El Gobierno quiere dejar de lado la polémica que ha rodeado a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes y en la que se abordarán un total de 14 puntos para evitar que los líderes del PP cumplieran con su amenaza de no acudir a la cita que se producirá solo dos días antes de la protesta convocada por Génova contra el Ejecutivo. Ante este abultado orden del día, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a poner el foco en la vivienda -como buscaba hacer inicialmente el Gobierno- enviando una carta a todos los representantes en la que les ofrecía un acuerdo para triplicar los fondos públicos destinados a vivienda si los territorios asumían un 40%. Sin poder anticipar cuál va a ser la respuesta de las regiones, gobernadas en su mayoría por el partido de Alberto Núñez Feijóo, las fuentes del Gobierno se muestran optimistas y convencidas de que conseguirán el respaldo de los ejecutivos autonómicos para destinar más de 7.000 millones de euros a vivienda hasta 2030.
Las fuentes del Ejecutivo destacan que frente al cruce de declaraciones, el líder socialista ha apostado por acudir a la reunión con los presidentes de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades de Ceuta y Melilla con una propuesta en firme en la que se apuesta por construcción de vivienda pública, la rehabilitación y la concesión de ayudas al tiempo que se busca mejorar los datos disponibles sobre la materia para poder perfilar mejor las políticas dirigidas a vivienda. En este sentido, desde Moncloa recuerdan que todas las medidas desplegadas desde 2018 han contado con el respaldo unánime y el consenso de todos los territorios, con ello no se refieren a la Ley de Vivienda, sino con las políticas enmarcadas en el Plan de Vivienda Estatal que está cofinanciado.
El Gobierno parte de la base de que las tres líneas esbozadas de cara a la reunión del próximo 6 de junio parten del consenso del sector, los ciudadanos y de gobernantes de que faltan más viviendas y proponen soluciones 'blancas' que no responden a las preferencias ideologías de cada uno de ellos sino a la evidencia acerca de la protección de la vivienda. En este esquema, el Estado se compromete a elevar desde los 1.700 millones actuales (300.000 respondían a préstamos) el presupuesto destinado a 4.000 millones a cambio de que los territorios, que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, redoblen sus esfuerzos. Así plantean el 40% como umbral mínimo de cofinanciación autonómica y animan a las comunidades autónomas a ir más allá para poder movilizar fondos con un valor superior a los 7.000 millones de euros.
Esta oferta es el punto de partida para construir el nuevo Plan Estatal de Vivienda que abarcará de 2026 a 2030. El Gobierno busca que el conjunto de los fondos estén condicionados a que las viviendas que se construyan con fondos públicos se blinden de forma indefinida, para garantizar que las personas que accedan a ellas en unos años lo hagan en las mismas condiciones que los primeros, algo que tendrán que garantizar tanto en promociones públicas como en las que sean el resultado de la colaboración público privada. Las fuentes del Gobierno explican que no obligarán a los territorios a modificar su normativa autonómica para establecer esta condición, ya que tienen la vía de hacerlo a través de los convenios que se suscriban a partir de estos fondos.
Las mismas fuentes han detallado que el reparto de estos fondos se definirá después y que el País vasco y Navarra no los perciben por ser comunidades de carácter foral. En anteriores ocasiones, se ha sometido a consulta pública la propuesta del Gobierno y una vez recopiladas las opiniones de los territorios se ha aprobado el nuevo texto en Consejo de Ministros. Después, se convoca la conferencia sectorial donde las comunidades autónomas han acordado históricamente los porcentajes de financiación que le corresponden a cada territorio en función de un serie de criterios (tensionamiento, desempleo, antigüedad del parque inmobiliario, dispersión, insularidad). Desde el Gobierno no han apuntado cuando podría producirse esta cita ni han querido anticipar cómo se llevará a cabo el reparto antes de conocer con qué cantidad estará dotado finalmente este plan.
Las fuentes del Gobierno no han detallado cuál será el origen de estos fondos en un contexto de Presupuestos prorrogados, no obstante, han garantizado que habrá esos recursos. En Moncloa desmarcan esta política de la que tiene previsto impulsar la Comisión Europea para garantizar la vivienda asequible y sobre la que aún se desconocen los detalles. En esta línea, defienden que la idea es dar la vuelta al plan vigente hasta este año que se centró fundamentalmente en conceder ayudas públicas para el acceso y que ha alcanzado un grado de ejecución superior al 90%, mientras que las obras de rehabilitación y la construcción se han canalizado a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.