Bruselas
Tras elevar hace, escasamente, una semana la previsión de crecimiento para España en 2023 al 2,4% y rebajar dos décimas la de 2024 (al 2,7%), la Comisión Europea ha dado este martes el visto bueno a la prórroga del presupuesto español para el próximo ejercicio y ha pedido al nuevo Gobierno que presente una estrategia fiscal "creíble" a medio plazo.
El documento de análisis, que forma parte del paquete de otoño presentado por la Comisión Europea, pone en evidencia que el borrador presupuestario de España "no incluye proyecciones presupuestarias más allá de 2024". Incumple, así, con las recomendaciones del Ecofin del pasado julio que requería al Gobierno que persiguiera "una estrategia fiscal a medio plazo de consolidación gradual y sostenible", que se combine "con inversiones y reformas" para lograr "una posición fiscal prudente a medio plazo".
Los países de la UE contaban hasta el 15 de octubre para presentar su borrador presupuestario, un plazo que propició alargar los presupuestos del 2023 con un Gobierno en funciones. Pese a ello, fuentes comunitarias apuntan que España deberá presentar una "estrategia fiscal creíble a medio plazo".
Bruselas pide detalles de las medidas antiinflación, que el Gobierno implementará el próximo ejercicio y mayor claridad sobre las partidas presupuestarias, según señalaron fuentes comunitarias. Según su análisis, y como ha repetido en ocasiones, cuenta con que España retire todos los apoyos a los altos precios de la energía a finales de año y que utilice tales ahorros para rebajar los niveles de déficit, que superarán niveles del 3% al menos hasta 2025, lo que se suma a una elevada deuda.
Según el análisis de la Comisión Europea, España cumplirá con la recomendación de continuar con una "política fiscal prudente" el próximo año, conforme a la prórroga presupuestaria. Cumpliría con las recomendaciones del Ecofin de julio de limitar el aumento del gasto neto a un máximo del 2,6%, de lo contrario, tendría que realizar un ajuste presupuestario de 9.700 millones. De hecho, Bruselas estima que este aumento sea del 2,1% el año que viene, es decir, por debajo del tope recomendado.
La investidura de la pasada semana del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno propicia que esta evaluación deba ser actualizada una vez el nuevo Ejecutivo español remita a Bruselas su nuevo plan presupuestario para 2024. La evaluación de la Comisión Europea, no tendrá repercusiones reales en este caso, aunque Bruselas ha instado a España a enviar nuevos presupuestos "lo antes posible".
Es importante tener en cuenta en este análisis que las reglas fiscales que fijan que los países no deben superar niveles de déficit sobre el PIB del 3% y de deuda del 60%, y que se suspendieron por la pandemia, volverán a aplicarse el próximo ejercicio. Ya avisó Bruselas el pasado mayo que, aunque las reglas fiscales no estuvieran en vigor, estaría pendiente de las cuentas de finales del 2023.
Aumenta así la presión por la vuelta a la disciplina fiscal. Si esta suspensión de la gobernanza económica, a través de la activación de la cláusula de escape, ha evitado que el Ejecutivo comunitario abriera procedimientos por déficit excesivo a los países durante estos años, esta salvedad desaparecerá a partir de la próxima primavera.
El Ejecutivo comunitario, igual que el Eurogrupo, lleva meses haciendo llamamientos a los países para que adopten una política fiscal prudente. La idea es que no se contrarreste con el endurecimiento de la política monetaria, con el alza de los tipos de interés emprendida por el Banco Central Europeo. Pero tiene que ver también con las medidas puestas en marcha para mitigar los altos precios de la energía, que insisten desde el Ejecutivo comunitario, deben ser específicas, focalizadas y limitadas en el tiempo.
El foco en las medidas energéticas desde hace un año
Con una marcada diferencia respecto a los años de la crisis económica, el análisis de Bruselas del pasado año del plan presupuestario español obtenía una valoración positiva. Estaba en línea con las recomendaciones comunitarias de limitar el aumento del gasto público, aunque alertaba ya sobre las medidas energéticas, que debía centrar únicamente en los más vulnerables, porque contribuiría a un aumento del gasto corriente y un incremento del déficit y la deuda en 2023.
No obstante, lanzó una advertencia a España por los riesgos derivados del alto nivel de deuda pública y privada y por los elevados niveles de desempleo. Todos ellos elementos que vienen repitiéndose entre los principales retos de la economía española.
