Alemania pretende aprovechar el aniversario europeo para resucitar una Carta Magna convertida en símbolo de parálisis y división
Berlín. Todas las miradas apuntan a Angela Merkel, canciller alemana y actual presidenta semestral de la UE. A principios de mes, con ocasión de la cumbre de jefes de Estado o de Gobierno de los 27 celebrada en Bruselas, Merkel sacó provecho del ascendente que le otorga sobre el resto de sus homólogos su calidad de dirigente de Alemania, la primera potencia europea. Y logró convencer a todos los países del club para que se comprometieran a desarrollar una ambiciosa política común de energía y lucha contra el cambio climático: recortar las emisiones de CO2 un 20 por ciento en 2020 con respecto a 1990; multiplicar por tres el uso de energías verdes (eólica, solar, etc.); y aumentar un 20 el ahorro de energía.
Apenas dos semanas después, Merkel encadena su segunda cumbre como presidenta europea y esta vez juega en casa. Es la anfitriona de la reunión europea al más alto nivel prevista hoy y mañana en Berlín. La cita debería alumbrar la que se ha dado en llamar la Declaración de Berlín: el reconocimiento de que la Unión Europea ha realizado con éxito la misión para la que fue creada hace medio siglo (que la Europa occidental haya vivido en paz y libre de dictaduras desde el final de la II Guerra Mundial); y una declaración de fe en que la integración sigue siendo la fórmula óptima para que el Viejo Continente afronte unido los desafíos del siglo XXI (globalización, inmigración, terrorismo, etc.).
"Los pueblos de Europa nos enfrentamos a grandes desafíos. Nuestra respuesta es la Unión Europea. Sólo permaneciendo juntos podremos preservar nuestro modelo social europeo en el futuro", afirma un borrador de la declaración tal y como adelantó el jueves elEconomista. "Este modelo combina el éxito económico y la responsabilidad social en beneficio de todos los ciudadanos. El mercado único y el euro nos hacen lo suficientemente fuertes como para moldear de acuerdo con nuestros valores la economía global y la competencia", añade el borrador.
Momento simbólico
El momento elegido para la Declaración de Berlín es doblemente simbólico. Desde la perspectiva histórica, el 25 de marzo se cumplen cincuenta años de la firma del Tratado de Roma por el que se creó la Comunidad Económica Europea. Visto desde el momento presente, en mayo habrán pasado dos años desde que Francia, seguida inmediatamente por Holanda, rechazó en referéndum la que estaba llamada a ser la primera constitución Europea. Si la UE está en crisis y paralizada desde mayo de 2005 da materia de sobra para debates bizantinos y tesis doctorales. Más difíciles de cuestionar son las declaraciones del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. Cuando en diciembre Alemania se aprestaba a recoger el testigo de la presidencia semestral de la UE, Steinmeier aseguró que el fracaso de la Euroconstitución había empujado a Europa a una "crisis de credibilidad", y añadió que se había convertido en "el símbolo de la parálisis europea".En realidad, la Declaración de Berlín es la señal de salida para intentar resucitar la Constitución: toda o en parte, eso aún está por verse. Tras el acuerdo unánime de los Gobiernos de la UE, la Constitución necesita aún la ratificación unánime de los Estados. De momento sólo han ratificado 17 (España entre ellos). Alemania ha concluido los trámites políticos para ratificar, pero los juristas aún analizan que la Constitución europea no choque contra la alemana. Los Gobiernos de Portugal, Irlanda, Suecia y Dinamarca aún no se han atrevido a ratificarla por eso de que los referendos los carga el diablo y aunque sean sobre política europea, se pueden convertir en un arma arrojadiza que movilice a los descontentos contra el ejecutivo nacional. Los Gobiernos de Reino Unido, Polonia y la República Checa ya se han retratado como euroescépticos y contrarios a la constitución. Y Francia y Holanda la rechazaron en sendos referendos en 2005.
