La economía andaluza con la que sueña Montero: Un "estado emprendedor" con un "volumen ingente de inversión pública"

El sábado comienza el XV Congreso del PSOE-A, que hará oficial el liderazgo de María Jesús Montero. El objetivo, frenar la sangría de votos y la sucesión de derrotas en las últimas convocatorias electorales. Montero tendrá que confrontar con el popular Juanma Moreno para intentar arrebatarle la presidencia de la Junta, y sostener un resultado razonable para Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. Durante el fin de semana se sucederán las muestras de apoyo a Montero (Zapatero, Chaves, hasta una decena de ministros y Pedro Sánchez para la clausura) y se intentarán limar tensiones entre familias y en varias provincias para presentar una formación en orden de batalla y unida. La única incógnita es conocer los nombres de los que serán la guardia pretoriana de Montero en Andalucía, a la que exigirá dedicación plena mientras ella ejerce de vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda. Porque el modelo económico con el que sueña la nueva secretaria general para Andalucía está bien explicitado en la ponencia política: más intervención pública y más impuestos, con nuevos tipos y recuperación de otros eliminados durante los años de Gobierno del PP.

"El PSOE de Andalucía quiere conseguir un fuerte impulso económico del sistema productivo andaluz, mediante la utilización estratégica de un volumen ingente de inversión pública para promover un gran desarrollo de las actividades productivas y del sistema económico. La Junta de Andalucía tiene que funcionar como un 'estado emprendedor' sirviendo de catalizador para la innovación y la competitividad del sector privado", se dice textualmente en la ponencia marco.

En el documento que van a debatir los delegados este fin de semana se hace una apuesta decidida por las energías renovables, hidrógeno verde y biomasa. Las claves de la apuesta socialista son la innovación y la reindustrialización, con el objetivo de que el sector secundario alcance el 15% del PIB andaluz en 2030 y el 20% "en la siguiente década", y con la promesa de "duplicar el gasto en I+D+i para llegar al 3% del PIB.

En el plan de reindustrialización se incluye reforzar, "gracias al impulso público, empresas tractoras como Airbus, Navantia o Indra". Se apuesta por beneficiar "a la grandes empresas del sector ubicadas en Andalucía con "innovación, contratos y empleo de calidad", mejorar los espacios productivos andaluces (el actual gobierno prepara una ley al respecto) y una inversión mínima garantizada de 7.000 millones de euros anuales para modernizar infraestructuras "con especial énfasis en energía verde, transporte público y telecomunicaciones".

Dos modelos enfrentados

El fondo, los objetivos, son muy parecidos a los que se marca el actual gobierno andaluz del PP tanto en industria como en innovación. Lo que varían son las recetas. El PP de Juanma Moreno ha logrado que la contribución de la industria al PIB llegue a niveles récord (el 13,5% en 2022, la cifra más alta en dos décadas) y que la inversión en innovación supere en los últimos años todos los registros previos hasta los 2.285 millones de euros -dos tercios de ellos de impulso público- mediante una fiscalidad más amable, líneas de incentivos y eliminación de trabas administrativas. El plan de Montero va más en la línea de inyectar "un volumen ingente de inversión pública", según la ponencia marco. Una intervencionismo que ya se intentó en etapas anteriores con fracasos notables que acabaron en casos de corrupción (Molina, Santana, Delphi ...).

Las promesas de la secretaria general del PSOE-A tienen además el lastre de que ella, como consejera de Hacienda entre 2013 y 2018 apenas si logró acercarse a las cifras que ahora plantea. Además, el PP ha hecho bandera de ellas con avances notables.

En empleo, uno de los principales problemas de la comunidad, el nuevo PSOE andaluz de María Jesús Montero plantea una enmienda a la totalidad no al gobierno del PP, sino a las políticas del viejo PSOE andaluz de cuyos gobiernos formaba parte Montero. "Reemplazaremos el actual esquema de políticas activas de empleo por un sistema integrado de formación continua a lo largo de la vida", con programas específicos para reconversión para personas afectadas por la automatización y transición ecológica".

Para ello plantean una reforma "rápida y profunda del Servicio Andaluz de Empleo desarrollando un servicio territorializado de orientación laboral, que dispondrá progresivamente de un volumen de personal técnico orientador por persona desempleada similar al promedio de los mejores países de la UE", se lee en el documento programático que debatirán los socialistas en su congreso.

El SAE creado por el viejo PSOE se encuentra actualmente en fase de remodelación para incorporar IA y big data al perfilado y orientación laboral. Los gobiernos socialistas eliminaron la formación profesional para el empleo por fraudes masivos y casos de corrupción, con causas que aún colean en los tribunales. El SAE fue durante muchos años un pesebre para enchufados (hay una causa judicial que investiga enchufes en la Faffe, que fue absorbida por el SAE), y su eficacia en la intermediación laboral era muy limitada. Los programas estrella de los últimos gobiernos socialistas eran los planes de empleo municipales, con los que regaban con fondos autonómicos a los alcaldes (sin criterios claros de un reparto objetivo) para obras muchas veces de dudosa utilidad, que en poco aumentaban la empleabilidad de los trabajadores incluidos, que no se sometían a evaluación y que favorecían el mantenimiento de redes clientelares.

