Madrid 
La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales se aplaza, como mínimo, hasta el Consejo de Ministros del próximo martes. De esta manera, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, llega al 1 de Mayo sin su medida más polémica, que pactó con los sindicatos UGT y CCOO, tramitada y lista para debatirse en el Congreso de los Diputados.
Cabe destacar que la cartera liderada por Díaz anunció la semana pasada que se aprobaría trasladar el debate al Congreso este martes, pero debido al apagón nacional del lunes –cuyas consecuencias se dilataron hasta el martes en algunas zonas del país– se aplazó y no se llevó ni al Consejo del martes, ni al extraordinario celebrado durante el día de ayer.
El proyecto de ley ya llegaba con cierto retraso este pasado martes, ya que desde el ministerio de Trabajo estimaban que la reducción de la jornada laboral ya habría llegado a la Cámara Baja para finales del mes de febrero o inicios de marzo, pero todavía no se ha aprobado ni siquiera su paso al Parlamento. Uno de los responsables de este retraso ha sido Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, quien desde un inicio señaló que este paso no se daría hasta los meses de abril o mayo y que se mostró más crítico con la norma.
Además, por los amplios plazos que requiere la aprobación final de la norma, se estima que no se tramite, como mínimo, hasta otoño. Ya que una vez que se apruebe en el Consejo, la normativa tiene que pasar un proceso que dura, de media, unos cinco meses en el caso de los proyectos de ley (las iniciativas que parten del Gobierno) y que podría reducirse a la mitad en el caso de que se declare que tiene que ser abordado con urgencia.
Por mucho que el Gobierno trate de acelerar su tramitación lo máximo posible, el poder con el que cuenta el Partido Popular en el Senado podría retrasar hasta dos meses su puesta en marcha, o incluso más si decide imponer un veto, lo que implicaría su vuelta al Congreso de los Diputados –y que obligaría al Ejecutivo a contar con una mayoría más amplia–.
A todo ello, se une que durante los meses de julio y agosto no hay previstas sesiones parlamentarias –pero sí que se pueden convocar– por lo que la tramitación de la reducción de la jornada se retomaría en el mes de septiembre, si no de deciden convocar una con carácter extraordinario.
Este nuevo retraso da a las patronales una nueva oportunidad para tratar de convencer a los partidos de la oposición que establezcan una enmienda a la totalidad para que el proyecto de ley que presente Yolanda Díaz tenga que modificarse.