Batalla por dos páginas
La Declaración de Berlín intenta pues ser una señal de unión que deje atrás la fractura abierta en torno a la Constitución. Así que se limitará a lugares comunes y no debería extenderse más allá de dos o tres páginas que, posiblemente, redacta un literato o filósofo para insuflarle más vida, entusiasmo y más europeísmo del que pueda destilar la pluma de un burócrata.Pero incluso la elección de lugares comunes sin implicaciones jurídicas ha provocado pulsos y suspicacias entre las capitales de la UE, y Merkel corre el riesgo de que la misión se le atragante. La muy católica y conservadora Polonia intenta de nuevo colar una referencia a la tradición cristiana del Viejo Continente, y la Francia laica y republicana ya ha advertido que no la admitirá, como no la admitió en la Constitución. Los países de la zona euro quieren una referencia a la moneda única como uno de los grandes logros de la UE. El español Alberto Navarro, secretario de Estado para Asuntos Europeos, asegura que la internacionalización de las empresas españolas habría sido inconcebible sin la estabilidad que les aportó el euro. Pero Reino Unido se opone argumentando que el euro es la moneda de sólo 13 de los 27 Estados de la UE.
Para la Comisión Europea, la ampliación de la UE a los países del Este es otro de los éxitos históricos, por cuanto ha impulsado la expansión de la democracia, el Estado de Derecho y la prosperidad a la mayor parte del continente. Pero también es cierto que en la Europa rica y occidental, gran parte de la ciudadanía percibe la ampliación como una amenaza: la deslocalización de empresas en busca de la mano barata del Este, o la invasión de trabajadores dispuestos a aceptar salarios y derechos muy inferiores.
Alemania y Francia querrían una mención al modelo social europeo, mientras que los más liberales quieren añadir que hay que reformarlo. Otra disputa es si hacer o no una referencia explícita de apoyo a una Constitución que no todos quieren.
Lo primero que decidieron los líderes europeos tras los no francés y holandés fue dejar pasar el tiempo porque no habían previsto un plan B. Estos dos años han servido para ver qué países la apoyan. También ha servido para dejar pasar las elecciones generales en Holanda y, esta primavera, serán las francesas. Eso aclara las posiciones y los interlocutores con los que negociar cómo resucitar la Carta Magna.
El primer paso será mañana la aprobación de la Declaración de Berlín: un canto al orgullo de ser europeo y a la necesidad de reformar las instituciones de la UE. Lo que vuelve a estar íntimamente relacionado con un nuevo reparto de poderes y la eliminación de derechos de veto muy arraigados.
El segundo será la cumbre prevista en Bruselas en junio, la última que presida Merkel antes de pasar el testigo de la presidencia semestral de la UE a Portugal. Merkel espera acordar en junio con sus homólogos un programa de trabajo para rescatar el proceso de reforma de la UE. El principal problema es el riesgo de parálisis: con 27 Estados miembros cada uno con sus intereses y visiones propias, ña UE sigue gestionada vía mecanismos e instituciones que apenas han cambiado desde hace medio siglo cuando sólo tenía seis socios.
La idea sería que el nuevo texto sea consensuado durante la segunda mitad de 2008, semestre en el que Francia asumirá la presidencia. París, que provocó el problema, tendrá la responsabilidad de zanjarlo. Si el calendario se cumple, el nuevo texto podría entrar en vigor en 2009, fecha en la que todos los ciudadanos de la UE acudirán a las urnas a elegir nuevo parlamento.
No está claro si el resultado se llamará Constitución, o si lo volverán a llamar Tratado para evitar la obligación y el riesgo de someterlo a referéndum. Ni si se retirarán partes de la malograda Constitución, o si se le añadirán guiños hacia el modelo social europeo para hacerla más atractiva ante el europeo de a pie. El Gobierno español quiere conservar cuanto sea posible.
