La deuda de las Administraciones aumenta un 24% en un año

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El crédito no llega por igual a todos los demandantes. Las entidades financieras pueden exigir a un particular o a una empresa mil y una garantías y avales, pero si se trata de una Administración, el talante del banquero es distinto y apenas se limitará a señalar dónde hay que firmar. Así, mientras el crédito al sector privado ha crecido entre junio de 2008 y junio de 2009 al ritmo del 6% anual, los créditos a las Administraciones Públicas se han incrementado al 24%.

La manga ancha de la banca con las Administraciones permitió que éstas tengan un saldo vivo en instrumentos de crédito entre corto y largo plazo equivalente a 69.269 millones de euros (en el balance consolidado del primer semestre de las entidades financieras del Banco de España). A esta cantidad hay que añadir algunas partidas que corresponden a las Administraciones Públicas, aunque vayan bajo epígrafes diferenciados, como empresas públicas de las comunidades autónomas y los municipios, lo que elevaría el endeudamiento crediticio a más de 80.000 millones de euros.

Las comunidades autónomas son las que con mayor facilidad acceden al crédito, ya que su saldo de empréstitos a finales del primer semestre se eleva a 42.730 millones de euros, según las cifras oficiales. Esta cantidad es superior al endeudamiento a través de instrumentos financieros, que a la misma fecha suponían 39.355 millones de euros. La explicación puede ser que, mientras las emisiones de deuda están supeditadas a la autorización del Gobierno central, la deuda bancaria se gestiona directamente por los Gobiernos autonómicos.

A estas cifras hay que añadir el endeudamiento de las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas. Aunque el Banco de España facilita la cifra agregada de deuda y créditos a estas empresas, la cuantía es de 14.184 millones de euros, lo que situaría el crédito bancario de las comunidades, más sus empresas dependientes, en el entorno de los 50.000 millones de euros.

Los municipios no están lejos

Tampoco se quedan cortas las Administraciones locales, municipios, diputaciones y cabildos. Según el Banco de España, el saldo de préstamos a 30 de junio se situaba en los 30.238 millones de euros, de los que 27.304 millones son exigibles a largo plazo. Como en el caso de las comunidades autónomas, también los municipios disponen de una constelación de empresas públicas que tienen acceso a los créditos del sector bancario.

El endeudamiento total de estas empresas alcanza los 7.253 millones de euros lo que, por su propia naturaleza, puede ser en su mayor parte crédito bancario. La Administración que presenta menos endeudamiento bancario es la central, que apenas registra un saldo de 7.986 millones de euros. Esta cifra se ha ido reduciendo paulatinamente desde hace unos años a medida que se fue equilibrando el sector público.

En el caso de las empresas públicas, la deuda agregada se eleva a 23.161 millones de euros, una parte de la cual, que no consta en los datos del Banco de España, también debe encontrarse en préstamos bancarios.

Los bancos, los mayores prestamistas

Si fragmentamos los créditos por el tipo de entidades que los tienen concedidos, vemos que el 59,4% de los mismos corresponden a bancos, con un montante de 36.505 millones de euros; del 33,4% son tenedores las cajas de ahorros, lo que equivale a 20.538 millones de euros; las cooperativas de crédito acreditan el 1,6 de los créditos y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el 2,6%, con saldos de 1.034 millones de euros y 1.646 millones de euros, respectivamente.

Por último, el resto de los créditos se sitúa en los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) y en Entidades de Dinero Electrónico (EDE), con un saldo de 1.652 euros, lo que representa el 2,6% del crédito a las Administraciones Públicas.

Evidentemente, los créditos bancarios entran en el concepto del Protocolo de Déficit Excesivo que rige en la Unión Europea. Por lo tanto estas cantidades hay que añadirlas a las emisiones de títulos de deuda de la Administración central, de las comunidades autónomas y de algunos ayuntamientos.

El Estado y sus empresas públicas tienen en circulación 468.795 millones; las comunidades autónomas, 53.539 millones de euros, también incluyendo las empresas públicas que dependen de ellas, y las Administraciones locales otros 2.439 millones de euros.

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