Barcelona
Más mossos y más juzgados para exhibir firmeza en seguridad pública. Así pueden resumirse los principales acuerdos cerrados este lunes en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y la Comisión Mixta de Traspasos celebradas en Barcelona. Ambas cumbres dan continuidad a la reunión bilateral sobre infraestructuras llevada a cabo el pasado 17 de febrero, en la que se negoció la cesión de Rodalies a la Generalitat. El próximo viernes, 28 de febrero, se producirá el último de estos encuentros, la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, en la que se abordará la financiación "singular" para Cataluña.
"Ha empezado una nueva etapa de relaciones entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España. La política de colaboración debe dar mejores resultados que la política de la confrontación", ha reivindicado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.
En total, ambas administraciones han sellado 20 acuerdos que marcan un "tiempo nuevo" de colaboración institucional. Dalmau también ha reprochado que estos cónclaves lleven largo tiempo sin celebrarse. En el caso de la Comisión de Transferencias, la cumbre no se reunía desde el año 2010.
Contra la multirreincidencia
Entre las principales medidas se halla el aumento de los Mossos d'Esquadra, que ganarán 5.000 agentes hasta 2030 y alcanzarán ese año una plantilla total de 25.000 uniformados. La previsión inicial era aumentar la dotación solo hasta 22.000 agentes.
Además, se ampliará la planta judicial catalana para "situarla en la media española de nuevos juzgados". Este promedio, según Dalmau, exigirá crear 60 juzgados. Sin embargo, el conseller no ha aclarado cuántos jueces ocuparán estas unidades de nueva creación.
Según datos oficiales, de los 137 jueces graduados en la última promoción, 48 fueron destinados a Cataluña. La plantilla total de magistrados en Cataluña asciende a 851. Este "plan de choque" judicial, como lo ha definido el ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, pretende dar la vuelta a la falta de togados en la comunidad.
Tanto el aumento de jueces como el de policías se ajustan al empeño del PSC de revertir los datos negativos de criminalidad en la región, vinculados entre otros factores a la multirreincidencia.
Consorcio de inversiones
Ambas administraciones también han acordado crear un grupo de trabajo para poner en marcha este mismo año un consorcio de inversiones que pilote las grandes obras públicas en Cataluña. Este consorcio, que se prevé que tenga una composición paritaria entre la Generalitat y el Estado, formaba parte de los acuerdos de investidura entre ERC y PSC. Al mismo tiempo, se creará otro grupo de trabajo para determinar el importe pendiente de la disposición adicional tercera del Estatut.
Asimismo, se ha pactado la transferencia a la Generalitat de la competencia para nombrar secretarios, interventores y tesoreros en los municipios. También se transferirá a la administración autonómica el canal Xerta-Sénia y una decena de obras hidráulicas como las depuradoras del Priorat, la Noguera y el Montsià.
En paralelo, hoy también se ha anunciado que el Gobierno condonará a la Generalitat un 22% de la deuda que mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros.