Para el mundo rural se plantea una revitalización a través del fomento de la agricultura familiar, relevo generacional e incorporación de la mujer, agricultura ecológica y digitalización. Y "eco regímenes para permitir la transición hacia formas de producción más sostenibles", en referencia a la PAC. La última reforma del reparto nacional de la PAC elaborada por el ministro socialista Luis Planas, y apoyada por el PSOE andaluz, supuso la pérdida de más de 500 millones de euros para los agricultores de la comunidad.

Vivienda

En muchos de los temas económicos la postura con la que el PSOE-A entra al congreso son trasposición casi directa de los postulados con los que el partido se comprometió en su último congreso federal. Uno de esos temas es vivienda.

La ponencia marco plantea construir "mayoritariamente protegida y pública". "La Junta de Andalucía debe ser valiente y realizar ofertas públicas de adquisición de suelo para posicionarse en grandes áreas urbanas, donde encontramos el mayor déficit de viviendas", dice el documento.

También plantea medidas que afectan directamente a los ayuntamientos y sus posibilidades de financiación, como garantizar que los suelos de cesión gratuita a los municipios procedentes del planeamiento sean en su mayoría de uso residencial (salvo los procedentes de usos industriales), y que esos suelos no se puedan vender sino que sean patrimonio público municipal y se destinen preferentemente a vivienda pública.

Para el sector privado se plantean medidas para que la oferta disponible sea para primera residencia. Plantean simplificar la burocracia para vivienda asequible y que se prohíba la conversión de vivienda residencial en turística en zonas de alta demanda. "Se hace necesaria una normativa fiscal que desincentive la compraventa de viviendas que no se dirija al uso residencial", se propone.

Y figura entre las propuestas un impuesto especial progresivo para grandes tenedores.

Además, se quiere reforzar el sistema de avales a la compra de vivienda asequible por debajo de los 240.000 euros, y un seguro público contra impagos y desahucios.

El PSOE andaluz se muestra además partidario de aplicar de forma urgente la Ley de Vivienda nacional para declarar zonas tensionadas, imponer límites al incremento del precio del alquiler e incentivos para propietarios que ofrezcan alquileres asequibles y una "tasa turística incrementada".

Financiación

Para pagar estas líneas de actuación, el PSOE andaluz reconoce la necesidad de reformar el actual sistema de financiación autonómica, aunque saca pecho de que en los últimos siete años la comunidad ha recibido 6.600 millones más al año sólo del sistema de financiación autonómica, sin mencionar que el incremento no se debe a ninguna reforma mi medida gubernamental sino a una mayor recaudación, fundamentalmente por la inflación y su efecto en el IVA.

"Reclamamos un modelo de financiación que garantice y blinde la prestación de los servicios públicos, que tenga en cuenta las peculiaridades de todos los territorios y que garantice la equidad de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, con independencia de la comunidad autónoma donde vivan", dice la ponencia. "Un modelo que, reconociendo la diversidad, sea capaz de hacer efectiva la igualdad entre todos los ciudadanos y la solidaridad en el conjunto del Estado", insiste.

Los párrafos son cruciales para Montero, pues como ministra de Hacienda tiene unos compromisos pactados con los independentistas catalanes para un trato singular, y como secretaria general del PSOE andaluz puede tener intereses contrapuestos. La solución está en "mejorar el cálculo de la población ajustada, el indicador clave para el reparto de los fondos" y "establecer un mecanismo de ajuste automático para mantener el equilibrio del sistema a lo largo de los años".

En la misma línea, la ponencia aboga por aceptar "la propuesta de reestructuración de la deuda autonómica" propuesta por la propia Montero (primero exigida por los independentistas catalanes para su comunidad y luego extendida al resto). Esta cuestión se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pocos días después del congreso de Armilla.

Impuestos

En materia fiscal propone "combatir las injusticias que suponen que la población más acaudalada no pague lo que les corresponde y provoque una competencia o dumping fiscal". Cita expresamente Patrimonio y Sucesiones, que propone "armonizar" para evitar "agravios comparativos" entre comunidades (ambos eliminados por el PP en Andalucía, aunque Patrimonio se ha recuperado parcialmente tras el impuesto a los ricos estatal de Montero). Y plantea un nuevo impuesto especial progresivo a la propiedad para los grandes tenedores de vivienda.

El congreso, ya en un plano más político, servirá también para que el PSOE reivindique la bandera del andalucismo (que le ha arrebatado Moreno) y pida el desarrollo completo del Estatuto con todas las competencias previstas.

Las últimas propuestas de la ponencia marco se refieren a la postura internacional de Andalucía. Se hacen llamamientos expresos contra la "internacional reaccionaria" y acusaciones al actual gobierno regional de alinearse con ella.

Y se pide más presencia. "Nadie escucha hoy con seriedad a Andalucía en las instituciones europeas (...) Andalucía tiene que ocupar su lugar profundizando sus relaciones estratégicas y teniendo voz propia en Bruselas", es lo que se va a debatir en el cónclave socialista días después de que Juama Moreno haya sido elegido presidente rotatorio del Comité Europeo de las Regiones.

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