La OCDE calcula que la crisis amputará 10,6 puntos del Producto Interior Bruto de España a largo plazo. Este bajón de la capacidad de crecimiento se deberá esencialmente al efecto de la pérdida de empleos, que recortará el PIB en 8,4 puntos. Por ello la organización vuelve a pedir reformas laborales y en educación.
Esta es una de las principales conclusiones del informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la supervisión de las reformas estructurales que llevan a cabo sus países miembros y el impacto sobre su crecimiento, que en esta ocasión se centra en el impacto de la crisis.
Los autores del estudio publicado hoy auguran que en los 30 Estados de la organización, que habían crecido a un ritmo medio de entre el 2% y el 2,25% anual en los siete años que precedieron a la crisis, la progresión va a quedar limitada a una cifra en torno al 1,75% a largo plazo, después de la recesión del 4% en 2009.
Subrayaron, en cualquier caso, que la disminución del potencial de crecimiento va a estar repartido de forma muy desigual entre sus miembros, y que en el furgón de cola van a quedar muy descolgados Irlanda y España, cuyo potencial se va a ver amputado de 11,8 y 10,6 puntos de PIB, respectivamente.
En ambos casos, ese bajón de la capacidad de crecimiento económico se deberá esencialmente al efecto de la pérdida de empleos, que recortará el PIB en 9,8 puntos en Irlanda y en 8,4 puntos en España, cuando la media ponderada en la OCDE será de 1,1 puntos.
El conocido como el "Club de los países desarrollados" señala que los efectos de la crisis sobre el empleo en Irlanda y España incluyen "una sustancial reducción de la fuerza de trabajo resultante principalmente" por un cambio de tendencia en la llegada de inmigrantes.
El otro responsable de la baja del potencial de crecimiento será el aumento de los costes de capital, derivados de la crisis de confianza causada por el estallido de la burbuja del crédito que ha incrementado la percepción del riesgo.
En ese caso, la reducción de expectativas para España (2,1 puntos menos de PIB a largo plazo) e Irlanda (2 puntos menos) se sitúa en la media de la OCDE (-2 puntos).
Reformas de empleo y educación
En la evaluación publicada hoy, la OCDE concluye que España no ha llevado a cabo suficientes reformas, en particular en la educación y en el mercado de trabajo, en la línea con las recomendaciones que desde 2005 le viene haciendo.
La OCDE indica en el capítulo dedicado a España que desde 2003 se ha detenido el acercamiento del PIB por habitante español al de los países miembros más ricos y sigue siendo superior a 25 puntos.
El elemento positivo es que desde 2007 se está produciendo una disminución de la fractura en la productividad respecto a los países más eficientes, de forma que el diferencial vuelve a ser inferior a 20 puntos porcentuales (en términos de PIB por hora trabajada).
Las recetas de la OCDE para adaptar el sistema de pensiones sólo se ha traducido en la reforma de 2007, que aumentó "modestamente" el periodo de cotización que da derecho a pensión y ha creado incentivos para que continúen en actividad personas que han alcanzado la edad de jubilación.
Ese es otro de los puntos destacados del capítulo de evaluación de España del informe sobre las políticas para elevar el potencial de crecimiento, en el que se reconocen progresos para introducir mayor competitividad en los mercados de productos y en las industrias de redes.
Problemas de la vivienda
Los autores del estudio lamentan que persistan las "distorsiones" en la vivienda, donde la OCDE recomendaba a España acortar los procedimientos para resolver los contenciosos entre inquilinos y propietarios, y eliminar las ayudas fiscales a la compra de casas para dirigir esos fondos hacia los alquileres sociales.
También constatan que "no ha habido progreso en la reforma de la negociación salarial", una cuestión en la que las recomendaciones iban por suprimir la indexación de los sueldos con la inflación pasada y permitir a las empresas eludir la aplicación automática de los convenios colectivos.
El conocido como el "Club de los países desarrollados" aconseja igualmente desde 2005 otros cambios en el mercado laboral español, en particular reducir la fractura que hay entre los trabajadores con contratos fijos -para los que pide que disminuya la indemnización por despido- y los eventuales, cuyo porcentaje considera excesivo.
En este terreno, toma nota de que en 2006 se limitó el recurso sucesivo a los contratos temporales y han aumentado las incitaciones fiscales para la contratación fija, con una disminución de indemnizaciones por despido para grupos específicos.
Fuera del capítulo de España, la OCDE advierte de que a causa de la crisis y de que el nivel de desempleo va a mantenerse elevado, los gobiernos se van a ver sometidos a presión para aplicar medidas que reduzcan la utilización de la fuerza de trabajo.
También pone el acento en que "la urgencia de reforma estructural se ha reforzado con la crisis", en particular en la regulación financiera, pero también en el mercado laboral y de productos, reformas que a su juicio pueden ayudar a que la recuperación sea más rápida y a que se restablezca la situación de las finanzas públicas.
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