
Los empresarios aragoneses mantienen la percepción del riesgo global para este primer semestre de 2025 en los mismos niveles que en los últimos seis meses de 2024, mientras sí se apunta un empeoramiento en el caso de España.
En concreto, el 51,4% considera que se mantendrá en Aragón, mientras que el 29,4% apunta a una mejoría, lo que supone 1,4 puntos porcentuales más en relación con el anterior semestre. Tan solo el 19,3% cree que se producirá un empeoramiento, porcentaje que baja desde el 23,4% de los últimos seis meses de 2024. De este modo, el índice de la situación global de Aragón se sitúa en el 64,04 frente al 47,81 que se refleja para España.
Y, ¿por qué se tiene esta percepción? Los datos de la Encuesta de Competitividad para el primer semestre elaborada por CEOE Aragón, su Consejo Empresarial e Ibercaja, se explican por la percepción que tienen las empresas en la comunidad en cuanto al mercado laboral, cuya visión empeora, aunque sí se mejora en relación a la innovación, nuevas tecnologías y las condiciones de vida, entre otros aspectos.
El principal riesgo identificado por las empresas en Aragón es la dificultad de contratación por la falta de disponibilidad de perfiles profesionales adecuados, con 7,70. Un factor que, además, ha crecido ligeramente en relación con el segundo semestre de 2024, cuando se situó en el 7,43.
En segundo lugar, se sitúan los costes salariales con 6,81, índice que se mantiene en comparación con el dato anterior, mientras que el tercer puesto lo ocupan los aumentos impositivos con el 6,22.
En la escala de riesgos, las empresas de Aragón también han identificado otros elementos como el precio de la energía y las materias primas (5,70), así como el problema de la negociación colectiva (5,47), la inflación (5,03). En las últimas posiciones, se sitúan la caída de la demanda (4,68) y la subida de los tipos de interés (3,78).
La percepción, factor a factor
Además de la situación global, la encuesta también evalúa la percepción sobre otros indicadores concretos como los precios. En este caso, también se prevé que se mantengan. El índice pasa de 53,64 a 51,19 puntos por la reducción de la expectativa en la mejoría en la comunidad aragonesa.
También se mantiene la percepción en infraestructuras en el territorio aragonés con un índice de 58,89 en el primer semestre de 2025, cifra que es similar a la del segundo semestre de 2024 cuando se registró un indicador de 58,87.
Sin embargo, la percepción empeora en el mercado de trabajo, lo que sucede tanto en Aragón como en España. El índice se sitúa en el 43,55 en la comunidad para 2025, lo que supone un descenso de casi 4,5 puntos en comparación con los últimos seis meses del año pasado.
Mejor expectativa, aunque de forma moderada, se tiene en materia de innovación y nuevas tecnologías en Aragón, donde el índice alcanza el 68 frente al 66,79 de finales de 2024, al igual que la calidad institucional, que pasa del 60,68 del segundo semestre de 2024 al 61,23 en 2025. También mejora las condiciones de vida. En este factor, el índice se eleva al 54,17 frente al 51,62 de la anterior encuesta.
Teniendo en cuenta todos estos elementos y sus indicadores, el Índice Sintético de Competitividad se sitúa en Aragón en el 57,30 en enero de 2025. Un dato que refleja un ligero descenso sobre julio de 2024 cuando se situó en 57,37. La diferencia es más notable en España, que pasa del 49,79 de finales del año pasado a 46,56 en enero de 2025.
Prioridades para los empresarios
En este contexto, las empresas destacan unas prioridades que se concentran en tres bloques: la mejora en la eficiencia del gasto público, medidas laborales y simplificación burocrática.
Precisamente, mejorar la eficiencia del gasto público es la principal reivindicación con un indicador de 8,44, seguido del cambio en la gestión de altas y bajas para afrontar el absentismo laboral (8,20), afrontar las carencias de mano de obra (8,06) y simplificación de la burocracia (8,0).
Por debajo del indicar de 8, también las empresas de Aragón incluyen otros aspectos como reducir la imposición y cotizaciones sociales (7,36); aumentar la seguridad jurídica (7,21); promover la digitalización (6,83); elevar el apoyo a la I+D+i (6,55), medidas contra la inflación (6,30) y reforzar el diálogo social (6,18).
En las últimas posiciones de prioridades, con puntuaciones por debajo de 6, se hallan elevar el apoyo a la internacionalización (5,81), aumentar el gasto en infraestructuras (5,58), luchar contra la despoblación (5,55) y potenciar la sostenibilidad y descarbonización (5,21).