El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto presidencial que paraliza todas las investigaciones puestas en marcha por la ley antisobornos hasta que la fiscal general elabore una guía que "promueva la competitividad estadounidense y el uso eficiente de los recursos federales" destinados a la aplicación de la norma. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés) fue promulgada en 1977 durante la Administración Carter tras el caso de corrupción Watergate, que hizo caer a Richard Nixon. La norma regula la prohibición de que las empresas estadounidenses acepten sobornos de funcionarios extranjeros para realizar operaciones favorables a ellos tanto en suelo norteamericano como extranjero.
En la orden firmada por Trump, el presidente justifica su decisión en que, supuestamente, la aplicación de la FCPA ha devenido en que las empresas estadounidenses tengan grandes dificultades para internacionalizarse. "Suena bien en el papel, pero en la práctica es un desastre", afirmó el presidente durante la firma del decreto. "Si un estadounidense va a un país extranjero y empieza a hacer negocios allí legalmente, es casi seguro que tendrá una investigación garantizada, una acusación; y nadie quiere hacer negocios con los estadounidenses a causa de ello", añadió.
El presidente cree que paralizar la ley permitirá que los recursos policiales y judiciales no sean "drenados" en investigaciones empresariales. El comunicado de la Casa Blanca dice que la suspensión de la norma alinea la estrategia comercial con la política exterior de Trump. Los republicanos cuentan con mayoría en el Congreso, con lo que la oposición de Trump a la norma puede llevar a su derogación definitiva en el corto plazo.
Nacida por la corrupción de otro presidente
La ley antisobornos ha permitido realizar investigaciones por corrupción empresarial de multinacionales con sede en Estados Unidos. Uno de los casos más sonados estos años fue la acusación contra Goldman Sachs por un presunto caso de apropiación de recursos del fondo soberano de Malasia. El banco de inversión estadounidense acordó pagar casi 3.000 millones de dólares (2.900 millones de euros) para zanjar el asunto y que la investigación cesara.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero fue dictada en 1977 al amparo de la presidencia de Jimmy Carter. En la redacción de la ley se tuvo en cuenta la influencia del caso Watergate. La norma pretendía bloquear la influencia extranjera ante empresas y movimientos cercanos al poder que demostró el caso de corrupción. La investigación del fiscal especial del Watergate y las pesquisas de la SEC revelaron que inversores extranjeros habían utilizado sociedades pantalla para influir en las elecciones estadounidenses en el contexto de la plena Guerra Fría.
El escándalo del Watergate nació, de hecho, de las sospechas. Una serie de ladrones se infiltraron en la sede nacional del Partido Demócrata en el complejo Watergate de Washington en 1972 para robar documentación que probara la presunta —nunca demostrada— vinculación que tenía la formación política con Cuba. Los delincuentes resultaron ser miembros del comité electoral que había apoyado a Richard Nixon en su campaña a la reelección de ese mismo año.
A partir de ese momento, el presidente republicano orquestó una operación de encubrimiento utilizando los recursos federales. El escándalo medró hasta el punto de abrir sendas investigaciones paralelas en el Congreso y el Tribunal Supremo contra Nixon. Sabiendo que se le venía un juicio político (impeachment) que perdería, el presidente dimitió en 1974. Gerard Ford, su vicepresidente, asumió el cargo y, como primera medida, indultó a Nixon. El perdón presidencial puso fin a las investigaciones por el caso Watergate.
