¿Quién dijo que los políticos estaban alejados de la ciudadanía? La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el respaldo de todos los grupos políticos representados en el Parlamento, un informe de recomendaciones en el que aconseja al Gobierno, entre otras cosas, propiciar las medidas necesarias para generalizar el uso de la jornada continua los viernes, es decir, para que no se trabaje los viernes por la tarde, al menos, en aquellos sectores que sea posible.
La iniciativa se enmarca en las conclusiones finales de la subcomisión parlamentaria constituida para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ordenamiento legal español, que ayer presentó sus recomendaciones.
Europeos...también en el horario
Éstas hacen especial hincapié en la necesidad de converger con el horario de nueve a cinco europeo y de promover una cultura laboral basada en los resultados, y no en la disponibilidad absoluta de los trabajadores.
La filosofía es la expresada ayer por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en la presentación del balance del Plan Concilia: "Trabajar más horas no significa necesariamente trabajar mejor". Y la solución es la flexibilidad. Flexibilidad de los trabajadores para permitir a las empresas distribuir la jornada laboral a lo largo de todo el año y flexibilidad de las empresas para permitir que éstos tengan mayor libertad para disponer de su tiempo, sin sujetarse a la tiranía de los horarios.
En el acuerdo de negociación colectiva de este año, sindicatos y empresarios han dado un paso adelante en este sentido recomendando flexibilizar los horarios de entrada y salida, especialmente en los centros de trabajo ubicados en núcleos urbanos.
Igualdad: cerco a las empresas
Al margen de las medidas para racionalizar horarios, el otro bloque de propuestas de los parlamentarios para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral se refiere a la incorporación en pie de igualdad de la mujer al mercado laboral.
Del mismo modo en que lo hace la futura Ley de Igualdad, los políticos han dirigido su dedo acusador hacia las empresas. En este sentido, proponen a la Administración que restrinjan el acceso a contratos públicos a las empresas que no tengan un número mínimo de mujeres en sus órganos de dirección.
También plantean otras medidas menos agresivas como la elaboración de un ránking de empresas con altos índices de diversidad de género en sus niveles directivos para apretar las tuercas por el flanco de la responsabilidad social.
El informe de recomendaciones, que CiU propuso ayer convertir en vinculante para el Gobierno, plantea además una revolucionaria discriminación positiva hacia los hombres para que se acojan a las medidas de conciliación.
