"Castigos" a las empresas que abusen de la temporalidad y un programa para jóvenes, lo más destacado de la reforma laboral presentada por el Ejecutivo de Zapatero.
La reforma laboral presentada ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recoge en un documento de 13 páginas en las que el Ejecutivo plantea las líneas básicas, necesarias a su juicio, para modificar el mercado laboral español.
Temporalidad
1. La primera preocupación del Gobierno le conduce a plantear el tema de la dualidad del mercado de trabajo y las elevadas tasas de temporalidad que, sólo con la crisis, han podido situarse por debajo del 30 por ciento. Por esta razón, el Ejecutivo considera que el diálogo social, en esta fase, debe situar como "elemento central del nuevo modelo de crecimiento la contratación estable". Además, reconoce que las medidas adoptadas por el momento han resultado "ineficaces". Para corregir la temporalidad, Moncloa buscará justicar los modelos contractuales que puedan mantenerse y modificar la normativa laboral, si es necesario, "para evitar el encadenamiento de contratos temporales y la rotación de trabajadores en un mismo puesto de trabajo dentro de la misma empresa".
Asimismo, el Gobierno considera que es posible adoptar medidas por las cuales, a las empresas, les resulte más caro recurrir a la contratación temporal. Igualmente, el texto propone que, en la negociación colectiva, se puedan introducir elementos que contribuyan a controlar la contratación temporal injustificada.
Contratación indefinida
2. El Gobierno asegura en el documento hecho público ayer que no tiene intención de poner en cuestión la regulación actualmente vigente. Sin embargo, el Ejecutivo considera que los elementos positivos acordados por los interlocutores sociales en el año 1997, que contenían la modalidad de fomento de la contratación, no se utiliza en todas sus posibilidades. Es más, a su entender, su aplicación apenas representa un escaso 17 por ciento del total en el último año.
Flexiseguridad
3. Aunque no lo menciona expresamente, el texto hace referencia a los resultados positivos que pueden derivarse de la adaptación a España de fórmulas que, en los últimos años, se han adoptado con éxito en algunos países europeos y que permiten fomentar la movilidad y la formación, así como reforzar el aliciente de las empresas para su utilización y para incrementar la estabilidad en el empleo.
Despido con causa
4. El Gobierno pide a los agentes sociales que se considere reforzar y racionalizar el principio de causalidad del despido, que ya recoge el Estatuto de los Trabajadores vigente. El Gobierno quiere introducir el principio de causalidad distinguiendo, claramente, entre despidos disciplinarios y despidos económicos. Asimismo, quiere hacer hincapié en la diferenciación entre el carácter procedente e improcedente de los despidos.
En opinión del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el creciente recurso al despido que se reconoce por las empresas como improcedente ha provocado el efecto de desvincular la causa y, por ello, facilita un buen número de despidos con la indemnización de 45 días por año trabajado prevista para los despidos improcedentes, elevando así el coste ordinario de la indemnización por finalización de la relación laboral cuando la legislación vigente establece, con claridad, que esta cuantía está reservada a los despidos o extinciones laborales de carácter injustificado.
Tiempo parcial
5. En esta modalidad de contratación, el Gobierno propone a la patronal y a los sindicatos establecer dos modalidades que superen las dificultades de aplicación que, actualmente, pesan sobre esta fórmula. Una primera facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar mediante el establecimiento de un horario de trabajo "fijo y estable". La segunda trataría de simplificar el sistema actual y permitiría la flexibilidad en la organización de la jornada para favorecer la adaptabilidad de las empresas a las variaciones del proceso productivo, así como reducir la temporalidad.
Una preocupación añadida es la de que se pueda mejorar el régimen de protección social modulando las diferencias existentes ahora con los contratos a jornada completa.
Empleo juvenil
6. Moncloa propone establecer un programa específico de empleo para jóvenes, concertado con las comunidades autónomas, que "mejore la empleabilidad y la capacidad de integración en el mercado de trabajo a través de políticas activad de empleo basadas en la formación".
El programa estaría, preferentemente, a jóvenes de entre 16 y 24 años de edad que carezcan de cualquier tipo de nivel educativo o profesional, ya que éste es el colectivo más afectado por el desempleo.
Se instrumentaría mediante convenios de colaboración entre el servicio público de empleo estatal y los de las autonomías. Junto a ello, se favorecerá una mayor utilización de los contratos para la formación por las empresas y los trabajadores, una modalidad contractual que tiene por objeto, precisamente, la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o puesto de trabajo.
Negociación colectiva
7. La negociación colectiva, en opinión del Gobierno, adolece de atomización, de falta de articulación entre los distintos niveles, la falta de cobertura de una parte importante de los trabajadores e insuficientes contenidos en los convenios. Moncloa reconoce que ésta es una materia propia de la negociación bilateral entre empresarios y sindicatos. Por ello, plantea que se modifique, con la máxima urgencia, y si es posible, durante las negociaciones en curso.
En otro orden, el Gobierno alude al uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo, es decir, el denominado "modelo alemán". El Ejecutivo confirma, asimismo, que en la actualidad es posible, pero propone profundizar en esta fórmula incorporando nuevos elementos experimentados ya en Alemania.
El Gobierno abaratará el despido con trabas a la extinción improcedente
