El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han votado en el Parlamento Europeo en contra de las enmiendas que VOX -junto con los eurodiputados integrados en el grupo Patriots for Europe (PfE)- había planteado para aliviar la presión normativa sobre las pymes, las pequeñas y medianas empresas españolas. Las enmiendas planteadas establecían, por un lado, que la Comisión revisara las obligaciones que las grandes empresas trasladan a sus proveedores, en su mayoría pymes, y por otro lado, fijaban la eliminación de hasta el 90 % de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS).
Esta última normativa, que viene recogida en la directiva 2022/2064 de la Unión Europea, impone obligaciones a las grandes corporaciones que, entre otras cosas, exige que la información comunicada por parte de las empresas sea evaluada por proveedores que son predominantemente pymes, y por tanto, a juicio de Vox, esto supone una excesiva carga burocrática a las compañías.
El partido liderado por Santiago Abascal buscaba además modificar la directiva 2022/2464 de la Unión Europea, planteando no solo la urgencia de que "la Comisión elimine hasta el 90% de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad", sino que también "espacie las obligaciones de presentación de información a lo largo de tres años en lugar de uno y reduzca considerablemente las sanciones previstas". En cualquier caso, ambas enmiendas han recibido en concreto la negativa de Iratxe García, diputada socialista, y de Dolors Montserrat, actual vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara.
Para Vox, este tipo de votaciones, que suelen pasar desapercibidas por celebrarse en sesión plenaria y sin visibilidad mediática, tienen consecuencias directas sobre la competitividad de nuestras empresas. "El voto de populares y socialistas es un golpe directo a miles de autónomos y pequeñas empresas. Mientras ellos se rinden ante la burocracia y la ideología, nosotros defendemos a quienes crean empleo y riqueza en España", ha denunciado el jefe de delegación de VOX, Jorge Buxadé.
Cabe recordar, y en relación a la carga burocrática de las empresas, que Vox planteó ante la Comisión Europea una pregunta que buscaba dar respuesta a cómo Bruselas va a reducir en un 25% los costes administrativos para las empresas europeas, tal y como anunciaron que realizarían. El partido político recibió como respuesta que Bruselas no contaba con cifras de referencia para calcular esa reducción de la carga burocrática de las sociedades. Así constó en la documentación a la que tuvo acceso este periódico, donde la Comisión se limitó a explicar que los organismos competentes están "trabajando en ello".