones empresariales consultadas que, a falta de conocer los términos exactos de la misma, apuntan que con ella se sigue manteniendo la posibilidad de abuso de las grandes empresas, ya que en igualdad de productos y servicios podrían optar por marginar a las pequeñas para acogerse a unos plazos de pago superiores.
Al margen del debate sobre los plazos de pago, las propuestas en las que trabaja el Gobierno recogen la propuesta realizada por algunas asociaciones empresariales, a imitación del modelo francés, para incorporar auditorías sobre la morosidad de las empresas dentro de la información que éstas remiten al Registro Mercantil.
Deuda de 35.000 millones
También barajan los responsables socialistas la posibilidad de establecer informaciones periódicas sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administraciones Públicas y fomentar códigos de buenas prácticas entre las empresas, además de establecer las especificaciones sobre el pago a proveedores cómo cláusula fija en los pliegos de contratación de las empresas con las Administraciones, de forma similar a lo que se ha hecho en los contratos de proyectos acogidos al Fondo de Inversión Local.
La semana pasada, durante las comparecencias solicitadas por la Comisión, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CC), Juan Lascando, cifró en unos 35.000 millones de euros el importe de la deuda que mantienen las Administraciones Públicas con las empresas del sector, con unos plazos de pago que, dijo, alcanzan los seis meses como media.
Pymes: Las administraciones deben 35.000 millones