Elena Salgado presentó el anteproyecto, que el Ejecutivo prevé tenga un desarrollo a 10 años vista. Para financiar la puesta en marcha del cambio se aprobará un Fondo ICO de 20.000 millones
Tras meses de espera, el Consejo de Ministros, por fin, leyó ayer por primera vez el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Las vicepresidentas primera, María Teresa Fernández de la Vega, y segunda, Elena Salgado, dieron las pinceladas iniciales sobre cómo España cambiará su modelo económico, tarea en la que han implicado a trece ministerios y para la que esperan contar con las aportaciones de partidos políticos, comunidades autónomas y agentes económicos y sociales.
Apelar al consenso
Como dijo Fernández de la Vega, el consenso será fundamental, "es mucho lo que está en juego", a lo que agregó Salgado que su desarrollo será a 10 años vista, con el horizonte de 2020, y se verán implicados los futuros gobiernos.
En este sentido, Fernández de la Vega adelantó que el presidente del Gobierno se reunirá con el presidente del PP, Mariano Rajoy, en diciembre y, entre otras cuestiones, tratará de lograr el máximo consenso con el principal partido de la oposición de cara al futuro desarrollo de la norma.
Y es que el proyecto se enfrenta a una amplia gama de reformas en las leyes actuales: desde modificaciones tributarias; nueva regulación del sistema bancario y de las retribuciones de los directivos; o medidas orientadas a la protección medioambiental, entre otras. Además, no sólo afectará a entidades financieras, sino a todas las empresas que coticen en bolsa. El objetivo de este "ambicioso" proyecto es "generar actividad, empleo, riqueza y bienestar", según agregó Salgado.
El informe está lleno de generalidades y con pequeños trazos de medidas, muchas de ellas sólo en el enunciado, y otras conocidas, incluidos los pactos por la Educación o el energético, y reformas estructurales pendientes, incluida la reforma laboral.
No es de extrañar que Fernández de la Vega y Salgado reiteraran una y otra vez que todo está abierto a las incorporaciones que se puedan hacer.
De momento, el anteproyecto, que por la tarde fue explicado por Salgado a los dirigentes empresariales y sindicales, deberá pasar por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES) para que emitan su informe preceptivo, de los que podrían emanar nuevas medidas o cambios.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno comparecerá el próximo 2 de diciembre en el Congreso para explicar el anteproyecto a todos los partidos. Y en la siguiente semana hará lo mismo en la conferencia de presidentes autonómicos, a la que ya están invitados los agentes sociales.
Cambios llamativos
Pese a la ambigüedad del anteproyecto y, tal vez, con el propósito de enmascarar que muchos cambios estaban pendientes y ya se conocían, el Ejecutivo se ha esmerado en dar a conocer algunas medidas efectistas de cara a la ciudadanía. Así, destaca la decisión de obligar a los lugares públicos (tiendas, cines, bares, restaurantes, estaciones, aeropuertos, ministerios...) a mantener la temperatura por debajo de los 21 grados en invierno y de los 26 grados en verano, como medida más llamativa y ejemplarizante para ahorrar energía.
El Gobierno aún no conoce cuánto costará este proyecto de "cambio" de modelo ni lo que dejará de ingresar el Estado por las medidas fiscales de desgravación, deducciones y exenciones. Todo queda pendiente de los cambios que se introduzcan en el camino.
Instrumentos financieros
Lo único que está previsto como instrumento financiero para desarrollar el proyecto es un Fondo ICO-Economía Sostenible, dotado con 20.000 millones, que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2010.
La mitad de esta cantidad, explicó Salgado, será aportada por las entidades financieras. La dotación está pensada para favorecer el turismo "sostenible", el fondo de capitalización para infraestructuras de transporte, energía y energías renovables, un fondo de capital riesgo para empresas, y créditos para la rehabilitación de edificios y viviendas.
Es de suponer que hasta dentro de un mes el anteproyecto definitivo no será aprobado por el Consejo de Ministros para que comience su trámite parlamentario. Hasta poco antes del verano de 2010 no estará la Ley de Economía Sostenible aprobada, según impresiones oficiales.
El texto articulado como ley horizontal no contará con disposiciones nuevas en ninguna de las materias, sino que serán modificaciones de leyes y reglamentos vigentes. Otra buena parte de las disposiciones se refieren a evaluaciones y análisis de eficiencia de actuaciones administrativas sin efecto normativo inmediato.
Salgado: "Esta ley no es franquista"
