El presidente del Gobierno está decidido a marcharse de vacaciones sin dejar asignaturas pendientes. Así, una vez cerrado formalmente el nuevo modelo de financiación autonómica, ahora quiere rematar la faena con el acuerdo sobre el diálogo social, al que ha incorporado, para salir por la puerta grande, la anunciada reforma del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de que la financiación pública llegue, de una vez, a las empresas y familias.
Una reforma que anunció el propio Rodríguez Zapatero en los primeros días de este mes y que figura como uno de los puntos claves del borrador del acuerdo que el Gobierno entregó en la tarde del lunes a los agentes sociales, cumpliendo, así, una de las exigencias de última hora de la patronal CEOE.
De esta forma, la propuesta ofertada por el Gobierno responde a las demandas planteadas desde el conjunto del sector empresarial y por los responsables económicos de la mayoría de los partidos políticos, en el sentido de proceder a una mejora de las condiciones ofrecidas a las entidades financieras aumentando los márgenes de intermediación y ampliando el porcentaje de riesgo que asume el Estado en los créditos que se formalicen con cargo a las líneas del ICO.
En el documento entregado a la patronal y a las centrales sindicales, el Gobierno reconoce "las especiales dificultades" a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas, por lo que asume formalmente el compromiso de "adoptar medidas adicionales de forma inmediata, en las líneas ICO-Liquidez PYME e ICO- Liquidez Medianas, orientadas a incrementar el riesgo, mejorar las condiciones de precio y aumentar la distribución de las mismas a través de aquellas entidades financieras que hayan demostrado mayor capacidad de proveer crédito a las empresas, con el fin de que el crédito llegue a todas aquellas pequeñas y medianas empresas con proyectos rentables".
Ambas líneas de financiación, que se pusieron en marcha este año por primera vez, con una dotación de 10.000 y 6.000 millones de euros, han tenido una utilización muy por debajo de lo esperado que, al final del primer semestre, se situaba en sólo 2.005,91 millones (el 20% para la primera) y apenas 151,37 millones (un 2,5% para la segunda). Una infrautilización de la que tanto el ICO como las empresas responsabilizan a las entidades financieras.
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